Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– En Morelos y Guerrero están las ciudades más violentas de México, según el Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En estos dos estados, donde se registra el más alto índice de averiguaciones previas por homicidio, secuestro, violación, robo con violencia y extorsión, habrá elecciones el próximo 7 de junio.

Sin embargo, el impacto no será el mismo debido a las circunstancias y el contexto social de cada entidad. En Guerrero, coinciden especialistas existen condiciones especiales que se acrecentaron con los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En Cuernavaca [calificada como la ciudad más violenta de México] no se da un escenario de confrontación directa entre grupos o entre facciones fuera de la arena política, cosa que sí se dio en Guerrero y en Michoacán, y se está dando en Tamaulipas”, afirmó Sergio Bárcena Juárez, profesor de Análisis Político del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

De los 20 municipios con el mayor índice de violencia, cinco corresponden al Estado de México; mientras que Morelos, Baja California y Guerrero tienen cada uno tres municipios en esta situación; en todas estas entidades se celebrarán comicios y sólo en el caso del último se votará por Gobernador.

Respecto a los homicidios, las ciudades guerrerenses volvieron a ocupar las dos primeras  posiciones; en el tercer lugar está El Fuerte (Sinaloa) con una tasa de 55.17, donde también habrá votaciones.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo, comentó que la violencia sigue presente en todo el país, y no sólo en tres entidades. “Vemos que la violencia sigue instalada, que no está solamente en una parte del país como pretende decir el gobierno federal, la encontramos diseminada en varias partes del país y consideramos que la política pública que han aplicado no ha sido suficiente para contener la violencia”, dijo.

Sin embargo, el investigador del Tecnológico de Monterrey expuso que al estar la violencia concentrada en unos pocos municipios no hay una correlación entre los niveles de inseguridad y una baja participación de los ciudadanos.

“No hay una determinación que diga entre más violencia muchos menores niveles de participación; es decir, no se deprime la participación de una manera considerable en los municipios donde se registran los niveles más altos de violencia”, planteó.

El analista argumentó que los delitos que tienen que ver con crimen organizado no son los más numerosos como los de lesiones o robos, “entonces tiene que ver que desde 2008 sí hay una ola en la que se han disparado relacionados con el crimen organizado, pero éste no es un problema temporal, es una condición estructural del propio sistema jurídico mexicano y de la impartición de justicia en la que los delitos en general”.

Sin embargo, reconoció, existe un componente de la inseguridad  que no había existido antes y que sí podría tener un efecto más notorio: la particularidad de que es la primera vez que en un proceso electoral se habla de medidas de excepción en algunos distritos que no se habían dado antes, como son la participación del Ejército o la existencia de fuertes medidas de seguridad; “es decir, la violencia no había llegado a grado tal en el que se hubieran que tener previsiones por parte de las autoridad electoral para hacer y seguir lineamientos de las llamadas secciones de atención especial”.

LAS MEDIDAS ESPECIALES

El Instituto Nacional Electoral (INE), que trabaja en la construcción completa del listado de Secciones de Atención Especial (SAE), ha aprobado hasta el momento 4 mil 613 zonas que se consideran en el catálogo de características y problemáticas con alguna peculiaridad. Las juntas Distritales, sin embargo, propusieron un total de 11 mil 656.

Pese a reconocer que en el proceso electoral 2014-2015 el problema de la inseguridad “es recurrente, el Consejero presidente el órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que los comicios no están en riesgo.

Al respecto, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, sostuvo que “el INE tiene que mandar un mensaje de tranquilidad obviamente, me parece que el 95% del proceso electoral en el país va con un rumbo correcto, van a ser pocos los incidentes previos a la elección que pueden manchar el proceso electoral”.

En los estados reconocidos como más violentos, la delincuencia organizada es un punto de interés importante, puesto que hay zonas de alto riesgo como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, en donde no hay condiciones al 100 por ciento de seguridad para que se efectúen sin contratiempos.

Tampoco, dicen los especialistas, hay condiciones en varias regiones del país que garanticen que todos los candidatos están libres de tener vínculos con la delincuencia organizada y sobresalen las regiones en donde tiene incentivos económicos para incidir en el apoyo financiero en campañas a candidatos.

“Estas amenazas probablemente conlleven a actos de violencia en  contra de candidatos en esos cuatro estados”, consideró el integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Destacó que lo que le preocupa es el tema de la violencia oculta, “que son las amenazas en contra de los candidatos a diputados, a los candidatos a alcaldes, que no se va a hacer pública [y]se hará pública probablemente cuando un candidato se rehuse a ser presionado por alguna de las bandas rivales  de la delincuencia organizada”.

