La propuesta, que reformaría la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, fue presentada por una Diputada de Morena.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa de Ley que prohibiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar o realizar interpretaciones de los preceptos de la Carta Magna.
Apoyada por la mayoría parlamentaria de su partido en la Cámara de Diputados, la propuesta contiene una serie de reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución con el fin de “limitar el poder político de la SCJN ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”.
“Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, recalcó la Diputada.
La iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria e indica que la Suprema Corte no puede invalidar los preceptos constitucionales, tan sólo una semana después de que fuera retirado un proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, que planteaba la posibilidad de eliminar esta medida cautelar, con el objetivo de realizar otra propuesta que incluyera las posiciones de las y los ministros para lograr un consenso.
Durante la exposición del proyecto, se destacó que la Constitución ya cuenta con un mecanismo para su modificación, sin embargo, no especifica que sea la Suprema Corte la que pueda llevarla cabo, puesto que es necesario Congreso de la Unión acuerde las reformas o adiciones a la Carta Magna, por lo que si la SCJN llevara a cabo dichas acciones “de forma ilegítima quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo”.
“Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un precepto constitucional, incurriría en rebelión franca y flagrante al texto constitucional, arrogándose, por la vía de la interpretación, facultades que no tiene expresamente conferidas”, señaló la Diputada morenista.
La propuesta reformaría el artículo 105 de la Constitución, el cual dice que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Fue el pasado 8 de septiembre que culminó un debate en torno a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, cuando Luis María Aguilar, Ministro de la Suprema Corte, retiró el proyecto que había presentado sobre la prisión preventiva oficiosa, en el cual planteaba la posibilidad de eliminar dicha medida cautelar.
“Una vez revisadas las versiones taquigráficas de estas sesiones, he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta SCJN, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”, anunció.
Durante la tercera sesión para debatir el tema que ha causado polémica en las última semanas, destacó que en los dos encuentros previos si bien hubo quienes no comparten la metodología del proyecto para los efectos que se proponen, “lo cierto es que se está perfilando lo que me parece es una mayoría muy robusta, e inclusive, quizá, unánime, quizá, en torno a sostener que el uso desproporcionado de la prisión preventiva es contrario a los derechos humanos”.
Por ello, el también licenciado en Derecho pidió a sus compañeras y compañeros del pleno “partir de esa base para la construcción de una sentencia que integre y armonice, en la medida de lo posible, las diversas posturas de los integrantes de este tribunal”.
En su exposición, recordó que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa “sostiene que la prisión preventiva no es una medida deseable”; mientras que Loretta Ortiz Ahlf “la considera contraria a los derechos humanos”; y Alberto Pérez Dayán “exhibe la amplitud que se le ha dado a los supuestos de procedencia de la medida cautelar”.
Por su parte, agregó Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat “enfatizan en que la prisión preventiva cuando se impone en forma automática, se torna inconstitucional”.
En tanto, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek, señaló, “aducen que la prisión preventiva oficiosa contemplada en las normas efectivamente planteadas es desproporcionada, contraria a la seguridad jurídica y al principio de última ratio”.
El Ministro aclaró que su propuesta es “una interpretación constitucional para proteger los derechos de las personas, sobre todo de las más pobres y vulnerables, que la mayoría de las veces no tienen acceso a una defensa adecuada”.
