Comunidades de México, Centroamérica y África han sido víctimas durante años tanto de la violación de derechos humanos de mineras canadienses como de la debilidad de sus gobiernos locales para ponerles freno ante la falta de control por parte del propio Canadá, un país con reputación de benevolente, han reiterado informes de organizaciones civiles y textos de la prensa extranjera.

El Primer Ministro Justin Trudeau está de visita en el país con su discurso aparentemente inclusivo. Pero el 25 de abril de 2016, recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero. La ignoró.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, está a favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, del consumo de la mariguana y los derechos de pueblos indígenas. Pero en sus dos años de gestión y a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones y la prensa internacional, el carismático Maestro en Geografía Medioambiental no ha regulado el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los habitantes de África, América Latina y, por supuesto, México, país que visita por primera vez luego de estar en Estados Unidos, en el marco de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las empresas canadienses están “aprovechando los sistemas legales débiles” de los países latinoamericanos y el apoyo financiero de Canadá, así como el incumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas para expandirse mediante represión contra los ciudadanos que se oponen, reveló el informe de 30 organizaciones civiles “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” presentado en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre el 50 y el 70 por ciento de toda la minería en América Latina es realizada por empresas canadienses, documentó.

En el caso de México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

“Su visita a nuestro país [de Justin Trudeau] ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México”, acusó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

La actividad minera de Canadá ha implicado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios mexicanos. Cuando pretenden defender sus derechos, le son negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en contubernio con diversos actores del gobierno mexicano, denunció la Red.

Mercedes García, investigadora asociada en el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), afirmó que las compañías canadienses y sus subsidiarias que operan en México, Guatemala, Honduras y otros países son citadas por participar en prácticas polémicas. A pesar de esto, se enfrentan a limitadas o ninguna consecuencia legal.

“Canadá, un país cuya reputación ha sido tradicionalmente la de una nación benevolente, está cada vez más bajo el fuego por su comportamiento corporativo en el extranjero. Si el nuevo gobierno de Canadá quiere restablecer esa reputación positiva, necesita mantener y hacer responsables a las corporaciones mineras canadienses para evitar futuros abusos”, determinó.

CANADÁ: OMISO CON SUS MINERAS

Sin embargo, el Gobierno canadiense se ha limitado a promover sus industrias y cada vez que surgen controversias, se apresura a argumentar que carece de la jurisdicción para responsabilizar a las empresas cuando operan en el extranjero, añadió la investigadora.

El ex Primer Ministro canadiense Stephen Harper se opuso al proyecto de Ley C-300 en la que Jhon Mckay -apoyado por Trudeau- proponía demandas judiciales contra compañías canadienses responsables de violaciones de derechos humanos o daños ambientales en el exterior. Los conservadores y la oposición también derrotaron otro proyecto de ley que buscaba frenar el apoyo diplomático y financiero de las compañías encontradas responsables de abusos en el extranjero. Aunque Trudeau y su Partido Liberal han expresado su apoyo a la regulación de las prácticas de las mineras canadienses que operan en el extranjero, no han reiterado en la legislación.

Carta de más de 180 organizaciones para exigir al Primer Ministro de Canadá una regulación eficiente a las mineras canadienses que operan en el extranjero. Foto: Captura.

En abril de 2016, Trudeau recibió una carta de más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y otros países que solicitaban que regulara el comportamiento de las compañías mineras canadienses en el extranjero. La ignoró. “Hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos”, dijo la REMA.

El Presidente Enrique Peña Nieto escribió este jueves en una columna en The Globe and Mail, el diario principal de Canadá, que aunque el actual contexto regional por el TLCAN demanda “una revitalización” de las cooperación ya existente, ambos países “atraviesan uno de los mejores momentos” de su relación “por la voluntad de fortalecer los lazos y profundizar” su diálogo. En contraste, la agencia Reuters reveló que la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que Trudeau le explicaría “con toda claridad al Presidente Donald Trump que Canadá no es el problema de Estados Unidos”. Es México, víctima de la voracidad de sus mineras.

Por ejemplo, en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, ha puesto en riesgo la salud de los habitantes, el medio ambiente y el acceso al agua. De acuerdo con sus habitantes, la empresa canadiense promueve “relaciones clientelares” con ellos mediante el otorgamiento de apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de que toda la comunidad firme en apoyo a la minera.

