Pues sí, querido lector. Así se las gastaban en el gobierno los sexenios pasados. No es que no lo supiéramos. Ahí, en el espacio oscuro de las oficinas públicas se desviaban los recursos públicos, funcionarios premiaban a sus amigos y cercanos, les hacían “favores” de todo tipo, después de hacérselos a ellos mismos.

Los sexenios de la transición democrática se distinguieron por la creación de instituciones y contrapesos, y también por el robo y el abuso de funcionarios en contubernio con la élite empresarial e intelectual cercana a ellos, tal cual sucedía en la dictadura perfecta. No sucedía en una secretaría solamente, sino en todas. La corrupción era un síntoma extendido y tolerado. Cometida en lo oscuro, les permitió a muchos miembros de mafias o clanes intelectuales allegados al poder vivir con prestaciones indebidas. Sus privilegios no se circunscribían a meros actos corruptos, muchos de los privilegios y dispendios se otorgaban de manera legal, incluso. Múltiples contratos millonarios para unos cuantos, favoritismos, instituciones corrompidas, prebendas establecidas como normales, sueldos desmesurados, crearon una clase que vivía (y algunos todavía viven) a costa de los impuestos de todos. El gobierno lopezobradorista no desarticuló todas esas estructuras, ni cortó todas las fuentes de subvención indebidas o inmorales, hay que decirlo. Pudo hacerlo, pero no lo hizo y en algunos casos solo agudizó la cultura patrimonialista y los privilegios. Yo todavía me pregunto por qué no cambió de raíz instituciones que provienen del priismo arcaico, que otorgan pensiones vitalicias, pagadas con recursos públicos como el Colegio Nacional. Una vergüenza que este gobierno no haya modernizado esa institución, eliminado esas pensiones, convertido en honorario el ingreso de sus miembros; que haya permitido que una institución que reparte dinero público de manera totalmente discrecional, sin rendir cuenta alguna, proveniente del México autoritario, continuara impune.

Y es que en la época de la “transición democrática”, que tanto aplaudían y celebraban, la vieja cultura priista del robo al erario continuó tan viva como antes del año 2000. El escándalo reciente del acto de corrupción que benefició durante veinte años a la analista política y exfuncionaria foxista, María Amparo Casar, es un ejemplo paradigmático de cómo funcionaba la corrupción en las altas esferas gubernamentales en sus dos vías: la intelectual y la gubernamental, fundidas en una. Porque Casar era funcionaria pública cuando Pemex le pagó un jugosísimo seguro de vida que Pemex le contrató para su fallecido esposo, por diecisiete millones de pesos, y una pensión vitalicia por ciento veinte mil pesos mensuales, de manera indebida. Sin tener derecho a ellos, y gracias al influyentismo, María Amparo Casar cobró esas cantidades después de que Pemex tratara como “accidente laboral” el suicidio de su esposo, en la Torre de Pemex. Una pensión, por cierto, muy onerosa por un trabajador que solo laboró cuatro meses en la institución, pero era un alto funcionario, como la propia Casar, en la administración de Vicente Fox. El suicidio fue dictaminado oficialmente y el dictamen enviado a sus familiares, según ha declarado recientemente el ex procurador de la Ciudad de México en ese entonces, Bernardo Batiz. No hay ninguna controversia al respecto, al menos desde el punto de vista legal. Sencillamente, funcionarios de la paraestatal apresuraron los trámites, cambiaron la causa de muerte para que procediera el robo, tanto a la aseguradora (que Pemex contrató y pagaba) como a la propia Pemex, que ha pagado la pensión vitalicia de la analista. Veinte años, querido lector, María Amparo Casar recibió recursos públicos producto de la corrupción, con total impunidad. En el colmo del cinismo, y una vez que Pemex le retiró la pensión hace unos meses, ha tenido el descaro de pelear judicialmente para que los mexicanos la sigan manteniendo. No hay, por supuesto, otra palabra para esto que no sea: sin vergüenza.

Pero no me extraña, porque mientras fungía como analista política, en los sexenios pasados, se dedicó a legitimar al gobierno. No sé si usted lo recuerda, pero María Amparo Casar sistemáticamente atacaba y descalificaba a las luchas populares, como la de Atenco, y a la izquierda lopezobradorista, digamos, era una propagandista oficiosa del régimen panista. Ahora sabemos que, además, era una propagandista pagada, que vivía gracias a la corrupción de esos mismos funcionarios y gobiernos que defendía con la jerga de la institucionalidad democrática, como una mera simulación hipócrita pues tenía un interés muy específico y personal en que los mismos continuaran en el poder en las elecciones del 2006, por ejemplo.

Fue después de la llegada de la izquierda al poder que se convirtió en furiosa crítica del gobierno, y directora de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que ha servido como ariete contra el gobierno lopezobradorista. Una corrupta impune liderando una asociación contra la corrupción y la impunidad, es no solo escandaloso, sino bochornoso, querido lector. Claro, ahora se presenta como víctima de una persecución del poder que la denunció públicamente, sin cuidar sus datos personales, para intentar desviar la atención del acto de corrupción que la benefició durante veinte años.

El caso es, a todas luces, una bomba en el corazón de la clase intelectual y empresarial de la oposición. Una bomba nuclear, para ser precisa, porque deslegitima a Casar como analista e irremediablemente a la organización que dirige y que ha sido usada como arma política electoral contra el gobierno, a través de sus investigaciones contra el gobierno, el presidente y sus hijos. Ante esta catástrofe, la clase intelectual opositora o mejor dicho, “la mafia del poder” y sus aliados, igualmente beneficiada por gobiernos anteriores, ha tenido que cerrar filas en torno a la analista como en una auténtica omertá, con la esperanza de que los abajo firmantes puedan pesar algo en la indignación de la opinión pública.

Muy mala e insensata apuesta, querido lector. Lo único que han logrado es exhibirse como parte del entramado de la corrupción de los gobiernos anteriores, exhibir ante todo México su pasmosa deshonestidad intelectual con nombres y apellidos: legitimadores del desfalco público si éste es cometido por alguno de ellos, hipócritas defensores de la legalidad. Lo cual evidencia, de manera inevitable, la verdadera naturaleza de ese grupo político, que no busca otra cosa que beneficios indebidos con dinero del erario.

La defensa a ultranza de los actos de corrupción del caso de María Amparo Casar, por parte del grupo opositor, además le ha dado al presidente López Obrador y a Morena una ganancia extra y quizá más importante: la comprobación, en la tribuna pública, a menos de un mes de la elección presidencial, de que en la oposición están los corruptos de siempre, no en sus filas y que, en efecto, es inmoral que haya habido “gobierno rico con pueblo pobre”. Más catastrófico, imposible.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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