Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– La falta de voluntad, la incapacidad operativa, la aquiescencia o participación de las autoridades y hasta el cinismo son las razones que organizaciones de la sociedad civil desgranaron para explicar la omisión del Estado mexicano de atender el problema de las desapariciones de personas migrantes a su paso por nuestro país.

En México, donde hay más de 25 mil personas desaparecidas según registros oficiales, el primer obstáculo para abordar la problemática de la desaparición de personas migrantes es la falta de visibilidad que tiene el tema, por lo que su dimensión es difícil de calcular, a decir de Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante el Foro Nacional sobre Migrantes Centroamericanos en Desaparición Forzada.

A pesar de esa falta de registros oficiales, algunas organizaciones aportan algunos datos, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes, que de 2007 a 2014 ha registrado 361 casos de migrantes desaparecidos en México, siendo la mayoría de ellos connacionales (113 casos) y hondureños (99 casos). Sólo 77 han sido localizados.

Otra cifra para dimensionar el problema es la de 21 mil 91 migrantes que fueron secuestrados en dos semestres, de los que dan cuenta los informes especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestro de migrantes publicados en 2009 y 2011, como expuso Nayeli Lara García, del área de documentación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización que acompaña y representa legalmente a familiares de migrantes desaparecidos y asesinados en su tránsito por México.

Por parte del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, Denise González Núñez consideró que la omisión del Estado mexicano en el tema de desaparición de migrantes se explica tanto por la falta de voluntad de las autoridades para reconocer el problema como por la falta de voluntad para desarrollar las capacidades institucionales necesarias para atender el problema.

Pero para Rita Marcela Robles, del Servicio Jesuita a Migrantes, más que una falta de voluntad política, lo que hay es “un gran cinismo”, que se ha evidenciado con el cambio de postura del gobierno mexicano, que pasó de aceptar los señalamientos de instancias internacionales -aunque fuera sólo formalmente- a descalificarlas, como ocurrió el pasado mes de marzo con el informe del relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura.

“Hay una omisión acompañada de cinismo y acompañada de un ‘no los veo, no los escucho y no me importa’, que es lo más terrible, porque pareciera ser que entonces los mecanismos de acceso a al justicia no sirven”, consideró.

Para los sacerdotes Tomás González Castillo y Pedro Pantoja, quienes también están al frente de albergues para transmigrantes en Tabasco y Coahuila, respectivamente, la desaparición forzada es una estrategia de Estado para inhibir la migración. Bajo esta lógica, coincidieron, no habría ninguna intención de las autoridades por atender el problema de la desaparición de personas migrantes.

En el mismo tenor se expresó Rosa Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Progreso, Honduras (Cofamipro), quien expresó que quien perpetra los abusos contra migrantes no es el crimen organizado sino el “crimen autorizado”, en referencia a la aquiescencia de las autoridades.

ESTADO RESPONSABLE

González Núñez, del Prami, detalló las obligaciones que el Estado mexicano tiene en el ámbito internacional para investigar y prevenir la desaparición forzada de personas y que, pese a su obligatoriedad, no cumple.

Al respecto, Robles recalcó que “la búsqueda de personas, la atención de la denuncia, las líneas de investigación deben de ser construidas por el Estado, por las autoridades del Estado, por las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Ante esa omisión las organizaciones de sociedad civil es que han tenido que salir a coadyuvar en la búsqueda de justicia, pero es una omisión del Estado la que está ahí presente”.

El subdirector del CentroProdh explicó que para quienes trabajan temas de derechos humanos, las desapariciones tienen el carácter de forzadas hasta que no se compruebe el no involucramiento de agentes del Estado. Refirió que en el caso de caso de las desapariciones de migrantes, la falta de investigaciones es mayor que en casos de mexicanos desaparecidos y que, en consecuencia, también es mayor la impunidad que prevalece.

Ante esta falta de acceso a la justicia y limitaciones en la búsqueda e identificación, las organizaciones civiles han emprendido sus propios mecanismos.

De la FJEDD está en marcha el Mecanismo trasnacional de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, un proyecto que involucra a organizaciones en México y Centroamérica y a la Procuraduría General de la República (PGR), de la que se busca que tenga representación en los países centroamericanos para ser el enlace entre las familias y las autoridades en México.

Sin embargo, el proyecto aún está en proceso y todavía no se implementa, señaló Lara García.

La integrante de la FJEDD también refirió que a través de una Comisión forense, se encuentran en el proceso de identificación de los restos de las masacres de San Fernando , Tamaulipas, y de Cadereyta, Nuevo León, perpetrados en 2010 y 2011.

El padre Pantoja propuso la ciudadanización de los proyectos e impulsar una estrategia estructural para buscar a los desaparecidos, que amplíe la búsqueda a prostíbulos, cárceles, servicios forenses, escuelas, cuarteles militares y caminos.

Rosa Nelly Santos habló de impulsar el Mecanismo trasnacional de búsqueda y dio que éste tendría que incluir la búsqueda en vida de sus familiares en cárceles, centros psiquiátricos, albergues, entre otros sitios, y abarcar también la investigación, procesamiento y condena a los responsables y reparación del daño a las víctimas.

“En la búsqueda, [en] el mecanismo trasnacional, hay que estar poniendo el dedo en la llaga para que se ejecute”, anticipó.