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Rubén Martín

10/09/2023 - 12:04 am

Desaparecidos: fiscalías infiltradas

Los exfuncionarios de la era de Edgar Veytia duraron en su cargo al menos dos años en el Gobierno morenista. ¿Cuántas desapariciones se cometieron en ese periodo, cuántas desapariciones pudieron haberse evitado? 

“Todo indica que los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos en Nayarit buscaban a sus hijos con una Fiscalía con el enemigo adentro”. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Baruc Sánchez publicó en su cuenta de Twitter este mensaje al mediodía del viernes 8 de septiembre: “La persona encargada de ayudarte a encontrar a tu hermana desaparecida fue detenida por delito de desaparición, pinche día”. Unas horas antes había publicado otro mensaje: “Yayori Villasana era la fiscal a la que se reportaban los avances del caso de Wendy, ahora entiendo porque no se avanzo teniendo a la principal sospechosa identificada, esto es un asco”.

Baruc Sánchez es hermano de Wendy Sánchez, una tapatía de 33 años que residía en San Francisco, Nayarit y que se encuentra desaparecida desde el 9 de enero de 2021, cuando salió de San Pancho, con destino a Guadalajara a visitar a su familia. Desde entonces no se sabe su paradero. No podemos, siquiera, imaginar las emociones que se puede generar en las víctimas de desaparición, como Baruc Sánchez, enterarse que la encargada de buscar a los ausentes en Nayarit fue detenida justamente por cometer el delito de desaparición forzada.

En efecto, la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, montó un operativo la mañana del jueves 7 de septiembre en Tepic para detener a Yayori Villasana Monroy, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nayarit, junto con otros tres funcionarios de la Fiscalía: la Ministerio Público, Dora Aimé “N”; Pavel “N”, exdirector de averiguaciones previas; y Villegas “N”, excomandante. A los detenidos se les imputan la comisión de diversos crímenes, entre ellos el delito por desaparición forzada.

Tanto la Fiscal Yayori Villasana como los otros tres funcionarios detenidos el pasado jueves, trabajaban en esa dependencia desde el periodo en que el titular de la misma era Edgar Veytia, Fiscal de Nayarit durante el sexenio del priista Roberto Sandoval Castañeda. Tanto a Edgar Veytia como a Roberto Sandoval se les acusó de establecer vínculos con los cárteles de la droga desde Sinaloa, los Beltrán Leyva, hasta el Jalisco Nueva Generación.

Edgar Veytia fue detenido en marzo de 2017 mientras pretendía ingresar a Estados Unidos por San Diego. El exgobernador Roberto Sandoval fue detenido, junto a su hija, el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León.

A la exfiscal de personas desaparecidas Yayori Villasana se le acusa, al menos desde 2020, de cometer el delito de desaparición durante el periodo del Fiscal Edgar Veytia. Pero las acusaciones vienen de más lejos. En los últimos años del periodo del gobernador Roberto Sandoval y del Fiscal Veytia, el terror, el despojo de propiedades y la desaparición forzada campearon en Nayarit.

Acompañando a colectivos de familiares que buscaban a sus desaparecidos en Nayarit, la organización civil IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, presentó el informe “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad”, en el que se recogen 71 casos de desapariciones forzadas y el hallazgo de 140 cadáveres en fosas clandestinas en el estado y la confirmación de al menos 47 desapariciones forzadas cometidas por Policía Estatal y funcionarios de la Fiscalía entre 2011 y 2017.

Revelan en ese documento: “El informe demuestra que entre 2011 y 2017, el exgobernador Roberto Sandoval y el Fiscal Edgar Veytia, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos por participar en una conspiración internacional de distribución de narcóticos, crearon una estructura criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit, a través de la cual habrían cometido actos de homicidio, tortura, robo de propiedad, extorsión y desaparición forzada”.

Edgar Veytia purga una condena de 20 años en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico que se le imputaron en el país del norte, pero no se sabe si en México existe una causa en su contra por los delitos de desaparición forzada.

Lo que sorprende es que los funcionarios detenidos el jueves 7 de septiembre, entre ellos la Fiscal especializada en desaparecidos, hubieran permaneció en el cargo no sólo cuando Veytia fue detenido, sino luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en Nayarit y llegó al cargo el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, desde el 19 de septiembre de 2021.

Los exfuncionarios de la era de Edgar Veytia duraron en su cargo al menos dos años en el Gobierno morenista. ¿Cuántas desapariciones se cometieron en ese periodo, cuántas desapariciones pudieron haberse evitado?

Todo indica que los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos en Nayarit buscaban a sus hijos con una Fiscalía con el enemigo adentro. El viernes, al conocer el operativo de detención de la exfiscal de desaparecidos, cuatro colectivos de familiares de Nayarit junto con IDHEAS, publicaron un comunicado donde se dicen esperanzados por el operativo de la FGR pero lamentan que tardara tanto en reconocer que la Fiscalía nayarita estaba infiltrada: “Desde hace más de  seis años, familiares y organizaciones acompañantes denunciamos la participación de las autoridades de Nayarit en distintos casos de desaparición forzada y demás crímenes perpetrados en la entidad, los cuales hemos sostenido que configuraron crímenes de lesa humanidad. No obstante, las autoridades nunca escucharon a las familias, muchas veces burlándose de ellas.  Asimismo, buscaron minimizar lo sucedido e ignorar a las familias, apostando al olvido y a la impunidad”.

El caso de detención de la exfiscal especializada de Nayarit nos obliga a recordar que lamentablemente no es la única Fiscalía estatal infiltrada por el crimen organizado, ocurre en otras entidades del país. Es el caso de Jalisco donde incluso el mismo gobernador Enrique Alfaro Ramírez admitió en junio de 2020 que la fiscalía estatal está penetrada por el crimen organizado. A pesar de ello, nunca se llevó a cabo una investigación o inició un proceso de depuración de la corporación. El resultado es que las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en Jalisco. ¿Cuántas fiscalías estatales más están infiltradas, cuantas instituciones de seguridad y fuerza pública son en realidad el enemigo actuando desde dentro? Cuando la tengamos, la respuesta no será nada reconfortante.

Rubén Martín
Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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