A principios de esta semana, Xóchitl Gálvez hizo públicas sus “propuestas para vivir sin miedo”. Son quince puntos que condensan la estrategia de la candidata del PRI y el PAN a la Presidencia de la República. ¿De qué tratan? 

Las dividiré en tres grupos. Las vagas y de sentido común, las superfluas —por proponer políticas públicas o programas que ya se realizan— y las que, por su relevancia, merecen nuestra atención para un análisis más profundo.

Sobresalen las primeras. Xóchitl Gálvez propone fomentar el deporte, rehabilitar el tejido social, impulsar la investigación policial, utilizar la tecnología (“incluyendo la inteligencia artificial”) para perseguir el delito, mejorar los centros de tratamiento de adicciones, fomentar las denuncias anónimas y digitales, así como abrir grupos de WhatsApp colectivos “para que nos volvamos ciudadanos vigilantes”. Excepto está última —que no tiene ningún sentido comentar, por extravagante y porque transfiere una responsabilidad estatal a la población— difícilmente puede uno estar en contra de algunas de estas ideas. Se trata de propuestas suficientemente vagas para generar consensos, pero también suficientemente amplias como para no entrar en detalles sobre su ejecución. Son, como suele decirse, propuestas de cajón. Nada novedoso encontramos aquí. 

Está el grupo de propuestas superfluas. Identifico dos: la creación de un Fondo Nacional de Atención a Víctimas y el “impulso a sistemas de justicia cívica”. Sobre el primer punto, el equipo de la candidata sabe (o debería saber) que ya existe un fondo como el que propone. Está en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La operación del fondo (y de esa institución) son deficientes, pero ese es otro asunto. Sobre el segundo punto, no hay mucho que agregar: desde el 2019 ya se impulsa, desde el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con diferentes grados de éxito, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Así, este segundo grupo de propuestas de Xóchitl Gálvez son, en el mejor de los casos, complementarias a programas y acciones de Gobierno que ya existen. En el peor de los casos, una calca. 

Más atención merece el último grupo de propuestas “para vivir sin miedo”. Son tres. En primer lugar, la intención de “construir hasta tres mega prisiones de alta seguridad”. En segundo lugar, la búsqueda de Gálvez por “triplicar de 150 mil a 500 mil (sic)” los integrantes de la Guardia Nacional. Por último, su intención de “firmar un tratado para la seguridad de América del Norte”. Me detengo en cada una de ellas. Voy por orden. 

Es inevitable no leer la propuesta de construir “mega prisiones” como un guiño al bukelismo y a la aplicación de políticas de mano dura en El Salvador. Por lo demás, en México existen quince centros penitenciarios federales y, para sorpresa de nadie, están muy por debajo de su población límite (al 66 por ciento, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario 2023 del Inegi). Parte de la responsabilidad de que las cárceles federales operen muy por debajo de su capacidad está en la edificación de prisiones concesionadas durante el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio se construyeron ocho cárceles bajo el esquema de “Asociación Pública Privada”. Su operación cuesta al erario hasta mil quinientos pesos diarios por recluso [1]. Fueron un negociazo. 

Las propuestas dirigidas hacia el sistema carcelario deberían tener como objetivo rehabilitar las casi 250 cárceles estatales que, en muchos casos, están fuera del control de las autoridades. La propuesta de construir tres “mega cárceles” puede tener sentido electoral, pero no técnico.

La propuesta de “triplicar” (sic.) el número de Guardias Nacionales de 150 mil a 500 mil elementos se contrapone a la idea de apostar por fortalecer policías estatales, el verdadero déficit en seguridad del país. Sin embargo, más allá del número inverosímil de medio millón de guardias nacionales y de afirmar que la Guardia Nacional estará “bajo un mando civil”, la propuesta de Gálvez no dice nada sobre el tipo de funciones que se esperan de esa institución. 

¿Realizaron sus elementos investigación policial? ¿Qué hará con los militares que están prestados por el Ejército a la Guardia en “oficio de comisión”? ¿Cuál será la relación de la institución con el resto de las Fuerzas Armadas? En la propuesta de Gálvez nada hay sobre la visión que tiene la candidata de la institución. Ojalá se disipen las dudas en las siguientes semanas. 

Por último, llama la atención la propuesta de “Firmar un Tratado de Seguridad con América del Norte”. La idea ha sido sugerida en los últimos meses por el analista Eduardo Guerrero, pero no se ha discutido con seriedad en ningún foro académico o en otras esferas de la arena pública. ¿Qué significa firmar un tratado con Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál es la experiencia internacional en la que estaría basado? ¿Qué implicaciones tendría en términos de soberanía, política de drogas, control de armas y tantos asuntos relevantes? ¿Significa anclar los intereses mexicanos a los estadounidenses, tal como ha sugerido la DEA por décadas? Otra vez, la propuesta de Xóchitl Gálvez es vaga y llena de lugares comunes. Se trata de un tema suficientemente delicado como para dejarlo a la interpretación de cada uno. 

Las “propuestas para vivir sin miedo” de la candidata del PAN y el PRI son un laberinto de contradicciones. Hay una serie de ideas vagas con las que nadie puede estar en desacuerdo, pero aquellas que resultan interesantes por su originalidad carecen de sustancia técnica y asidero en la realidad. Por lo pronto, quedan más dudas que respuestas. 

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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