En ese contexto, agregó Bárcena Juárez, “la otra particularidad de esta coyuntura electoral,  que vamos a vivir en 2015, es una fuerte crítica que ya se tiene desde el 2012, 2013 y se acentúa en 2014 hacia el sistema de partidos y hacia la propia clase gobernante en México que se asume como un grupo en el poder que se enriquece a sí mismo, que actúa con impunidad y que los recursos los utiliza de manera ineficiente”.

GUERRERO Y AYOTZINAPA

El pasado 2 de febrero, el INE aprobó 14 medidas y acciones extraordinarias  en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral en Guerrero, la entidad  con dos de las ciudades más violentas.

Al respecto, Bárcena Juárez estimó que estas medidas las intentan agotar antes de llegar a las medidas más notorias como la intervención de fuerza pública para garantizar la seguridad de las elecciones. “No es que no sean suficientes, pero la autoridad electoral tiene que agotar primero medidas menos drásticas y menos agresivas en contra de la población para evitar una sensación de inestabilidad y de inseguridad en el momento de salir a votar”, dijo.

El Consejo Ciudadano ubicó por tercer año consecutivo a Acapulco, Guerrero, como el municipio de 100 mil o más habitantes con la tasa más elevada de homicidios del país (69.60), la cual es 5 veces la nacional (13.31); Chilpancingo (Guerrero) ocupó la segunda posición nacional con una tasa de 62.95.

El también coordinador del seminario Anual de Perspectivas Políticas del ITAM aseguró que “en el caso particular de Guerrero, además de la violencia de los cárteles, se suma la violencia generada por grupos subversivos como es la guerrilla tradicional mexicana, como es el EPR [Ejército Popular Revolucionario] y el ERPI [Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente], que se están sumando a las olas de protesta para que no haya elecciones, fundamentalmente en Chilpancingo y la zona de La Montaña en Guerrero”.

Sobre el impacto que estos índices podrían tener durante el día de la jornada electoral, Rodríguez Sánchez  opinó que los riesgos de violencia están fundamentalmente vistos y las amenazas están puestas sobre la mesa.

“[Podría haber] robo de urnas, violencia en las casillas sobre todo en Guerrero donde ya está esa amenaza por parte de los grupos radicales que están tomando como bandera los lamentables sucesos de Ayotzinapa”, mencionó.

ESTADOS VIOLENTOS Y ELECCIONES

El panorama general para las elecciones del próximo 7 de junio no son claras, por lo menos en las zonas clasificadas como de alto riesgo.

Por ejemplo en Michoacán, que cuenta con tres de los municipios más violentos, con relación al homicidio doloso, el analista del Tec de Monterrey consideró que el riesgo es el mismo que en Guerrero; es decir, que sea imposible la instalación de casillas, la realización de las reuniones de los consejos distritales y que existan ciertas secciones y distritos donde se complique efectuar los comicios.

“Lo más complicado es que no se estimen como secciones de atención especializadas y que en el momento de la elección no se den las condiciones porque haya grupos, haya enfrentamientos y entonces no sea viable llevar acabo ahí la elección”, comentó.

En el caso de Tamaulipas, calificada en el ranking con la tasa más alta de secuestro del país (7.53 plagios por cada 100 mil habitantes), la cual es seis veces superior a la media nacional (1.19), con una presencia histórica del crimen organizado y que en días recientes fue escenario de enfrentamientos, aún no se han definido secciones electorales de atención especial en ningún municipio.

“Hay condiciones para que existan las elecciones y también hay condiciones para que los consejos distritales soliciten que adentro de su consejo, y de hecho es lo que la ley mandata que 50 por ciento de las secciones dentro de cada distrito que se consideran de atención especial, puedan recibir este tratamiento por parte del INE”, explicó.

Sin embargo, en la entidad donde está el índice de violencia más elevado entre las 32 entidades federativas del país con 34.05 puntos, no existen alertas por parte de autoridades electorales ni especialistas para que se realicen los comicios.

Pese a que está entre los primeros tres lugares a nivel nacional en cuatro de seis delitos: secuestro, violación, robo con violencia y extorsión; y a nivel municipal tiene la ciudad de más violenta de México: Cuernavaca, el riesgo no es el mismo que en entidades como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas a los que habrá que poner más atención en los próximos meses.