El decreto modifica la capacidad que tiene el IFT para sancionar a los medios que no cumplan con los lineamientos establecidos y abre las puertas a la “autorregulación” de las propias radiodifusoras y televisoras. También permite que éstas no hagan diferencia clara entre “información” y “opinión” de los conductores.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó, en “fast track”, el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para modificar los derechos de las audiencias y facultades de sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Los integrantes de la Comisión fueron citados por su presidenta, Lía Limón, del Partido Verde Ecologista, (PVEM) a una sesión privada en la sala conocida como “Trasbanderas”, en donde se aprobó con 14 votos a favor (PRI, PAN, PVEM y PES), tres en contra (Morena y MC) y una abstención (PRD).
En tanto, se discutía en el pleno el punto de acuerdo sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y sus contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Minutos antes, la Comisión se declaró en sesión permanente, “con el objetivo de lograr el mayor consenso en el dictamen”, y había dejado la discusión para el jueves, pero eso no ocurrió.
El dictamen aprobado por la Comisión elimina el derecho de las audiencias y la obligación de los concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión” de los conductores de radio o televisión.
El decreto también modifica la capacidad que tiene el IFT para sancionar a los medios que no cumplan con los lineamientos establecidos y abre las puertas a la “autorregulación” de las propias radiodifusoras y televisoras mediante el Código de Ética y la figura del ombsusman de derechos de las audiencias.
La discusión en el pleno podría comenzar mañana o posponerse para después del periodo vacacional.
De acuerdo con el Secretario de la Comisión, Virgilio Caballero, de Morena, la discusión se apresuró para adelantarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien admitió a trámite las controversias promovidas por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República.
Apenas en 2014, se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que por primera vez otorgó derechos a las audiencias y tres años después se pide derogarlos.
