El Senado recibió la minuta para continuar su proceso legislativo y turnarla a las comisiones correspondientes para su análisis y estudio.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Senado de la República recibió este miércoles la minuta de reforma en materia de seguridad con la cual se deja control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Recibimos en el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal.
El Senador morenista agregó que la minuta recibida en la Cámara Alta se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y “como a cada reforma constitucional, le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas”.
La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma constitucional que extiende hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, decisión que activistas y algunos organismos internacionales consideran un avance en la militarización del país.
La minuta sobre Guardia Nacional recibida en la Cámara Alta se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Como a cada reforma constitucional, le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas.— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 15, 2022
Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó el cambio de un artículo transitorio de la Constitución que amplía de 5 a 9 años la participación de los militares en labores de seguridad pública.
Ahora la reforma pasará al Senado para la discusión final, aunque se prevé que el debate podría complicarse debido a que el oficialismo y sus aliados no contarían con los votos suficientes para la aprobación.
En el 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional que establecía que los militares debían permanecer en las calles hasta el 2024.
La nueva iniciativa, que fue promovida por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyada por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, se da menos de una semana después de que el Congreso aprobó una reforma legislativa que transfirió la Guardia Nacional —que estaba bajo mando civil— a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La decisión del PRI de unirse al oficialismo para apoyar la reforma constitucional generó fricciones al interior de la organización y duras críticas de parte de sus aliados opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el miércoles acusaron a los diputados del PRI de incumplir los compromisos acordados en la coalición Va por México, integrada por esos tres partidos, situación que pone en riesgo la supervivencia de esa alianza. Algunos senadores del PRI han adelantado que no respaldarán la iniciativa.
Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo ocultar su satisfacción por la iniciativa promovida por el PRI, y en su conferencia matutina dijo que, de aprobarse la reforma, se contará con cerca de 500 mil miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país.
Asimismo, López Obrador felicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), que el martes descartó que vaya a presentar una acción legal por inconstitucionalidad contra la reforma legislativa por la que la Guardia Nacional pasó a estar bajo control del Ejército. Varias organizaciones humanitarias criticaron el anuncio de la CNDH, acusándola de estar parcializada hacia el gobierno.
Durante años López Obrador defendió que los militares regresaran a los cuarteles, pero en los últimos meses modificó su postura. La semana pasada reconoció que cambió de opinión ante el recrudecimiento de la criminalidad en el país, problemática que asegura haber heredado de gobiernos anteriores.
Las fuerzas militares han estado desplegadas en México desde 2006 con la misión de mantener la seguridad en las calles. Sin embargo, tras numerosas denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de las Naciones Unidas le han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y los militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no ha disminuido. El mes pasado, grupos de delincuentes y cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
Con 355 votos a favor, los diputados aprobaron la iniciativa del PRI para que las Fuerzas Armadas amplíen su participación en la seguridad pública.
Pasa al Senado pic.twitter.com/n8UbEjs8q5
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 15, 2022
