Desde que inició la administración del actual Presidente Enrique Peña Nieto, los escándalos de corrupción han brotado como hongos. El propio Jefe del Ejecutivo federal, su esposa y uno de sus hombres más cercanos son protagonistas de uno de estos pasajes, que han enviado a su administración a los niveles más bajos de credibilidad. El combate a la corrupción y la creación de una Fiscalía Especial que combata este delito ha estado en el tintero y en la “congeladora” de la Cámara de Diputados, donde la iniciativa no ha prosperado.

Las cifras muestran la urgencia de establecer un organismo autónomo que combata este delito. De acuerdo con el más reciente Índice de la Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, México está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo: al año se cometen 200 millones de actos de corrupción con un costo de 400 mil millones de pesos.

En medio del debate mundial que han desatado revelaciones periodísticas sobre cómo a través de esta práctica ilegal políticos, empresarios, deportistas y figuras del espectáculo se han hecho de propiedades de lujo y de fortunas inexplicables, expertos llaman a voltear hacia aquellos países que desde hace más de medio siglo ya cuentan con organismos ex profeso para castigar e, incluso, prevenir el delito.

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente existen 98 agencias o sistemas anticorrupción, pero son 17 los países que se mantienen como ejemplo. En el caso de América Latina, Perú, Bolivia, Ecuador y Honduras aventajan por mucho a México, pues algunos de ellos, desde hace más de una década, cuentan con este tipo de fiscalías que, además, son independientes e incluyentes.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– En noviembre del año pasado, el juez federal estadounidense Mark Lawrence Wolf sorprendió a los congresistas de su país al mostrar las cifras sobre la corrupción en el mundo. No se trataba sólo de los costos económicos sino de los daños colaterales que esta práctica ha dejado en el planeta, y que van desde pérdidas de dinero y empleos hasta la muerte de miles de niños y niñas.

Wolf, junto con Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, ha tomado como bandera la creación de una Corte Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de evitar que al año mueran en el mundo 140 mil niños y niñas a consecuencia de esta práctica.

La gran corrupción se devora actualmente más de 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según datos de la ONU. Estimaciones citadas por Wolf reflejan que los flujos financieros ilícitos que salen de países en desarrollo son 10 veces más grandes que la ayuda que esas naciones reciben del exterior, y esto tiene consecuencias humanas directas.

“En el mundo industrializado podemos cometer el error de ver la corrupción como un mero robo de dinero, pero de hecho la corrupción política mata a más personas que las guerras y las hambrunas combinadas: 140 mil niños y niñas al año, según nuestras estimaciones”, ha expuesto en foros internacionales el director ejecutivo de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (Gopac), Akaash Maharaj.

“Si un actor político matara a todas esas personas, habría muy pocos que no dirían que tenemos que abordar este problema. Pero quienes causan sufrimiento humano a través de la corrupción política no son menos culpables”, destaca.

Por este motivo tanto Wolf como Al Hussein se han convertido en dos de los principales promotores de la instalación de agencias o fiscalías anticorrupción en el mundo, para que no solamente se detengan los obstáculos que la práctica representa para el crecimiento, sino también las miles de muertes que la actividad provoca al traducirse en evasión a las leyes y a la falta de servicios públicos de calidad, como los relacionados con la salud.

Gopac, integrada por legisladores de casi todos los países, promueve desde hace al menos tres años una acción internacional concertada contra la corrupción. En distintos foros, Maharaj ha dicho  que los miembros de su organización han perdido la fe en la capacidad de muchos estados de afrontar la corrupción política en el ámbito nacional.

Aunque hay mecanismos internacionales que prevén sanciones por abusos a los derechos humanos, en gran medida, la corrupción continúa cayendo en una zona nebulosa de responsabilidad nacional.

En México, se ha cuestionado recientemente la falta de un sistema integral anticorrupción, pues la Secretaría de la Función Pública (SPF) –lo más cercano a una fiscalía– no cubre todas las aristas del problema, sobre todo si se toma en cuenta que desde hace medio siglo distintas naciones se han encargado de establecer fiscalías o agencias encargadas de investigar y sancionar este tipo de delitos.

