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Redacción/SinEmbargo

02/04/2014 - 12:00 am

El PRI y el regreso de la censura

“Un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que ‘se ajustan […]

“Un número creciente de críticos al interior de México están leyendo la letra chiquita del plan de telecomunicaciones y encontraron muchas cosas de qué preocuparse. Por un lado, la cada vez más poderosa Secretaría de Gobernación se encargará de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurarse de que ‘se ajustan a la equidad y otras regulaciones’. Algunos mexicanos temen que abriría la puerta al tipo de censura que existía cuando el PRI  gobernó antes, sin restricciones y con una débil oposición”.

El párrafo anterior no fue escrito por un activista en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Tampoco por los pocos legisladores que se oponen a la propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, que mayoritearon en el Senado de la República el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), y que también, fue apoyada, sin poner en duda ni puntos ni comas del texto, por algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y también del Partido Acción Nacional (PAN).

No, la alerta sobre lo que hoy sucede con esa ley vino del diario Los Angeles Times que, a diferencia de la mayoría de los medios mexicanos, destaca como un retroceso el que la Segob, con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza y cada vez más funciones dentro del gobierno federal, sea la encargada de vigilar el contenido de las emisiones de televisión y radio para asegurar que éstos se ajusten a las regulaciones.

En México, además de la escasa prensa que se ocupa del tema por estos días, de activistas y analistas críticos, el Senador panista Javier Corral Jurado es uno de los pocos representantes populares que ha denunciado una intentona priista por volver a los tiempos del “autoritarismo” y del control total de los medios de comunicación.

Es más, lo advirtió hace tiempo. Pero su voz no ha encontrado eco ni siquiera como una bandera ciudadana que debería apropiarse, en teoría, un partido defensor de la democracia como es Acción Nacional.

Para Corral Jurado, la propuesta del Presidente Peña Nieto es regresiva y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional de Telecom, porque minimiza el peso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y al mismo tiempo le entrega un gran poder a la Segob, de Osorio Chong.

Le entrega, por ejemplo, las facultades de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”.

“En la práctica quizá [Hugo] Chávez fue más autoritario, o ahora [Nicolás] Maduro, pero sí lees la ley venezolana de radio y televisión, lo que allá es el Servicio de Radiodifusión Abierta, te darás cuenta de que no encuentras disposiciones similares que le otorguen tantas facultades al Ministerio del Interior”, destacó Javier Corral en una entrevista para SinEmbargo.

También la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) advirtió, en un comunicado de prensa, que la ley aprobada por los priistas deja a empresas, como Televisa, sin controles suficientes: “México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico”, plantearon académicos y científicos que suscribieron el comunicado.

Aun así, los legisladores aprobaron ayer, en sólo unos minutos y con dos votos en contra y una abstención, una lista de 51 invitados a los foros de consulta destinados para esta legislación.

Los foros también quedaron a modo para quienes pretenden imponerse por encima del interés nacional y de los ciudadanos, pues 29 de las 51 invitados son empresas y concesionarios, y se excluyó a los comisionados del Ifetel.

Con esto se confirma que, para la sociedad civil en México, viene otra batalla contra titanes para defender los espacios ganados. Una batalla que se antoja desigual ante una mayoría de legisladores que apuestan por la regresión en términos de los derechos de las audiencias, la libertad y la democracia.

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