Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Estamos a cuatro sesiones –aproximadamente– para que concluya oficialmente el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el próximo 15 de diciembre y en materia de designaciones pareciera ser que no hay prisa –o interés– por desahogar el conjunto que está pendiente. Recordemos que, en el periodo iniciado en septiembre pasado, se tenían contabilizadas 17 designaciones rezagadas, es decir, altas responsabilidades públicas donde concluyó su periodo y, por lo tanto, están vacantes. En la siguiente imagen se muestra este universo:

De este conjunto de designaciones pendientes, conviene recordar que 12 de ellas inician con el envío de una propuesta por parte del presidente de la república, lo cual no ha sucedido y tampoco se conocen las razones de ello.

Al respecto, sirve traer a cuenta la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 28 de noviembre, sobre la controversia constitucional 207/2021 promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en contra del Ejecutivo Federal, donde se “demandó la invalidez de la omisión de seleccionar y enviar al Senado sus propuestas de personas candidatas a ocupar el cargo de comisionadas o comisionados de la Cofece, con base en las convocatorias de 2020 y 2021” (1), toda vez que las y los once ministros determinaron por unanimidad que el Ejecutivo incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, por lo tanto, deberá enviar al Senado de la República –en un plazo de 30 días naturales a partir de la notificación de los resolutivos– las propuestas de las tres personas comisionadas pendientes desde 2021, “de entre [los y las] aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas” en las convocatorias 2020 y 2021.

En un contexto de tantas designaciones pendientes esta sentencia es sumamente relevante al menos por tres razones. La primera, porque reconoce que la acción de no designar constituye una omisión de las autoridades encargadas de realizarlas y por añadidura es un incumplimiento a sus obligaciones constitucionales. La segunda, porque establece un plazo para que se concreten estos procesos y no queden indefinidos hasta el infinito, como ha sucedido. La tercera, porque mandata que el envío de propuestas por parte del Ejecutivo Federal debe ser a partir de las calificaciones más altas de las personas participantes en dichos procesos, lo cual subraya la relevancia de que estas decisiones públicas se basen en el mérito y capacidades de las personas. Adicionalmente, el proyecto de sentencia abunda en las consecuencias de esta omisión para el funcionamiento de la Cofece, y aunque la SCJN no entró a este análisis, vale traer a cuenta que la actual integración incompleta de la Cofece “le ha imposibilitado el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, pues es necesario un mínimo de cinco integrantes para reformar su estatuto orgánico, ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia, opinar sobre asuntos de libre competencia en la celebración de tratados internacionales o remover a su Autoridad Investigadora, por ejemplo”(3).

De tal manera, esta línea interpretativa y resolutivos son totalmente válidos para el resto de los procesos en los que no ha habido una definición tanto por el Ejecutivo como por el Senado (4). Por lo que, ante la conclusión de este periodo de sesiones ordinarias, se vuelve fundamental que las autoridades se pongan las pilas para cumplir adecuadamente con sus obligaciones constitucionales en materia de designaciones públicas. ¡Es nuestro derecho!

#SinCuotasNiCuates
#PerfilesIdóneosYa

*Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

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1.Con base en el hilo del ODP publicado en Twitter: https://twitter.com/designaciones/status/1598468296508047361
2.Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Votos/HojasVotacion/2022/98786ce6-e070-ed11-8020-0050569eace9.pdf
3.Hilo del ODP, op. cit.
4.Al Senado le corresponde resolver la designación pendiente en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); las de dos personas comisionadas faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las dos personas integrantes de la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que a su vez es responsable de seleccionar un lugar dentro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) próximamente. Así como, analizar las propuestas que envíe -en algún momento- el Ejecutivo Federal sobre el resto de las designaciones pendientes y las que están por concluir el 31 de diciembre de este año.

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