“La violencia y la inseguridad heredadas de las anteriores administraciones siguen imperando a lo largo y ancho de todo el país”. Foto: Cuartoscuro

Como es de dominio público, en el primer año de su Gobierno, el Presidente de la República se abocó fundamentalmente a poner freno a la corrupción y la impunidad, implementar una política de austeridad republicana, apalancar las finanzas públicas de empresas paraestatales como Pemex y la CFE, implementar cambios de fondo a las fallidas “reformas estructurales” del sexenio anterior y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, de Paridad de Género, Educación, Salud, Extinción de Dominio, Prisión Preventiva Oficiosa y de los Derechos humanos.

A la par, desde el inicio de su mandato tomó distancia con la iniciativa privada, la oligarquía financiera y los organizaciones civiles no gubernamentales patrocinadas por los magnates, que se sintieron agraviadas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, luego de una consulta ciudadana.

El NAIM fue remplazado por el Aeropuerto de Santa Lucia, lo que generó una andanada de amparos promovidos por inversionistas del jugoso negocio del aeropuerto inhabilitado, no obstante que se les regresó el dinero invertido.

Durante todo el primer semestre de su gestión el Presidente fue objeto de una permanente embestida política de los partidos derrotados; la crispación social auspiciada por organizaciones civiles gubernamentales y no gubernamentales; agudas criticas y cuestionamientos de los medios de comunicación y polarización política con el, Instituto Nacional Electoral, gobernadores, presidentes municipales y Cámaras Empresariales, Casas de Bolsa y compañías financieras que vaticinaban a los cuatro vientos una profunda recesión de la economía, fuga de capitales, incertidumbre financiera y castigo a la deuda soberana.

En el segundo semestre, esa beligerancia y catastrofismo se fue diluyendo mes a mes, sino porque la realidad se abrió paso con la designación de Santiago Nieto en septiembre del año pasado, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el cual, a diferencia de sus antecesores, se dio a la tarea de cumplir a fondo las irregularidades financieras y hacendarias cometidas por empresarios  y los desvíos de recursos públicos y actos de corrupción cometidos por funcionarios, líderes sindicales, legisladores, gobernadores, alcaldes y hasta ex presidentes de la República.

Los logros alcanzados por la Unidad de Investigación Financiera son significativos y trascedentes. Gracias a la UIF se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas a Pemex; se logró disminuir el 55 por ciento de la sustracción del gas LP; se detectaron 20 casos de lavado de dinero y se bloquearon 811 cuentas y se vinculó a proceso judicial a 680 personas y se dictaminó sentencia penal a 562.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Neto, reveló que se han congelado 980 millones de pesos a los cárteles de las drogas y 468 millones a los grupos huachicoleros y se incautaron de manera precautoria mil 400 millones de pesos con casos de corrupción política.

Todo este engranaje de corrupción, desvíos de recursos públicos, robo de hidrocarburos, evasión fiscal, desvío de recursos públicos y demás se quedó corto, una vez que salió a flote información en EU de la colusión de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Publica durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con los cárteles de la Droga.

Y no es para menos. Lo que mas preocupa a los ciudadanos es la inseguridad y violencia en que está inmerso nuestro país, frutos una y otra, no sólo de la pobreza, descomposición social y familiar y el creciente consumo de drogas, sino también de la colusión del Poder Ejecutivo, el Judicial, manos militares y policiacos con el crimen organizado y los cárteles de la droga, como ha quedado al descubierto con la detención y proceso del emblemático Genaro García Luna, que ha optado por colaborar como testigo protegido con el Juez que impuso cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán.

Eso tiene a los ex presidentes con los pelos de punta, pues temen –y con justa razón—que García Luna en su condición de testigo protegido, “suelte la sopa” y los acuse ante el Juez Norteamericano como cómplices, ya no sólo en lo que se refiere a la triangulación de los 2 mil millones de dólares que le entregaron –que está debidamente documentado–, sino también de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En este contexto, aunque AMLO insiste en que lo suyo no es la “venganza”, en una de sus mañaneras dejó en claro que no iba a ser tapadera de nadie y que por el contrario, estaba a favor de que EU haga una la investigación a fondo de los vínculos de García Luna y sus cómplices, con el crimen organizado.

Y no puede ser de otra manera. La mal llamada “guerra contra el narcotráfico” dejó una estela de muerte que sigue vigente año con año, mes con mes y día con día. Los actos de corrupción e impunidad que están saliendo flote, no pueden quedar sin castigo.

La violencia y la inseguridad heredadas de las anteriores administraciones siguen imperando a lo largo y ancho de todo el país por donde quiere que se le mire, y pueden convertirse en el talón de Aquiles de la 4ta transformación.

Los ciudadanos lo saben. No es casual que en la encuesta realizada por el periódico El Financiero la semana pasada, el Presidente obtuvo altas tasas de aprobación en cuanto a su desempeño, liderazgo, capacidad, combate a la corrupción, combate a la pobreza, educación, salud, etc. En tanto que en el rubro de la seguridad pública la opinión le fue desfavorable, pues le bajo un punto porcentual de aprobación (del 52 al 51).

Es de esperar, por el bien de México, que a la par de las políticas sociales que en este año va impulsar, el Presidente ponga especial atención y esfuerzo a la inseguridad y la violencia.

La seguridad y la justicia son ejes claves para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Infortunadamente en ambos rubros el Estado es deficitario; ha dejado mucho que desear en cuanto a su obligación constitucional de tutelar y proteger la vida, la integridad, propiedad, derechos y libertades de los ciudadanos y garantizarles el acceso a una justicia pronta y expedita.

La violencia y la inseguridad han afectado la convivencia social, la actividad productiva, trastocado el orden público y la paz, lo cual resta legitimidad al Estado y fomenta la perdida de confianza en las instituciones de seguridad pública y del Poder Judicial.

Para subsanar este déficit de gobernabilidad, se requiere, según mi punto de vista, homologar los protocolos de acción policial y los de inteligencia; fortalecer los mandos policiales estatales y municipales; crear un sistema nacional de evaluación de las acciones y políticas públicas de seguridad por entidades federativas, regiones y municipios a partir de indicadores de desempeñó y resultados en alianza con la sociedad.

Y agrego. Es necesario se evite la politización de los temas de seguridad y justicia, se delimiten competencias y se asuman responsabilidades precisas y también se rinda cuentas transparentes a la población por parte de los tres niveles de Gobierno.

La transición de poderes que se ha logrado con la 4ta Transformación es una gran oportunidad para embonar una alianza entre Estado y sociedad para consolidar una política integral de seguridad ciudadana que atienda las causas multifactoriales que dan origen al delito y la violencia.

Veremos y diremos si hay eco a este reclamo social.