Atrapado por su propia complicidad con las Fuerzas Armadas, el gobierno de López Obrador empantanó la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos la Noche de Iguala. A estas alturas del partido no hay manera de que cumpla con la promesa de conocer la verdad, saber qué fue los que realmente pasó, ya no digamos hacer justicia. El cambio en la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa persiguió dos objetivos. El primero, detener de tajo el derrotero de la investigación que había comenzado el fiscal Omar Gómez Trejo y que pasaba por entender a fondo el contexto, el papel y la complicidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los estudiantes, así como la conexión con el tráfico de heroína hacia Chicago.

El segundo objetivo, que es para lo que llegó el fiscal Rosendo Gómez Piedra, es patear el caso sabiendo de antemano que no lo van a resolver. La liberación bajo fianza en Chicago de traficante mexicano Pablo Vega Cuevas, conocido como, el Tasnformer, dejó en evidencia que el nuevo fiscal detuvo esa línea de investigación. Al mismo tiempo que el presidente, de dientes para afuera, pidió a la Secretaría de la Defensa que entregara toda la información (cosa que no han hecho ni harán) la instrucción al nuevo fiscal parece ser empantanar y burocratizar la investigación.

Cada día hay más evidencia de que detrás de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa hay una intrincada red de complicidades que tienen que ver con el tráfico de heroína desde Guerrero hasta Chicago. Hoy está claro que el famoso quinto camión llevaba heroina y que eso desató la furia y la locura que terminó con la desaparición de los 43 jóvenes. La pregunta es hasta dónde llega la red de intereses y protección de esa específica trama de narcotráfico y hasta dónde está dispuesto el gobierno de López Obrador a escarbar no solo para saber qué pasó, sino por qué pasó.

En la conferencia de prensa en que anunciaron su retirada de México y del caso el año pasado, el Grupo de Expertos Internacionales, conocido como GEI, dejó claro que para llegar a la verdad era fundamental la colaboración como testigo del Trasnformer y que el Ejército abriera la información.  Ninguna de las dos cosas ha sucedido y por los que parece ninguna de las dos sucederá. Hoy el presidente está más preocupado por la esgrima verbal con los padres de los estudiantes, por desacreditar a quienes exigen que se esclarezca el caso, como en Centro Pro de Derechos Humanos,  y por tener contentos a sus grandes aliados políticos, las Fuerzas Armadas, que por generar las condiciones para resolver al caso.

En política empantanar y ensuciar los asuntos de justicia es una de las estrategias más perversas y socorridas. Qué bueno que no son iguales.

Diego Petersen Farah

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