La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la situación de crisis financiera que atraviesa, por ello Human Rights Watch hizo un llamado a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para respaldarla. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el Gobierno de México parece aprovechar esta crisis para debilitarla.
Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo/EFE).– José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló que el Gobierno mexicano parece aprovechar la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para debilitarla, cuestionando la investigación del grupo internacional de expertos sobre el caso Ayotzinapa.
“El Gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa (…) Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, opinó Vivanco.
Además, la organización internacional con sede en Washington instó a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a asegurar el financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el 23 de mayo la organización hiciera pública la información de la crisis económica por la que atraviesa.
HRW recordó el compromiso que hizo la OEA en 2013 con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
“La OEA ha enfatizado en reiteradas oportunidades la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para consolidar los derechos humanos y la democracia en la región, y se ha comprometido a reformar el financiamiento del sistema. En marzo de 2013, la Asamblea General de la OEA “reafirmó su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH” a través del fondo regular de la OEA (…) No obstante, los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto. Tales donaciones —sobre todo las procedentes de Estados que no son miembros de la OEA— se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo cual propició la actual crisis financiera”.
La CIDH, el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección, tendría que despedir al 40 por ciento de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio los alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones, por lo que Vivanco destacó:
“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales. Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.
La Unión Europea y sus socios se han visto obligadas a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de derechos humanos para centrar sus recursos en una crisis que les es más próxima: la llegada de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria y de la violencia o la pobreza en otros países asiáticos y africanos.