Trudeau comenzó su gestión en noviembre de 2015 ofreciendo apoyo económico a las mineras, así como tecnología innovadora a favor del medio ambiente. El director general de la Asociación de Minería de Canadá, Pierre Graton, le dio la bienvenida a las oportunidades que su gobierno traerá “para asegurar que la industria minera mantenga su papel como contribuyente clave a la economía de Canadá”.

La minería aporta 54 mil millones de dólares al PIB de Canadá (un 3.5 por ciento), emplea a 380 mil personas, suministra casi el 20 por ciento del valor de las exportaciones de bienes y el 66 por ciento de las operaciones mineras canadienses están en el extranjero, de acuerdo con sus cifras.

Para Canadá, nuestro país se volvió el segundo más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de Estados Unidos. Del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3 por ciento se encuentran aquí adscritos.

En México, por el contrario, la actividad minera ha registrado una caída a raíz de la baja demanda por parte de China. Representa el 3 por ciento del PIB nacional, emplea directamente a 345 mil trabajadores, Sonora es el estado líder en producción y sus principales destinos de exportación son Estados Unidos y China.

LAS PETICIONES IGNORADAS

Las compañías canadienses estuvieron involucradas en el 34 por ciento de las violaciones de alto perfil en el sector minero en los últimos 10 años, reveló en 2009 un informe de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC).

Cuando Justin Trudeau comenzó su administración a finales de 2015, la organización internacional Counter Pounch le cuestionó: “¿Justin Trudeau está preparado para desafiar a la poderosa industria minera de Canadá y adoptar leyes para limitar sus abusos en el extranjero o continuará colocando todo el poder de la política exterior canadiense detrás de esta controvertida industria?”. El texto fue firmado por Yves Engler, autor del libro Canadá en África: 300 años de ayuda y explotación.

La oposición a las actividades mineras en América Latina también han recibido como respuesta la represión y asesinatos. La Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa, Mining Watch Canada y el Grupo de Monitoreo de Libertades Civiles Internacionales han documentado casos en Ecuador, Guatemala, México y el Perú.

En La Sierrita, Durango, la mina La Platosa, de capital canadiense, no sólo desperdicia sino contamina el agua de los pobladores, han alertado organizaciones ambientalistas. Foto: prodesc.org

El diario británico The Guardian publicó en diciembre de 2015 que el papel de las empresas mineras canadienses está atrayendo cada vez más “alarmas” y atención en toda América Latina. Las operaciones están teniendo serias repercusiones ambientales y sociales, incluyendo la destrucción de glaciares, la contaminación del agua y los ríos, la tala de bosques, el desplazamiento forzoso de personas, la división y empobrecimiento de las comunidades, la falsa promesa de beneficios económicos, la salud de las personas, la adquisición fraudulenta de bienes y la persecución a opositores, expuso el rotativo.

“Hay serias acusaciones de violaciones de derechos humanos y abusos ambientales que involucran a la minería canadiense, y [las organizaciones] afirman que el gobierno de Canadá ha desempeñado un papel clave en el apoyo a tales operaciones. Esto supone incluir la financiación mediante ‘ayuda ligada’, entre otros medios, así como contribuir a los cambios en las leyes mineras favorables a las empresas canadienses, impedir que las personas afectadas por la minería busquen recursos legales, ignorar las quejas, explotar tratados de inversión y acuerdos comerciales”, publicó The Guardian.

A un año de su gestión, en noviembre del 2016, el diario estadounidense The New York Times volvió a señalar su gran omisión respecto a un sistema de monitoreo y acciones legales contra las mineras canadienses que pisoteen el territorio donde operan.

“La Trudeaumania avanza con pasos específicos, un estilo fresco y palabras aterciopeladas. Pero Trudeau se ha quedado en silencio cuando se trata de una cuestión clave para los latinoamericanos, un tema que ha ensuciado la imagen de Canadá con gruesas capas de lodo: el comportamiento reprensible de las compañías mineras en la región. […] Los informes del Consejo de Asuntos Hemisféricos y del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa han mostrado cómo algunas empresas canadienses perjudican el medio ambiente, ignoran los intereses de las comunidades indígenas, presionan a los gobiernos para que redacten leyes locales favorables y apoyen la criminalización de la protesta social”, expuso el periódico.

El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) ha exigido que el gobierno canadiense reconozca que cuando sus empresas operan en países subdesarrollados, como los de América Latina, no hay ninguna garantía de que los gobiernos locales se aseguren de que las empresas extranjeras cumplan con las normas sociales y éticas de operación.

“El Gobierno canadiense ya no puede hacer caso omiso de los abusos de derechos humanos en la región que están vinculados a sus industrias extractivas”, dijo el director del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), Larry Birns.