Los registros permitieron la comunicación entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, con el grupo élite de la policía de Iguala, “Los Bélicos”.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa permitieron la clasificación y seguimiento de 87 millones de registros telefónicos, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa logró ubicar, a través del seguimiento de dichos registros telefónicos, alrededor de 84 mil registros claves que permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios que operaron durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El mencionado intercambio de información permitió observar con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos junto con distintas autoridades con el fin de perseguir, detener, violentar y desaparecer a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes viajaban en un autobús con destino a la Ciudad de México (CdMx).
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— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 11, 2023
Es por ello que se logró identificar la comunicación entre policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, en Guerrero, con el grupo denominado “Los Bélicos”, que formaban parte de la policía de Iguala.
Con dicho rastreo, relató la Segob en un comunicado, pudo llegarse a la conclusión de que los estudiantes desaparecidos fueron divididos en al menos seis núcleos al salir de la terminal de autobuses de Iguala, hecho que desmiente la “Verdad Histórica”, versión de los hechos presentada por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, actualmente preso, en la cual se aseguraba que los normalistas fueron entregados a Guerreros Unidos y posteriormente quedamos en el basurero de Cocula.
La Segob culminó el comunicado con el compromiso del Gobierno federal para analizar todos los elementos disponibles y dispuestos a la Comisión para esclarecer lo sucedido.
El pasado 8 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia detalló que recibió documentación de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Salud (SSa) y la propia Segob.
Además, señaló que trata el caso como un asunto de Estado por lo que trabaja “meticulosamente” para llegar a la verdad sobre lo ocurrido.
Asimismo, colaboraron instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); así como los gobiernos de los estados de Morelos y Guerrero.
EL GIEI DEJA MÉXICO Y DENUNCIA OPACIDAD DEL EJÉRCITO
El Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzó a finales de julio un último mensaje antes de dejar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, en el que destacó que la documentación entregada por la Sedena y la Semar corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
Asimismo, el GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
e la misma forma, el GIEI aseguró que su trabajo pudo contribuir a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuertes de información como en el caso del basurero de Colula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación del Río San Juan, la evaluación médico-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen.
“El GIEI ha dejado al país seis informes sobre el caso, que han sido la base para el caso y para las políticas de atención a las víctimas, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias”, dijo.
