Si nuestro país tuviera un estado de derecho sólido (esto es, un estado de derecho por encima de cualquier poder fáctico o político), y si, además, no existieran las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano (y ahí están los casos todavía resonantes de Atenco, Tlatlaya y la misma Ayotzinapa), entonces sería posible pensar en la posibilidad (solo en la posibilidad) de aprobar una estado de excepción, que básicamente implica darle potestades al estado para que pueda pasar (de así convenir a la paz nacional y al bien común) por encima de las garantías individuales y los derechos ciudadanos más básicos.

Esto es: si tuviéramos un Estado que pensara realmente en el beneficio social y no en el de privilegiar a ciertos grupos enquistados en el poder desde hace décadas (grupos que no quieren por ningún motivo perder sus privilegios), pensar en un estado de excepción podría ser factible para sacar de esta ignominia a nuestro país.

Sin embargo, lo que está proponiéndose (de forma turbia y confusa) a través de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es la formalización de un sistema dictatorial que lo único que garantizará es que se conculque la represión social bajo argumentos “legales” que a nadie todavía le quedan claros.

La Ley de Seguridad Interior que se pretende implementar por un gobierno acusado de corrupción, impunidad y abusos a los derechos humanos no hará sino confirmar el paso de un régimen dictatorial encubierto a otro expuesto, mismo que habrá legalizado la opresión de cualquier tipo de manifestación del hartazgo social en contra del gobierno, un clima asfixiante para la sociedad civil pero, sobre todo, para aquellos sectores que luchan diariamente por los atropellos del gobierno hacia la sociedad civil.

En países con las características del nuestro cualquier estado de excepción es autentificación totalitaria, por eso la sociedad tiene que impedir por todos los medios dar este paso hacia atrás en el camino hacia la modernización de nuestro Estado.

En su libro Global war on liberty, el sociólogo Jean-Claude Paye dedica un capítulo al ataque a la libertad de los movimientos sociales, en estados de excepción como el que se plantea aprobar en nuestro territorio nacional, advirtiendo que, como casi siempre ha sucedido, la excepción no hará sino devenir en norma, lo que terminará por validar un régimen autoritario.
De ratificar esta iniciativa, el Senado de la República estaría señalando la ruta para proteger -para decirlo del modo más gráfico posible- a los victimarios contra las víctimas, hoy en día contadas por millones.

Rogelio Guedea
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Rogelio Guedea

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Abogado criminalista y doctor en Letras. Es autor de la “Trilogía de Colima”, publicada por Penguin Random House e integrada por las novelas Conducir un trailer (2008/Premio Memorial Silverio Cañada 2009), 41 (2010/Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor 2012) y El Crimen de Los Tepames (2013/Finalista del Premio “Películas de Novela”). Su má reciente libro es La brújula de Séneca: manual de filosofía para descarriados (Grupo Almuzara, 2014). Por su trayectoria como escritor y académico, fue incluido en El mundo en las manos. Creadores mexicanos en el extranjero (2015), publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es jefe del Departamento de Español de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).

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