Normalmente ni a los partidos ni a los políticos les suelen preocupar las acusaciones y posibles sanciones por operar acciones de “guerra sucia”, de fraude o, como es ahora, de inequidad en una contienda electoral donde se produjo un enorme dispendio por la compra de votos. Con ese “cochinero” llegó Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República y con ese mismo “cochinero” la autoridad electoral y el Jefe del Ejecutivo dieron por bueno el triunfo de Enrique Peña Nieto desde la noche del domingo 1 de julio, cuando incluso había casillas que no llegaban a las manos de la autoridad electoral.

Sin embargo, no es lo mismo cuando las acusaciones en contra se convierten también en pérdidas monetarias y afectan el bolsillo de quien las recibe.

El caso de Soriana se ha vuelto emblemático. Las acusaciones por un supuesto acuerdo entre la cadena de autoservicios, que preside el torreonense Francisco Javier Martín Bringas y la coalición PRI-PVEM para promover, con tarjetas de prepago, el voto a favor de Peña Nieto, han hecho saltar de sus asientos a los directivos de esa empresa.

Y la razón no es menor: de acuerdo con un análisis bursátil realizado por CNNExpansión, entre el 1 y el 9 de julio, el precio de la acción serie “B” de Organización Soriana acumuló una caída de 7.4%, lo que significa una pérdida de 414 millones de dólares en su valor dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Así el costo de la empresa de las familias Martín Bringas y Martín Soberón pasó de 5 mil 561 millones de dólares a 5 mil 147 millones de dólares, en el periodo referido.

Sin embargo, si se considera el máximo de esa cotización en los últimos 12 meses, que tocó en la jornada bursátil del pasado 29 de junio, la pérdida alcanza los 502 millones de dólares.

La razón, explican los analistas del mercado de valores consultados por el periodista Jesús Ugarte, es el nerviosismo que han mostrado los inversionistas debido a las acusaciones vertidas sobre Soriana, luego de revelarse el uso de la tarjeta de ese corporativo como una supuesta dádiva de los priistas para “comprar” votos para Peña Nieto.

Es decir, aquí sí el mercado ha “castigado” esa supuesta relación entre la empresa y el PRI-PVEM, y le ha cobrado al grupo el impacto que el escándalo conocido como el Sorianagate ha generado en su imagen.

Por eso, la directiva de Organización Soriana no sólo han protestado contra esas acusaciones, sino que ayer, a través de Humberto Fayad Wolff, director corporativo de la empresa, anunció que emprenderá acciones legales contra Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, por involucrar la cadena de supermercados en una presunta operación política, en colusión con el PRI-PVEM, para comprar votos en favor de Enrique Peña Nieto.

Y no sólo eso. Fayad Wolff dijo que incluso están ponderando la posibilidad de presentar una queja formal ante organismos de derechos humanos.

Los de Soriana están preocupados pues, aunque el escándalo no derrumbará su emporio, el desgaste en imagen puede costarles aún más millones de dólares ya que las quejas de los ciudadanos no cesan; por el contrario, ahora las protestas se han extendido de la Ciudad de México a todo el país.

Pero, mientras el mercado accionario mexicano le pasa factura a Soriana, ¿qué sucede con el PRI, con el PVEM, con sus dirigentes y su candidato? ¿Qué dice la autoridad electoral? Nada. Nada en absoluto.

Si en México las autoridades realmente cumplieran con lo que marca la legislación y se sancionara jurídica y económicamente a partidos y políticos, si verdaderamente les “pegarán” en sus bolsillos –como ya lo están haciendo los inversionistas con Soriana– ya veríamos si no la respetaban al pie de la letra. Pero mientras la ley no se aplique, al menos para la privilegiada clase política, ellos felices… a seguir gozando de la impunidad.

Redacción/SinEmbargo

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