En 2009, cuando el priista Fernando Toranzo Fernández le arrebató al Partido Acción Nacional la gubernatura de San Luis Potosí, luego de un sexenio lleno de escándalos y acusaciones de corrupción por parte del Gobernador blanquiazul Marcelo de los Santos Fraga, los potosinos pusieron su esperanza en que el político del tricolor daría vuelta a un sexenio que sumió a la entidad en el rezago.

A unos meses de concluir la administración de Toranzo González, sin embargo, la sociedad potosina vive nuevamente un final de sexenio entre polémica, denuncias y rechazo al actual Gobernador, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional.

En SLP, durante las dos últimas elecciones para la gubernatura, la batalla se ha cerrado entre priistas y panistas, y la del próximo 7 de junio no será la excepción. Por un lado, Juan Manuel Carreras tratará de conservar el poder para el PRI y, por el otro, Sonia Mendoza Díaz tratará de devolver el poder al panismo, además de hacer historia: convertirse en la primera mujer en gobernar la entidad potosina.

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– En las próximas elecciones del 7 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará conservar la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), su mayor contrincante en esta contienda, busca regresar al sitio que en 2009 le arrebató en la entidad el priista Fernando Toranzo Fernández.

En las últimas dos elecciones en este estado, la competencia se ha vuelto más complicada entre panistas y priistas. En 2003, el panista Marcelo de los Santos Fraga venció al priista Luis García Julián, con 42 por ciento de los votos contra 34 por ciento. Para los comicios de 2009, la contienda se cerró aún más, pues Toranzo Fernández obtuvo la gubernatura con un 38 por ciento de los sufragios, frente al 35 por ciento del panista Alejandro Zapata Perogordo.

Durante la administración de Santos Fraga (del 26 de septiembre de 2003 al 25 de septiembre de 2009), y en el tiempo que correspondió al sexenio del Presidente panista Vicente Fox Quezada, ambos mandatarios fueron señalados por diversas organizaciones de haber apoyado a las empresas mineras para acabar con áreas protegidas de la entidad, así como de contribuir con el deterioro del medio ambiente.

En 2013, el actual mandatario potosino Fernando Toranzo sancionó al panista Marcelo de los Santos por el desvío de recursos de un crédito de mil 500 millones de pesos que el ex Gobernador contrató con permiso del Poder Legislativo en las últimas semanas de su sexenio, en septiembre de 2009.

De los Santos Fraga fue sancionado con una multa de 7 mil 791 millones de pesos, la más alta impuesta en la historia de México a un servidor público, y además se le aplicaron 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, el ex Gobernador blanquiazul no se quedó callado: el 15 de octubre de 2013 publicó un desplegado en diarios nacionales para acusar a Toranzo de hacer un “uso mafioso de las instituciones” e impedir su posible participación en los comicios locales de 2015.

Este ha sido uno de los grandes pleitos políticos que ha enfrentado Fernando Toranzo Fernández, pero él mismo tiene un largo historial de acusaciones y señalamientos en torno a los temas de corrupción y conflicto de interés.

A pesar de que actualmente el PRI gobierna en las mayoría de las alcaldías de la entidad –35 de las 58– y cuenta con nueve de las 27 diputaciones en el Congreso, más las de sus aliados naturales como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), el Gobernador no ha podido acallar las acusaciones en su contra, así como a diversos miembros de su administración e incluso a miembros de su familia.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 7 DE JUNIO?

Los potosinos elegirán el próximo 7 de junio a un nuevo Gobernador, así como a 15 diputados por mayoría relativa y a 12 por representación proporcional, además de 58 presidentes municipales. Al 15 de abril de 2015, en la lista nominal de la entidad, habían registrados 1 millón 859 mil 632 ciudadanos, de los cuales el 51.83 por ciento son mujeres, y el 48.17 por ciento son hombres.

En el proceso electoral participarán once instituciones políticas: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el de la Revolución Democrática (PRD), el Acción Nacional (PAN), el Verde Ecologista de México (PVEM), el del Trabajo (PT), el Conciencia Popular (PCP), el Humanista (PH), y el Encuentro Social (PES), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Movimiento Ciudadano (MC).

LA HERENCIA DE TORANZO

DEUDA PÚBLICA

La deuda de San Luis Potosí al cierre de 2014 era de 4 mil 536.2 millones de pesos. Según datos del observatorio México, ¿cómo vamos?, la deuda de San Luis Potosí, al tercer trimestre de 2014, representaba el 1.5 por ciento de su Producto Interno Bruto Estatal.

