México

La SCJN revisará prisión preventiva en medio de críticas al actuar del Poder Judicial

04/09/2022 - 6:30 pm

Este lunes 5 de septiembre se prevé que la Suprema Corte de Justicia discuta dos proyectos sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que puede dar lugar a “múltiples casos de corrupción” entre jueces, advirtió la Secretaría de Seguridad con base en ocasiones en que miembros del Poder Judicial han fallado a favor de políticos, criminales o empresas.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia (SCJN) votará dos proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que, según la Secretaría de Seguridad federal y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incentivará una mayor corrupción entre jueces, como se ha señalado en múltiples casos con políticos o miembros del crimen organizado e incluso, más allá de liberaciones, con fallos a favor de las trasnacionales Monsanto, Iberdrola o Coca-Cola en detrimento del derecho a la salud.

Entre la ciudadanía, pese a existir otras medidas cautelares como localizador electrónico o prohibir acercarse a la víctima, el 74.5 por ciento está “totalmente” o “algo de acuerdo” con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa, de acuerdo con la encuesta de Impunidad Cero aplicada a finales del año pasado. Y el 10 por ciento de los encuestados considera que la principal causa de la impunidad son los “jueces corruptos”.

“Es interesante saber que, a partir de la narrativa que se ha ido desplegando por parte del Estado, de reforzar la idea punitiva en ciertos delitos, desafortunadamente las personas consideran que [la prisión preventiva oficiosa] es una forma de acceder a la justicia, lo cual es erróneo porque cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia y no ayuda a disminuir la incidencia delictiva”, dijo Leslie Jiménez de Impunidad Cero. “La reparación del daño a las víctimas es un derecho que se debe garantizar en todo momento”.

Este lunes 5 de septiembre se discutirán los proyectos de los ministros Norma Lucía Piña y Luis María Aguilar, quienes argumentan que al encarcelar de manera automática se viola la presunción de inocencia, por lo que cada juez debe revisar caso por caso, lo que “puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados y jueces”, dijo el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

El viernes ejemplificó con Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara detenido en julio pasado, quien permaneció nueve años prófugo por un fallo judicial irregular que fue revertido por la Suprema Corte cuando ya nadie sabía dónde se encontraba; el descongelamiento de cuentas de Kamel Nacif y Mario Marín, relacionados con pedofilia, entre otros casos de narcos o secuestradores liberados bajo sospecha.

Al corte de junio, había más de 92 mil presos sin sentencia en las cárceles mexicanas. Foto: Cuartoscuro.

Con esta medida cautelar, reformada en 2019 para ampliar el catálogo de delitos graves, hay 92 mil 595 presos sin sentencia (40.8 por ciento del total de personas en centros penitenciarios), quienes están señalados por presuntamente haber cometido delitos expuestos en el artículo 19 constitucional, cuyo segundo párrafo los ministros proponen ya no aplicar. Van desde robo a casa o transporte de carga, huachicoleo y clientelismo hasta abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y delitos cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército.

El proyecto del Ministro Aguilar considera que la cifra de personas en prisión preventiva sin condena “es alarmante” y se agrava en los casos de grupos vulnerables como “las personas en pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias”. También menciona las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Comité de Derechos Humanos en las que se pide al Estado mexicano eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como regla y no como excepción.

Para argumentar contra ello, el Presidente López Obrador envió al Poder Judicial una lista de ejemplos de jueces corruptos, entre ellos, el Juez de control que no vinculó a proceso a José “N”, alias “La Vaca”, considerado el principal generador de violencia en Colima (que sigue en prisión por acopio de armas) o el Juez Samuel Ventura Ramos que un sábado de septiembre de 2019 liberó a 77 personas implicadas en el caso Ayotzinapa, entre ellos, a “El Gil”, miembro de Guerreros Unidos, por haber sido torturados.

“El sistema penal no está bien visto por nadie de nosotros porque sabemos que existe una serie de obstáculos, revictimización y tiempo de espera. Pero si un Juez deja salir a una persona, no es necesariamente porque existió un hecho de corrupción, sino porque el sistema obliga al Juez a valorar lo presentado por el Ministerio Público o la defensa y vincular a proceso; no trabajan de manera aislada, deciden a partir de los insumos que se dan en una audiencia”, expuso Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.

Sólo el 22 por ciento de los consultados está en desacuerdo de la prisión preventiva como única posible medida cautelar. Gráfica: Percepción de Impunidad, 2022, de Impunidad Cero.
Causas de impunidad según la ciudadanía. Gráfica: Percepción de Impunidad, 2022, de Impunidad Cero.

JUECES Y TRASNACIONALES

Apenas hace unos días, Lucio León Mata, Juez de Oralidad Penal en Huauchinango, Puebla, liberó a Ramón “N”, un hombre que presuntamente violó y embarazó a su hijastra de 14 años, y que es hermano del Juez del mismo Tribunal, Celestino Martínez, un aparente tráfico de influencias que es indagado por el Consejo de la Judicatura estatal. Pero la percepción de corrupción entre jueces también puede llegar a beneficiar a trasnacionales.

