El próximo 6 de junio tendremos las elecciones concurrentes más grandes en la historia de nuestro país. Se calcula que estarán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 20 mil 292 diversos cargos locales. Claro, la amplia mayoría, corresponde a regidores de los dos mil 457 municipios con que cuenta el país.

El INE, entonces, se prepara junto con los institutos electorales de los estados para recibir los más de 94 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal, lo cual consumirá la mayor parte de los 19 mil 523 millones de presupuesto – que sería aún más si se resuelve a favor del INE el amparo interpuesto contra un recorte de 870 millones-; pero, mientras son peras o manzanas, de esa multimillonaria cantidad se destinarán siete mil 266 millones a los partidos políticos nacionales. Habría que agregar, además, lo correspondiente a los presupuestos de los gobiernos estatales representa una cantidad igualmente multimillonaria.

Entonces, la dimensión del gasto nos muestra que la democracia mexicana sigue siendo una de las más caras del mundo simplemente en números redondos si cruzamos el presupuesto del INE en organización y partidos políticos, contra los 500 diputados federales, cada uno de estos futuros legisladores costará al erario alrededor de 40 millones de pesos. Es decir, dos millones de dólares, aproximadamente. ¿Los valen?

Ahora bien, si esto es escandaloso en un país que invierte mucho en elecciones teniendo grandes carencias y desigualdades sociales, es más, cuando revisamos indicadores de calidad, de rendimiento, en el ya largo proceso de democratización.

Para darnos una idea, más o menos objetiva, del lugar donde estamos basta echar un ojo al Índice de Desarrollo Democrático 2020 (https://idd-mex.org/), es decir, “al proceso por el cual el sistema político, con todos sus actores institucionales y sociales construye soluciones que le permiten acercarse a los fines de la democracia”.

Este indicador politológico creado en 2010 por un conjunto de instituciones académicas y de investigación, está comprometido con la construcción democrática de nuestro país, y muestra una fotografía anual de este desarrollo en los estados de la federación “tanto en sus aspectos institucionales, como en el sistema político en su conjunto y del logro de un mayor desarrollo para la sociedad local”.

Este índice mide cuatro dimensiones del desarrollo democrático con una serie de indicadores principales y secundarios:

Primero se encuentra la llamada democracia de los ciudadanos, que tiene que ver con el voto de adhesión política, respeto de los derechos y libertades civiles, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad, el compromiso ciudadano y género en el Gobierno.

La segunda, vinculada a la democracia de las instituciones, esto es cuál es el nivel de cumplimiento Estado de Derecho, la calidad y eficiencia institucional que se mide a través de la percepción de la corrupción, la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, la desestabilización de la democracia, el factor de anormalidad democrática y de intervención del Gobierno federal además de accountability legal, política y social; y lo que estaría referido a los fines y dan sentido a la democracia que tiene dos dimensiones.

Tercero, la democracia social y humana, referida a los resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad y que se manifiesta a través de desempleo urbano, nivel de pobreza, desempeño en salud y en educación.

Y, finalmente, la democracia económica, que se manifiesta en los resultados de la gestión pública que aseguran eficiencia económica a través de la competitividad en la relación de Estado-sociedad, el coeficiente de desigualdad de ingresos, PIB per cápita, la autonomía financiera e inversión.

¿En dónde estamos cómo país luego de 40 años de la reforma electoral de 1978-1979 que fue la primera gran iniciativa para reformar el sistema político?

El índice que cubre el periodo 2010-2020, esa decir, los últimos tres años del Gobierno del panista Felipe Calderón; todo el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y dos del Gobierno de morenista de López Obrador, lo que significa que el resultado que se ha obtenido corresponde técnicamente a tres modelos diferentes de Gobierno.

Globalmente muestra que en 2010 había ocho estados que se ubicaban con un alto desarrollo, diecisiete con un nivel medio, tres de bajo desarrollo y tres con un mínimo desarrollo democrático, lo cual podríamos decir que es la herencia de los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

Diez años después la fotografía mejora los ocho se convirtieron once, los diecisiete en once, los tres en cuatro y los tres en seis estados en la escala de desarrollo democrático, respectivamente.

En suma, tenemos que de los veinticinco estados que estaban en el nivel alto y medio de desarrollo democrático se redujo a veintidós mientras los estados con bajo y mínimo desarrollo democrático había pasado de seis a diez, lo que significa un retroceso en prácticamente en la trasera parte de estados de la federación.

Pero, entrando en detalle en los cuatro indicadores, podemos tener más clara la película. En el capítulo de la llamada de democracia de los ciudadanos tenemos que en 2010 la distribución por niveles desarrollo democrático era de 2, 18, 11 y 1 mientras en 2020 4 de alto, 15 de medio, 8 de bajo y 4 de mínimo desarrollo, respectivamente.

En el capítulo de la llamada democracia de las instituciones es donde se ve la peor caída pues en 2010 fueron 4, 22, 4 y 2 estados y en 2020, ningún estado entra en el grupo de los de alto desarrollo democrático de tal manera que la distribución es 5 de mediano de desarrollo 5, y 14 y 13 de bajo y mínimo desarrollo. Es decir, 27 estados estaban mal calificados sin distingo de colores de Gobierno. Y se supone que una de las inversiones que sean hecho es en la creación de los órganos ciudadanos autónomos.

En cuanto al apartado de democracia social en 2010 son 3, 16, 10 y 3 estados, respectivamente, mientras en 2020 la fotografía cambia es 1, 18, 10 y 3 estados respectivamente.

Finalmente, está el indicador de democracia económica la distribución en 2010 es de 6, 11, 6 y 9 en la escala de calificación y en 2020 es esa misma escala tenemos 6, 10, 11 y 5 estados, respectivamente, es decir, no mejoramos y si en cambio, hubo un ligero retroceso.

Grosso modo, este balance no habla bien de nuestro de desarrollo democrático en el nivel de participación ciudadana, el saldo en democracia institucional esta pésimamente calificado y los valores en democracia social y económica se mantienen en un nivel intermedio.

Y con este saldo, lo único que se me ocurre para cerrar el texto, es que urge una gran reforma económica en materia electoral, no es un buen negocio público invertir cuantiosas sumas de dinero en algo que produce tan pobres resultados.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Demanda excesiva de energía pone en alerta sistema eléctrico, y la derecha aprovecha