CRECIMIENTO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

San Luis Potosí, de acuerdo con datos de México, ¿cómo vamos?, registró durante el primer trimestre de 2015 un 2.6 por ciento de crecimiento, pese a que la meta del actual Gobierno local se fijó en 6 por ciento anual.

Durante el mismo periodo, en la entidad se generaron 6 mil 926 nuevos empleos formales, con los que superaron la meta de 6 mil 300. Mientras que la productividad del estado se quedó por debajo de la media nacional, que es de 662 pesos por cada hora trabajada, pues el estado produjo 575 pesos por hora productiva.

ESCÁNDALOS POR CORRUPCIÓN

SEPTIEMBRE DE 2013
En septiembre de 2013, diversos medios de comunicación de San Luis Potosí exhibieron que el Gobernador del Estado había utilizado el avión oficial de la entidad para trasladarse durante sus vacaciones, lo mismo que su esposa María Luisa Ramos, quien había utilizado la aeronave para algunos viajes personales.

Toranzo Fernández reconoció que hizo uso de las aeronaves del estado para trasladarse a sitios turísticos o de descanso, e incluso se justificó: “Soy humano y tengo derecho a descansar”.

Las investigaciones periodísticas revelaron que, desde 2010 y hasta el primer semestre de 2013, de 139 registros de salidas y destinos de vuelos realizados el avión oficial de Gobierno de San Luis Potosí sumaba 23 despegues y aterrizajes en un destino frecuente: el Aeropuerto Internacional “Playa de Oro” de Manzanillo, Colima. Se detalló que muchos de esos vuelos se realizaron en puentes vacacionales y en fines de semana.

AGOSTO DE 2013
En agosto del 2013, el Gobierno de Fernando Toranzo Fernández aprobó y contrató, con recursos federales, a un abarrotero, a una empresa que vende aparatos eléctricos, a una agencia de publicidad, a una editorial, a una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas, y a una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad.

Todos ellos cobraron durante ese año al Gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro “servicios de consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En los contratos que la Oficialía Mayor que el Gobierno de Fernando Toranzo firmó con siete empresas de la Ciudad de México, además de datos de directorios de negocios y documentos sobre adquisiciones de dependencias federales y de otros estados, se detectó que ninguna de esas empresas coincidía con el propósito especializado requerido por la SSPE.

FEBRERO DE 2014
El año pasado, la revista Proceso evidenció que, acuerdo con investigaciones de autoridades estadounidenses, a través la administración del Gobernador Fernando Toranzo y en específico de la Dirección General de Pensiones a cargo de Oziel Yudiche Lara, quien en 2011 fundó una empresa “fachada” en Miami, operaban dos presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones señalaron que Yudiche Lara puso a disposición de esta red de lavado de dinero los fondos de los trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente.

Semanas después de que se publicó el reportaje, Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (SITTGE), sostuvo que no hay manera de que Oziel Yudiche utilizara los fondos de las pensiones sin la anuencia del propio Gobernador.

Meses después, en agosto del 2014, la Contraloría de la entidad impuso una sanción de 54 millones de pesos e inhabilitó por 20 años en el servicio público al ex director de Pensiones Luis Gonzaga Sánchez, y al ex subdirector de Préstamos de ese organismo, Carlos Augusto Ramírez, quienes trabajaron en el sexenio del panista Marcelo de los Santos, acusados de realizar una inversión de alto riesgo con recursos del Fondo de Contingencia y ocasionar pérdidas por un millón de dólares en perjuicio de los trabajadores.

Yudiche Lara los acusó de haber acordado destinar recursos del Fondo –utilizado para pagar pensiones extraordinarias y el retiro de funcionarios salientes–, a una inversión de riesgo en Alliance Bernstein de manera indebida.

Sin embargo, y pese a las acusaciones contra Yudiche Lara, hasta el momento el funcionario continúa en el cargo.

OCTUBRE DE 2014
Martín Toranzo, hermano del Gobernador potosino, demandó a inicios del mes de octubre por presunta extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Roberto Naif Kuri, titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Fernando Toranzo.

