Comunidades mayas denunciaron el pasado 25 de julio ante la CIDH que, con la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, el Gobierno mexicano está afectando su vida, integridad, salud y el medio ambiente sano. Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en entrevista para SinEmbargo, don Gustavo Huchín, apicultor de toda la vida y miembro del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, denunció que la siembra de soya transgénica está afectando gravemente a la comunidad maya. La producción de miel –su único modo de subsistencia– se ha visto mermado por la creciente mortandad de las abejas, provocada por dicha siembra. El modo de vida y la salud de las personas afectadas.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Ante la indiferencia de las autoridades mexicanas, integrantes del pueblo maya acompañados por seis organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en México impacta negativamente la vida de sus comunidades en estados como Campeche y Yucatán.

Mayas apicultores; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación) y la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano proteja los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en dichos.

María Colín, representante de Greenpeace México, dijo a SinEmbargo, que los afectados y las ONGs buscan que la CIDH le solicite al Gobierno mexicano una serie de medidas cautelares, dado que existe peligro inminente por el uso de herbicidas, en particular, del glifosato; además de la amenaza de siembra ilegal de soya transgénica en comunidades de Campeche y Yucatán; así como la deforestación para dar paso a los cultivos.

De igual manera solicitan que sea monitoreada la salud de los habitantes de dichas comunidades, con el fin de conocer si hay presencia de glifosato, considerado como posible cancerígeno.

Los inconformes denunciaron el pasado 25 de julio ante la CIDH que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, el Gobierno mexicano está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.

El modo de vida y la salud de las personas afectadas –entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores– están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo, informaron mediante un comunicado.

En dicho documento, Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra sus derechos y cultura, herencia ancestral de sus abuelos.

“Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos. Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”, agregó.

María José Veramendi, abogada de AIDA señaló: “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua”.

APICULTORES NO TIENEN CÓMO SOBREVIVIR

Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en entrevista para SinEmbargo, don Gustavo Huchín, apicultor de toda la vida y miembro del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, denunció que la siembra de soya transgénica está afectando gravemente a la comunidad maya, ya que la producción de miel –su único modo de subsistencia– se ha visto mermado por la creciente mortandad de las abejas, provocada por dicha siembra.

“El herbicida a base de glifosato nos está desorientando mucho a las abejitas, pierden la capacidad de regresar a sus colmenas y bajan considerablemente las colonias. Además, las abejas se están muriendo donde combaten plagas de gusanos o algún otro insecto que le cae a la soya. Se están acabando las colonias y la producción”, acusó.

Aunado a ello, señaló, las abejas que logran sobrevivir se están contaminando con polen transgénico, por lo que el mercado europeo –principal consumidor de miel mexicana– está comprando el producto a menor precio e incluso ya amagó con suspender la transacción.

“Ya nos avisaron en el centro de recepción que no podemos vender ni nos van a comprar la miel si tiene rastros de transgénicos y eso nos afecta mucho. Los europeos nos han dicho: ‘no queremos miel con transgénicos, queremos miel pura y de calidad'”, dijo.

Don Gustavo informó que hay algunos apicultores mayas que cuentan con 150 colonias de abejas y otros más, con apenas 20, y estos últimos se han visto en la necesidad de acudir a la ciudad para rentar su mano de obra en diversas actividades, pues lo poco que llegan a ganar por la miel, ya no les es suficiente para vivir.

“Muchos andan de peones o vendiendo cualquier cosa porque tienen que ver la forma de cómo sobrevivir. Ahorita sí que está dura la situación porque mucha gente ha tenido que salir a buscar trabajo a la ciudad, está sobrando mucha mano de obra porque no a todos los logran contratar y eso está causando graves problemas”, lamentó.

CAMPECHE Y YUCATÁN NO SON LOS ÚNICOS CASOS

Las organizaciones recordaron que aunque las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en Yucatán, subrayaron que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República.

“Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades”, acusaron en el boletín.

En el mismo sentido, Ximena Ramos, de Cemda, dijo a este medio que en su momento, las organizaciones advirtieron a las autoridades la necesidad de realizar una consulta previa a la siembra de organismos genéticamente modificados, ya que los derechos de las comunidades indígenas se verían afectados, entre ellos, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, etcétera.

No obstante, –acusó– al menos la Ley de Bioseguridad, encargada de regular los permisos para esta siembra no establece como tal un procedimiento para consultar a las comunidades. “El Estado mexicano está incumpliendo con una obligación”, subrayó.

“Estamos en un país pluricultural, hay muchos pueblos indígenas y México está obligado a garantizar los derechos de todos. El Estado mexicano, al no garantizar este derecho a la consulta, solamente favorece un modelo de desarrollo con la agricultura a gran escala que utilizan plaguicidas y herbicidas. Deja a un lado los derechos, deja desprotegidas a las comunidades indígenas que tienen haberes tradicionales, formas sanas de interrelacionarse con el medio ambiente”, subrayó.

Finalmente, exigió a las autoridades “garantizar los derechos de los pueblos indígenas y no sólo ver un modelo de desarrollo, deben ver que todos podemos habitar este planeta y deben buscar la sustentabilidad, que no se dañen los derechos de algunas personas por darles beneficios a otras”.

Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.