Al ver todo el esfuerzo que se hace desde el poder por demostrar de que en el Conacyt hubo corrupción y por la evidencia de un desvío de recursos públicos a fines contrarios a lo estipulado en un convenio, no puedo, como muchos, dejar de preguntarme por la razón de peso que hay detrás de la solicitud de las órdenes de aprehensión contra los 31 exfuncionarios y científicos.

Como se sabe aquellos tuvieron altas responsabilidades en la conducción del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y presuntamente habrían incurrido en actos de corrupción, como lo ha afirmado Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, cuando podría haber mayor evidencia en algunas universidades públicas, que el Presidente López Obrador, siendo candidato, señaló como instituciones que funcionaban patrimonialmente.

No quiero con esto defender a los académicos, quienes podrían haber cometido delitos, desvíos y omisiones y tendrán que rendir cuentas en el momento oportuno, si no salir de la narrativa oficialista y contrastar el caso con otros que ha exhibido el periodismo de investigación.

Salir para tomar otro aire del relato de AMLO, de qué una parte del dinero que se entregaba al Foro para su operación se destinaba a gasto corriente o peor, lo utilizaban para “viajes y comidas en restaurantes de lujo”, cuando está archi demostrado lo que costaban los viajes de Peña Nieto con toda la parentela y amigos, no hay parangón, y contra ese despilfarro del erario, que se sepa, no hay ni siquiera una averiguación previa.

Afirma, además, que con esos recursos públicos se compró una “casa de lujo”, otra vez la palabra lujo, que el Presidente remacha porque la compraron en el barrio de Coyoacán y no “en Iztapalapa”, cuando está la llamada Casa Blanca que notoriamente es producto de tráfico de influencias, o la casa de Malinalco de Luis de Videgaray, el exsecretario de Hacienda, que igual se dijo podría tener el mismo origen, y esos casos han desaparecido del relato justiciero del Presidente. Y, dicho de paso, si aquella compra fue indebida el Gobierno puede recuperar el dinero con plusvalía y devolverlo a las arcas de la hacienda pública.

Son 570 millones de pesos que, de acuerdo con el relato presidencial fue lo que Conacyt asignó al Foro entre 2002 y 2018, es decir, en 16 años o sea 192 meses. Esa aportación, que sin duda es mucho dinero para cualquiera, significa un promedio menor a los tres millones de pesos anuales y esa cantidad, o más, puede estar gastando fácilmente cualquiera de las facultades grandes de la Universidad Autónoma de Sinaloa en nómina y gasto corriente y, sin embargo, en este caso, conocido por el Presidente porque él ha denunciado que ahí existe un cacicazgo que tiene nombre y apellido, no está sujeto a investigación judicial pese a los más de 8 mil millones de pesos anuales que recibe como presupuesto federal, y así hay otras universidades públicas con “dueño”.

Y, me pregunto nuevamente, porqué ir tan clamorosamente contra los científicos y exfuncionarios del Conacyt cuando hay otras rutas trazadas en las conferencias mañaneras.

Muchos esperamos conocer sus argumentos de defensa ante la filtración que interesadamente desató la carga mediática.  ¿Por qué ese relato jurídico impecable de Higuera Bernal para reiterar que no es contra la comunidad científica?, pero que no descansarán hasta no tener a los culpables en una celda del penal del Altiplano. Cuántos no quisiéramos escuchar la misma didáctica contra los casos irresueltos de la “Estafa Maestra”, el affaire Odebrecht o la detención de algunos miembros de la llamada “Mafia del Poder”.

Frente a esos personajes y casos, ¿qué representan los 31 científicos y exfuncionarios de Conacyt en la estrategia contra la corrupción?, ¿qué beneficios obtendrá el Gobierno si logra la foto de ellos ingresando al penal del Altiplano?, ¿será un triunfo de la justicia o del poder?, cuando directivos de instituciones como la UNAM o el Colegio de México han salido en su defensa y han señalado que es una embestida contra la comunidad científica y recomiendan detenerla por el bien del país. Además, ningún colectivo o institución de la comunidad científica se ha manifestado a favor de la captura y encierro de los académicos a los que se les hace un juicio sumario sin distingo de responsabilidades.

¿Acaso Higuera Bernal o Gertz Manero podrán salir luego a decir con orgullo que la detención es un triunfo del Estado mexicano y este es equivalente a la captura de los líderes de los cárteles de la droga?, ¿podrán presumirla como una medalla de oro de la aplicación de la Ley? No lo creo, quizá por eso el matiz del relato de Higuera que expresa preocupación cuando afirma que con esto: “no se pretende estigmatizar a la comunidad científica”. El problema es que ya se estigmatizó y, ahí, esta la voz ubicua de las redes.

Y, nuevamente, me pregunto qué es lo que hay detrás de este propósito, desecho las explicaciones psicológicas que buscan encontrar el quid de la cuestión en razones traumáticas, complejos y ánimo de venganza del Presidente y el Fiscal y la sitúo en una lógica de costo-beneficio.

Sospecho que lo que está detrás de la presunta corrupción son dos propósitos. Uno, que, ante los escasos resultados en las pesquisas emblemáticas de corrupción necesitan un “caso” que catapulte la percepción de que la lucha contra la corrupción sigue siendo la columna vertebral de la 4T.

Y dos, como efecto, quizá, más silencioso, el temor capaz de inocular la idea de que en materia de corrupción e impuestos todos somos alcanzables.

Higuera Bernal hizo la tarea en una forma sencilla y dominio explicando los grandes trazos de la denuncia contra los académicos. Faltaba ese relato sereno y convincente. Que dota de argumentos jurídicos a la narrativa de la Fiscalía y le quita problemas al Fiscal General, quien, en todo este tiempo, no ha dado la cara a los medios de comunicación.

Incluso hay que reconocerle a Bernal que igual dotó de elementos a los obradoristas de la red, cuando sus entrevistas con Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, que la escucharon y circularon tratando con ello negar cualquier argumento a favor de los académicos inculpados.

En fin, se ha cumplido con el objetivo que es dotar al escándalo de la “mafia científica” de una narrativa consistente en términos jurídicos. Luego vendrá el tiempo de los jueces y los alegatos de los presuntos culpables.

Sin embargo, al menos me sigue resultando una desproporción que se persiga a académicos cuando hay tantos personajes y casos de notoria corrupción que están sin ser atendidos y que seguramente tendrían un mayor impacto mediático, pero, atenúo mi visión con el otro propósito, el temor, que es valioso en tiempo de pesca.

Y, ahí, seguiremos como el hombre del traje gris de Sabina: “Al ladrón, al ladrón…”

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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