A finales de 2020, se publicó un decreto presidencial para prohibir gradualmente la importación de glifosato, un herbicida usado por la agricultura potencialmente cancerígeno y asociado a enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, el Juez en materia administrativa Francisco Javier Rebolledo otorgó a la transnacional Monsanto una suspensión temporal de esa prohibición, por lo que la corporación puede seguir importando y aplicando glifosato mientras se resuelve el juicio de amparo, contra el que apeló la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).

“Sin entrar al detalle de la resolución jurídica que otorgó el amparo, se pueden evidenciar dos posibles aspectos para que se haya otorgado la suspensión a Monsanto: la desestimación por parte del Juez de los argumentos y justificaciones científicas, toxicológicas, ecológicas y de derechos ya conocidos; el otorgamiento de un beneficio en el proceso jurídico a la transnacional Monsanto”, dijo Emmanuel González-Ortega, especialista en biotecnología y académico de la UAM.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a mediados de julio que “por las influencias y el dinero” no lograrán imponerse contra el decreto. Días después, se reunió con el director ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, la farmacéutica dueña de Monsanto, especializada en biotecnología para alimentos.

Durante esa misma conferencia de prensa, aseguró que también se indagaría a Ramón Gonzalo Bernal, el Juez que otorgó un amparo a la española Iberdrola contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que le impuso una multa de nueve mil millones de pesos por haber vendido a sus socios en Monterrey energía eléctrica bajo el mecanismo de autoabastecimiento considerado ilegal por la Ley Eléctrica.

“Estamos haciendo la investigación y si fue así [que le aceptaron documentación extemporánea], se denunciará a jueces y a quienes hayan participado”, afirmó López Obrador.

La balanza a favor de las trasnacionales no es exclusivo de los jueces, también se vio en la Suprema Corte (SCJN). El Ministro Eduardo Medina Mora, que dejó su cargo antes de terminar su periodo tras señalamientos de corrupción, no se excusó de votar sobre un caso entorno al denominado etiquetado de Coca-Cola usado de 2014 a 2020 –que engañaba sobre el azúcar añadida–, a pesar de tener un conflicto de interés.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.
El Ministro Eduardo Medina Mora. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

“El primer proyecto declaraba al etiquetado de Coca-Cola como inconstitucional porque violaba el derecho a la salud y a la información. Como ese proyecto fue rechazado por mayoría en la Segunda Sala de la SCJN, se elaboró un segundo proyecto que negaba nuestro amparo, defendiendo la constitucionalidad del etiquetado de Coca Cola”, planteó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Medina Mora fue el coordinador del sector privado en las negociaciones del TLCAN, tratado que abrió las puertas del país a la industria de productos ultraprocesados. Su hermano, José Medina Mora, era vicepresidente de Coparmex que se había opuesto a que el etiquetado de Coca-Cola fuera sustituido por un etiquetado claro, como el actual.

LOS JUECES, EL NARCO Y GOBERNADORES

En los últimos años, jueces han dictado libertad condicional a “El Alexis” o “El Carlos”, miembros de la Unión Tepito, un cártel que opera en la Ciudad de México, o a “El Contador”, del Cártel del Golfo, por fallas en el proceso. Pero un caso que pasó fronteras fue el del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Gobierno de Nayarit de Roberto Sandoval, detenido en junio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde mayo de 2019 la Subsecretaría del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo reportó que el exmandatario priista recibió dinero del CJNG, al igual que el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.

Del Magistrado Isidro Avelar de Guadalajara se detectaron “resoluciones a favor del CJNG”, por ejemplo, en 2017 a favor de “El Menchito” y en 2014 de Rogelio González “Z2”. Además, recibió de manera injustificada 78.5 millones de pesos.

En 2013, el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y el de Nayarit, Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro.

Fue detenido en la capital tapatía en noviembre de 2019, pero está en prisión domiciliaria luego de que un Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Estado de México revocó la prisión preventiva. Apenas en agosto la Suprema Corte admitió a trámite la impugnación presentada por el Magistrado contra su destitución e inhabilitación del cargo judicial por supuestos actos de corrupción.

En 2017, quien fuera el Fiscal de Nayarit con Sandoval, Edgar Veytia, fue detenido en San Diego, California, por presunto tráfico de drogas. De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Veytia junto con otras personas conspiraron para distribuir e introducir droga a ese país.

Sandoval fue detenido en Nuevo León, cuyo exgobernador Rodrigo Medina solo pasó unas horas en la cárcel por orden de un Juez. En enero de 2017 el priista fue detenido en el penal de Topo Chico durante 19 horas por peculado y daño al patrimonio estatal por tres mil millones de pesos en el caso del terreno para la automotriz KIA.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León consideró que el Juez de control incumplió la suspensión otorgada a Medina al ordenar su prisión preventiva tras la audiencia.

Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
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