El funcionario estatal dijo que Naif Kuri le exigió el pago de un millón de pesos a cambio de no generar “un escándalo mediático” ante un caso de corrupción en el que se encontraba involucrado. El encargado de Comunicación Social de San Luis Potosí habría acusado al hermano del Gobernador de recibir el 10 por ciento de un contrato de obra con valor de 29 millones de pesos. El funcionario decidió dejar su cargo, de manera temporal, para ocuparse personalmente del proceso penal.

La acusación que el Secretario de Comunicación Social hizo contra Martín Toranzo, se trataba de una supuesta intervención a favor de una empresa, que en la denuncia aparece identificada como “Tenco Dream”o “Tekno Dream”, para que ésta obtuviera un contrato de 29 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo cual recibiría el 10 por ciento de esa suma. El delegado enfatizó que nunca incurrió en esa acción.

DICIEMBRE DE 2014
Para atraer una armadora de la BMW, la administración de Fernando Toranzo Fernández comprometió al Gobierno de San Luis Potosí a comprar más de 500 hectáreas de terrenos de parque industrial y ejidales; construir carreteras, calles y puentes peatonales de acceso a la armadora; entregarle a la firma una vía ferroviaria para sacar su producción; exentarle impuestos municipales y estatales y hasta pagar la renta de oficinas temporales por 36 meses.

Incluso se estableció la creación del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del estado de San Luis Potosí, que se integrará con el 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre la Nómina.

El Fideicomiso público quedó constituido el 18 de marzo de 2014, y el 22 de mayo de 2014 se constituyó su Comité Técnico. El Fideicomiso no es otra cosa que el vehículo para canalizar recursos “a BMW”.

La única cláusula exigente del Gobierno local en el documento es que si en un plazo de 10 años y 6 meses (126 meses posteriores a la firma del convenio, en el 2024) BMW no cumple con la generación de mil 500 empleos, sin que se estipule que éstos sean permanentes, la firma compensará al estado “a una tasa de 50 mil dólares por trabajo”.

ABRIL DE 2015
Diversos diarios locales dieron a conocer que el Gobernador Fernando Toranzo Fernández y su familia tenían a su disposición a 48 escoltas que cuidan de su seguridad, según el Manual de Organización de la Secretaría Particular del Gobernador del Gobierno del Estado.

El documento, sin embargo, identifica sólo a 32, que estarían a las órdenes del titular de la Dirección General de Ayudantía y Protocolo, Alfredo Vargas Rangel.

El objetivo principal del cuerpo de escoltas del gobernador es “Brindar seguridad al Titular del Ejecutivo Estatal en el desarrollo de sus actividades”.

En el apartado de funciones, esa red de protección se extiende a la familia Toranzo Segura. La dependencia tiene a su cargo la planeación de las rutas de traslado a eventos y lugares que garanticen la integridad del mandatario y la verificación de que los recintos, espacios y sitios donde duerma el mandatario cuente con los elementos necesarios que garanticen la seguridad de Toranzo Fernández.

ATAQUES A DERECHOS HUMANOS

WIRIKUTA
En octubre de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) emitió la recomendación 56/2012 en contra del Gobernador Fernando Toranzo y siete municipios de San Luis Potosí por violar diversos derechos del pueblo Wixárika.

El mes de mayo de ese mismo año, la Secretaría de Economía (SE) federal otorgó 72 concesiones mineras en esa zona sagrada.

La recomendación fue entorno a que se violaron los derechos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, acceso a un medio ambiente sano, así como protección de la salud del pueblo Wixárika debido a la autorización de actividades mineras en la reserva natural Wirikuta.

Además de que las autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas en inspeccionar a los concesionarios mineros y en proporcionar servicios básicos de agua y drenaje, violando los derechos del pueblo Wixárika y demás habitantes de la zona.

CASO CÓRDOVA

El mes de mayo de 2014, el ex sacerdote Alberto Athié denunció que el padre Eduardo Córdova Bautista había “sido protegido sistemáticamente por los arzobispos de la diócesis de San Luis Potosís con cargos y nombramientos importantes y también por las autoridades civiles, incluyendo a este Gobernador y a su esposa, María Luis Ramos Segura”.

La administración de Toranzo Fernández ha sido acusada de no hacer nada, luego de que se denunció a Córdova Bautista de abusar de al menos 100 menores durante más de 30 años.

Toranzo Fernández incluso declaró que el Arzobispo merecía el respeto que como líder espiritual tiene en el estado.

Mientras, el pasado mes de febrero el ex sacerdote Alberto Athié exhibió que la acusación por abuso sexual contra Eduardo Córdova en la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra congelada.