Actualmente existen al menos 98 agencias o fiscalías anticorrupción en el mundo, siendo el modelo de Hong Kong en el que se han basado la mayoría de las naciones.

El documento “Las agencias anticorrupción en el derecho comparado”, realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República, destaca que el elemento común que dio origen a las mismas “tiene que ver con la voluntad política por parte de los gobiernos para erradicar la corrupción. En buena medida, los alcances y límites de estas Agencias develan con cierta claridad, el nivel de compromiso que, en cada momento, las elites políticas tienen para combatir la corrupción. De ello también dan cuenta la presencia de mecanismos ciudadanos de control o supervisión en el funcionamiento interno de la Agencia, la tipificación exhaustiva de las distintas modalidades de los delitos y el establecimiento de duras penas administrativas, corporales y pecuniarias para quienes resulten responsables de los mismos”.

El estudio destaca que el modelo de una sola agencia, con facultades amplias en el combate a la corrupción, está asociado también a la lucha que democracias jóvenes y países que en momentos de “emergencia” se ven en la necesidad de fortalecer sus instituciones, promover el desarrollo económico y consolidar su régimen de libertades y Estado de Derecho.

“Esto tiene importancia, porque en buena parte de los países estudiados, las deficiencias estructurales y operativas de la administración pública parecen haberse reducido significativamente con la creación de una sola agencia, en contraste con la dispersión normativa que normalmente precede esta decisión”, destaca el documento.

EL MUNDO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Esta semana fue ejecutado Liu Han, un poderoso magnate de la minería china con vínculos con el ex zar de Seguridad Zhou Yongkang, el cargo político más alto investigado actualmente por corrupción. Entre los delitos que se le imputaron al ejecutado estaba justo el ser corrupto, según informó la prensa de ese país.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y con Manuel Guerrero, experto en Transparencia de la Universidad Iberoamericana, en el mundo existen tres tipos de fiscalías o agencias que combaten la corrupción.

El primero se refiere a agencias con múltiples propósitos y capacidades de aplicación de la ley (multi- purpose agencies with law enforcement powers). Se trata de agencias poderosas basadas en pilares de prevención y persecución de la corrupción cuyo trabajo involucra desde asistencia técnica, análisis de políticas, recomendaciones y asesoría en materia de información, monitoreo, investigación y, en cierta medida, persecución de los delitos. A este modelo pertenecen la gran mayoría de países asiáticos y algunos modelos latinoamericanos, africanos y europeos.

El segundo son las instituciones de aplicación de la ley (law enforcement type institutions), muy populares en Europa y África. Este modelo es ampliamente utilizado por parte de cuerpos burocráticos al interior de las instituciones de procuración de justicia. Destacan los casos de España y Bélgica, entre muchos otros.

El tercero es el modelo denominado de instituciones preventivas, de desarrollo de políticas públicas y coordinación (preventive, policy development and coordination institutions), en donde las agencias tienen mucho más un rol preventivo, de análisis y monitoreo que de investigación estrictamente criminal. En este modelo destacan algunos casos latinoamericanos, pero, principalmente el modelo francés.

Según expertos, la gran mayoría de los organismos anticorrupción en el mundo, aunque son parte de aparato gubernamental, operan de manera autónoma y con integrantes de distintos sectores que van desde el clero hasta campesinos y pueblos indígenas.

“El tema parecería nuevo, pero los organismos internacionales que se dedican al combate a la corrupción se han estado creando desde hace más de medio siglo. El tema que parecería nuevo no lo es tanto, ya hay varios países que toman la delantera desde hace mucho tiempo. Hay casos desde 1952 que existe en Singapur y hay otros más recientes como de países de Europa del este que en los últimos 15 o 20 años, bajo la presión de reducir sus niveles de corrupción para ingresar a la Unión Europea han creado agencias como las de Rumania y Eslovenia”, explica a SinEmbargo Manuel Guerrero, experto en Transparencia de la Universidad Iberoamericana.

