Poco medida, la impunidad se instaló campante en las 32 entidades de la República Mexicana. El Índice elaborado por la Universidad de las Américas Puebla le dio al país un promedio de 67.42 por ciento, “muy alto” respecto a cualquier parámetro internacional. Sólo hay sentencia condenatoria para el 4.46 por ciento de los delitos, lo que arroja un panorama donde la impunidad es del 99 por ciento. Pero podría ser peor. El estudio no incluyó los delitos relacionados con la violación de los derechos humanos ni el cúmulo de los que no son denunciados.

Por Alejandra Padilla y Linaloe Flores (Unidad de Datos, SinEmbargo)

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– México apareció hundido en el sótano del Índice de Impunidad México 2016 con un promedio nacional de 67.42 puntos, que implica un nivel reprobatorio para las 32 entidades federativas en materia de seguridad, procuración y administración de justicia y el funcionamiento del sistema penitenciario.

Elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Centro de Estudios Sobe Impunidad y Justicia (CESIJ) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el índice fue sustentado en una investigación en toda la República, después de que el año pasado, el país fue catalogado con uno de los peores desempeños en el Índice Global de Impunidad, con el sitio 58 de 59 naciones estudiadas, sólo por debajo de Filipinas.

No obstante este bajo resultado, el caso mexicano puede ser peor. En entrevista con este medio digital, Juan Antonio Le Clercq Ortega, coordinador del estudio, explicó que la incidencia de los delitos relacionados con los Derechos Humanos no fue incluida porque no existe una base datos común para todas las entidades. “No pudimos meterlo. Para poder hacer un índice comparado necesitas tomar una fuente de información común. Lo único común para todos los estados son las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Además, hay una cifra negra; es decir, los delitos cometidos que no son denunciados y no son incluidos en ningún registro. En el país, sólo se denuncian siete de cada 100 ilícitos, un cúmulo que desde 2013 alcanza un porcentaje de 92.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada cien mil habitantes es de apenas 3.5, en tanto que la media nacional entre los países que estudia el IGI es de 16; de modo que si los millones de víctimas que hoy integran la llamada “cifra negra” acudieran a denunciar, el sistema de justicia podría colapsar.

Le Clercq Ortega abundó que el miedo a que la víctima sea castigada y la falta de confianza en las autoridades son los factores que más influyen en la decisión de no acudir al Ministerio Público.

El IGI-Mex fue construido con los censos nacionales de Gobierno, que forman parte de uno de los cuatro subsistemas Nacionales de Información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) del Inegi. Una de las conclusiones de la investigación fue que “la impunidad alimenta a la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Los países con altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de violaciones graves a los derechos humanos”.

Por lo pronto, el estudio encontró que del total de delitos consumados, sólo hay sentencia condenatoria para el 4.46 por ciento, lo que arroja un panorama donde la impunidad es del 99 por ciento en toda la República. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos denunciados, son condenados.

Otro hallazgo fue que el personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los Ceresos estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos cuando la proporción de los países del IGI es de 47.

Presentada ayer en rueda de prensa, por Luis Ernesto Derbez, director de la UDLAP; esta es una de las pocas mediciones de la impunidad en México. Sus resultados abonan al perfil que mantiene el país en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 como el más corrupto de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), elaborado por Transparencia Internacional.

En los hechos, el brote de los episodios de impunidad y corrupción continúa imparable. Como ejemplos están la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; los escándalos inmobiliarios del Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; la revelación a través de audios de las componendas de la empresa OHL México y varias acusaciones en contra de los Gobernadores de los estados.

TODO MÉXICO ES IMPUNE

Quintana Roo, el Estado de México y Baja California aparecen teñidos de rojo, el color que se usa el indicador para marcar en el mapa mexicano los territorios con alta impunidad. La pobreza o la presencia del crimen organizado no son los factores para esta incidencia; las razones se encuentran en la relación de los ciudadanos con los sistemas de justicia locales, así como el desempeño de las autoridades en la persecución del delito.

Quintana Roo se distingue por la delación de sus casos. El estudio de la UDLAP llamó “cadena impune” al proceso que se inicia desde que un ciudadano presenta una denuncia ante un Ministerio Público. En esta entidad del suroeste mexicano se contabilizaron 35 mil 271 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante 2013. Aquí llamó la atención que el 59 por ciento de los casos fue descartado. Aunado a ello hay 32 mil 288 inculpados o imputados. Se trata de una entidad donde hay una  amplia brecha entre el número de averiguaciones que son abiertas y aquellas en las que es posible acreditar una causa penal.

El Estado de México –el terruño del Presidente Peña Nieto- aparece como el segundo con más alta impunidad con un puntaje de 76.48, una cifra que podría ser más grande si se tomara en cuenta la cifra negra que está por encima de la media nacional, de 92.8 por ciento.

Y a pesar del panorama, se trata de una entidad que ha logrado armonizar sus normas apenas en 14 por ciento respecto al nuevo penal acusatorio, ordenado por la reforma al sistema de justicia de 2008.

Las lesiones y el robo llenan los registros en esta entidad. Los cuatro delitos más denunciados son lesiones, robo de vehículo, robo a transeúnte en la vía pública y robo a casa habitación.

Baja California –estado con el tercer sitio- es un ejemplo de una alta incidencia del delito en contra de una infraestructura reducida en el aparato de justicia. Está en el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes. Es decir, aquí el sistema de justicia se muestra saturado. Y ello da como resultado en que las averiguaciones previas no sean determinadas.