Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Organismos civiles denunciaron hoy que ante la falta de un Sistema Nacional de Protección Integral –el cual está contemplado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que entró en vigor en diciembre de 2014– los menores de edad en México están en riesgo permanente de seguir siendo violentados.
Mediante un posicionamiento firmado por 70 organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Save the Children en México y la Red TDT, entre otras, se denunció que la infancia “es víctima de una serie de prácticas intolerables como son el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso físico o sexual, el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado, la explotación laboral infantil, la explotación sexual infantil, el tráfico de personas la detención y deportaciones”.
Mencionaron que derechos como el acceso a una educación de calidad, a la salud, a la participación, a la vivienda, a la seguridad social, entre otros, no están siendo protegidos ni garantizados adecuadamente por parte del Estado.
“Estas problemáticas requieren respuestas que trasciendan el asistencialismo y den paso a asumir a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos”, indicaron.
Las organizaciones dieron a conocer datos estadísticos elaborados por la REDIM en base a cifras oficiales los cuales evidencian la manera en cómo son violentados los menores.
Dijeron que una 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de México se encuentran sin derechohabiencia. Mencionaron que en el caso de los estados de Guerrero y Puebla la proporción aumenta a 5 de cada 10.
En tanto, precisaron, que para el 2012 en México el 5.4 por ciento de las adolescentes de 15 a 17 años fueron madres; en los estados de Nayarit, Guerreo y Coahuila el porcentaje es cercano al 7 por ciento.
Indicaron que acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Jornalera (ENJO) 2009 de la Secretaría de Desarrollo Social: En el país hay aproximadamente 9.2 millones de personas que laboran como jornaleros agrícolas. De ellos, 2 millones son migrantes, y de este universo: 39.4 por ciento es población indígena; 39.1 por ciento son niñas y niños menores de 18 años.
Con respecto al tema de educación, las organizaciones dijeron que tres de cada 10 adolescentes de 16 años de edad no han terminado sus estudios de secundaria. Dijeron que en México, de 10 niñas y niños que inician la primaria, 8 la terminan a tiempo para pasar a secundaria.
“La tasa de deserción escolar en el nivel de secundaria fue de 5.5 por ciento para el ciclo 2012/2013; para el mismo ciclo, la tasa de deserción en la educación media superior fue del 15 por ciento”, refirieron las organizaciones.
Los mismos datos proporcionados por los organismo civiles indican que una de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, realizaron alguna actividad económica en 2013.
Indicaron que entre los adolescentes de 12 a 17 años que trabajan, 4 de cada 10 lo hacen sin recibir remuneración económica por sus actividades en el mercado laboral
Asimismo dijeron que uno de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años que realizan alguna actividad económica, trabajan más de 48 horas a la semana.
Mencionaron que en el año 2000, 235 mil 969 niños padecían algún tipo de discapacidad, siendo la motriz la que ocupaba el primer lugar, con 35 por ciento del total, seguida de la mental con un 34 por ciento y la visual con 15 por ciento.
Refirieron que de los 11.2 millones de niños de 5 a 9 años, 718 mil 520 practican alguna lengua indígena; de este total, 60 por ciento habla también español. Asimismo, agregaron que 723 mil 512 de 10 a 14 años se comunican en alguna lengua nativa, y el 85 por ciento lo hace también en español.
En este contexto y ante la oportunidad histórica de cambiar la relación del Estado mexicano con la infancia, las organizaciones de sociedad civil conformaron el Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, “cuyo propósito inicial es promover la correcta implementación de la Ley General y del Sistema Nacional de Protección Integral”.
“El Frente es un espacio abierto, amplio y diverso para encarar los desafíos antes mencionados, a través de una participación activa de todos los sectores de la sociedad, que contribuya a la construcción de un marco legal, institucional y de políticas públicas que garanticen y protejan efectivamente los derechos de la infancia y la adolescencia”, dijeron.