Entre los países que ya cuentan con este tipo de sistemas destacan el mismo Singapur, Hong Kong, Noruega, Francia, España, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Ecuador, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Nigeria, Tanzania y Kenia.

De estos países, Guerrero destaca el procedimiento y operación de la fiscalía anticorrupción de Hong Kong, donde cualquier individuo, persona física o moral, por iniciativa propia, de la comisión o cualquier persona en el gobierno puede presentar una queja de corrupción para que se investigue. El segundo paso es revisar si hay sustento para una investigación. En dos días, el denunciante tiene respuesta y si su demanda es admitida, una unidad de investigación se encarga de juntar evidencias y si se encuentran datos robustos para la persecución del delito se trabaja en conjunto con el Departamento de Justicia, en casos urgentes puede realizar el arresto. Se trata de una entidad pública autónoma e independiente del gobierno, no le responde al gobierno y el nombramiento de los fiscales no depende el Presidente sino de un acuerdo parlamentario.

Si bien en casi todos los países existe una legislación contra la corrupción, activistas sostienen que muchos de los funcionarios más corruptos a menudo logran usar su riqueza y su poder para subvertir estas leyes. Esas figuras en general son las que tienen menos probabilidades de ser llevadas ante la justicia en sus países, y por lo tanto suelen quedar impunes.

Otro sistema anticorrupción reconocido a nivel mundial por su eficiencia es el de Noruega. Su agencia contra este delito se dedica a la investigación y persecución de los sospechosos.

En el caso noruego, la agencia es parte de la estructura gubernamental “por una cuestión casi histórica, resulta que Noruega siempre aparece en los primeros sitios de transparencia. Los estudios muestran que se le reconoce por parte de la ciudadanía y la opinión pública los altos grados de moral publica”, observa Guerrero.

La agencia noruega mantiene independencia del gobierno y, a pesar de ello, según expertos, tiene una larga tradición de transparencia en la información gubernamental en sus instituciones. “Ni siquiera necesitan tener un Instituto de Acceso a la Información porque sus instituciones están generando continuamente un montón de información, es lo que llaman el gobierno abierto”, explica el académico de l Ibero.

Maharaj, por su parte, considera que de los sistemas que se han credo en los último años, los más completos son los de Lituania y Letonia. En ambos países su esquema anticorrupción depende del Primer Ministro directamente y está enfocado a la prevención, investigación y persecución del delito.

“Como parte de su trabajo tienen un área de educación cívica en términos de pensar en una serie de actividades que desarrollan para la población y capacitación de funcionarios y servidores públicos para que no hagan cosas que no deben hacer”, destaca.

La Comisión Independiente Contra la Corrupción en Singapur también contempla esta parte preventiva.

En distintas ocasiones, Edgardo Buscaglia, autor del libro Vacíos de Poder en México, ha señalado a la corrupción como uno de los problemas trocales que impiden el avance de la democracia y el crecimiento de un país.

“El problema de la corrupción desorganizada es cuando un gobierno comienza a experimentar vacíos en su Estado, sus instituciones comienzan a ser fagocitadas por grupos criminales o por poderes fácticos legalizados, ya sea televisoras o lo que sea. El problema es que el Estado pierde su capacidad de control del comportamiento de sus funcionarios, van formando feudos pequeños en cada estado, municipio, que ya no responden a nada. Hay corruptos con permiso y corruptos sin permisos, básicamente empiezan a actuar como una piraña que muerde lo que pueda, la corrupción desorganizada es más dañina”, expuso para SinEmbargo, en 2013, el también investigador en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

El especialista uruguayo agrega que la corrupción, que ningún estado puede eliminar, cuando es organizada es porque el Estado reacciona y castiga si la detecta, en cambio la desorganizada es cuando no hay reacción de las instituciones de gobierno.

Todos coinciden en que un país que no combate la corrupción no puede avanzar y, como señalan los promotores de la iniciativa IACC, cuando no se ataca a tiempo puede también cobrar vidas.