Por Blanca Elizabeth Carmona
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo/ElDiario).- Una pena de 697 años de prisión y el pago de 839 mil 274 pesos impuso el Tribunal de Juicio Oral a cada uno de los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 jóvenes cuyos restos se localizaron en el Arroyo El Navajo.
La sentencia se dio a conocer unos minutos después de la 1:00 de la tarde en la Sala 2 de la Ciudad Judicial, con la presencia de las madres de algunas de las víctimas y familiares de los sentenciados.
Este Juicio Oral marcado como 267/14 inició el 13 de abril pasado. El hallazgo de restos de jovencitas, incluso menores de edad, derivó en este proceso histórico por la búsqueda de justicia.
Las mujeres lloraron de alegría mientras que los parientes de los sentenciados se mostraron inconformes.
César Félix Romero Esparza, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas, Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Hernández Martínez deberán prácticamente permanecer presos de por vida al ser encontrados culpables, desde el sábado antepasado, de los delitos de trata y homicidio de las 11 jóvenes siete de ellas menores de edad.
Por la mañana de este lunes, el Tribunal de Juicio Oral analizó la responsabilidad o inocencia de los acusados de los delitos de trata y homicidio contra las 11 mujeres localizadas sin vida en el Arroyo El Navajo, decretó un nuevo receso debido a que le solicitaron reclasificar en cuanto al delito de homicidio.
Para no dejar en estado de indefensión a los procesados, la defensa pidió al Tribunal tiempo para estudiar la nueva clasificación que fue solicitada por la acusadora coadyuvante del Ministerio Público y representante de cuatro de las víctimas, Norma Ledezma Ortega.
Ante las faltas de pruebas directas para acreditar el ilícito de homicidio, Ledezma Ortega indicó que el objetivo de los procesados era prostituir a las víctimas y en la comisión de ese ilícito emergieron los crímenes.
Por lo que dijo el homicidio fue un delito emergente. Lo que en Derecho se denomina concurso real.
El pasado sábado, la Fiscalía de género pidió prisión de por vida en contra de los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a 11 jóvenes cuyos restos óseos se localizaron en el arroyo El Navajo. En tanto, la Red Mesa de Mujeres, que actuó en representación de varias víctimas, solicitó al Tribunal de Juicio Oral que como parte de la sentencia ordene la apertura de una investigación a las autoridades penitenciarias y policiacas que presuntamente fueron parte de la corrupción que permitió y hasta obtuvo un beneficio de los delitos de que fueron objeto las víctimas.
Además la representación social demandó el pago de aproximadamente un millón 353 mil 221 pesos como reparación del daño causado a más víctimas, indemnización por muerte, gastos funerarios y otros rubros. De la multa dictada el día de hoy no se han precisado los rubros.
En este último renglón se incluyeron los honorarios al grupo de argentino de Antropología Forense por el análisis que realizó, un total de 33 mil 250 pesos erogados por la organización civil “Red Mesa de Mujeres”.
También se solicitó la liquidación de 165 mil 650 pesos a un laboratorio Word Tecnologic en Virginia, Estados Unidos, por la realización de un análisis a las muestras de tejido óseo tomado a los restos de que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Idalí Juache Laguna y María Guadalupe Pérez Montes.
En este caso se enviaron 15 muestras y el estudio de cada una tuvo un costo de 750 dólares, que sumo 11 mil 250 dólares equivalente a los 165 mil 650 pesos, dijo el agente del Ministerio Público Rafael Rodela Díaz.
Adicionalmente la interpretación de los perfiles genéticos de Idalí y María Guadalupe tuvo un costo total de mil 500 dólares.
Tanto por la remuneración correspondiente a los honorarios a las antropólogas y el envió al laboratorio de Virginia, los abogados defensores se inconformaron al referir que la Fiscalía General del Estado cuenta con los laboratorios necesarios para esos estudios y por tanto fueron gastos excesivos que no están obligados a pagar los sentenciados.
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