La Corte suspendió la distribución de los libros de texto en Chihuahua en tanto resuelve el tema de fondo. ¿Qué pasará? Los estados no tienen la facultad de imprimir y distribuir sus propios libros de texto, ya que esta es una competencia exclusiva de la Federación. La obligación de la distribución es esencial, ya que está vinculada a la política pública de educación superior que define la Federación y afecta a todos los niveles educativos, señalaron expertos.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– La distribución de los Libros de Texto Gratuitos constituye un pilar fundamental en el sistema educativo mexicano, diseñado para garantizar la igualdad de acceso a recursos educativos. No obstante, en las últimas semanas ha surgido una controversia en torno a este proceso. Estados, cuyos gobiernos son emanados de partidos de oposición —el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— han optado por no distribuir los libros debido a desacuerdos arraigados en ideologías partidistas y consideraciones políticas acerca de su contenido, señalaron expertos en leyes y analistas consultados.
Se trata de una guerra apoyada en las leyes emprendida por la oposición, que es conocida como “lawfare“, una estrategia que implica emplear procedimientos legales o judicializar temas polémicos con el propósito de paralizar, remover o inhabilitar a gobiernos y gobernantes, que se ha empleado principalmente contra gobiernos de izquierda en Latinoamérica. En el caso de México, se busca frenar las principales políticas implementadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Frente a esta táctica, Chihuahua ha asumido un papel protagónico en la oposición a los nuevos Libros de Texto. Su resistencia no solo busca politizar y partidizar el asunto, sino que precisamente lo ha llevado al ámbito judicial al elevarlo como una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando que esta sea la instancia que resuelva la disputa.
La táctica del “lawfare” de la la oposición consistente en magnificar mediáticamente y llevar a juicio reformas, leyes, reglamentos o cambios sustanciales implementados por la administración actual es, en ese sentido, una ruta conocida.
Algunos de los temas llevados ante la Corte han incluido una controversia en torno a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en marzo de 2021, donde la Corte falló a favor del Gobierno y la CFE; la Ley de Austeridad y los requisitos establecidos para impedir que exfuncionarios gubernamentales trabajen en el sector privado durante una década, un aspecto que fue anulado por la SCJN; las modificaciones para reservar la información relacionada con proyectos de construcción, popularmente conocida como el “Decretazo”; la reubicación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena y la ampliación de sus competencias en seguridad pública; así como la aplicación de prisión preventiva oficiosa y las reformas electorales, conocidas como Plan A y Plan B.
Tras la declaración en contra de la distribución de los ejemplares por parte de al menos seis estados —Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán— la semana pasada, la Secretaría de Educación (SEP) anunció el pasado jueves que había logrado llegar a un acuerdo con la mayoría de las secretarías de educación estatales.
Este acuerdo permitirá que los libros de texto estén listos en las aulas para el 28 de agosto. No obstante, cuatro estados permanecen en calidad de excepción: Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro condicionan su distribución a la ausencia de obstáculos legales, mientras esperan. Chihuahua, por su parte, ni siquiera participó en la reunión para firmar el acuerdo. Todos estos estados tienen gobiernos panistas.
Los estados de Nuevo León y Jalisco también han expresado su intención de no distribuir los libros, pero no han recibido aún resoluciones judiciales de este tipo. Mientras que el Gobierno de Coahuila dio a conocer ayer lunes empleará todos los instrumentos jurídicos que tenga a su disposición con el fin de evitar que los Libros de Texto lleguen a las escuelas a partir del próximo 28 de agosto.
La controversia en torno a los libros de texto es un conflicto que tiene sus raíces en una larga disputa entre el Estado mexicano y el conservadurismo, y ha evolucionado hasta convertirse en un asunto que se encuentra actualmente bajo la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Expertos —tanto en temas jurídicos como educativos— consultados por SinEmbargo coincidieron en que la discusión sobre los libros de texto se ha centrado en cuestiones políticas y no sobre la calidad educativa.
“Los Libros de Texto Gratuitos siempre han estado en el centro de ciertas polémicas. Cuando surgieron, decían lo mismo ‘que los socialistas’, porque siempre se ha visto por ciertos sectores con desconfianza al Estado [….] y volvemos a esa discusión un tanto bizantina, en donde la disputa política importa más que la educación”, expresó el doctor en ciencias sociales y abogado, Alonso Vázquez Moyers,
Para el especialista quienes se oponen a los libros “están llevando la lucha política por otro lado, y están creando como idea que los libros de texto son la educación pública. La educación pública y la educación en general, porque la privada también usa los Libros de Texto Gratuitos, es mucho más que solo los textos, los textos son material de apoyo. Nos pueden no gustar, pero entonces los docentes deben de tener otras estrategias pedagógicas para solventar los errores, si los hubiera; las limitaciones si las hubiera, aunque sean una herramienta muy importante, quizás fundamental para definir los contenidos. Entonces politizar y judicializar siempre lleva a los peores escenarios”.
El especialista en Derecho Constitucional por la UNAM y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Alfonso Herrera, coincidió en que el fondo de este conflicto hay afinidades ideológicas entre las partes, lo que añade una capa adicional de complejidad a la controversia.
“El tema de fondo es que las partes, en este caso el Gobierno federal versus Gobierno estatal de Chihuahua, pues claro que tienen afinidades ideológicas y detrás del conflicto jurídico por supuesto que está jugando esas ideologías. Quienes se quejan de que los Libros de Texto Gratuitos están estableciendo subrepticiamente o explícitamente una ideología con la que no comulga, pues claro que, en el fondo de su demanda se encuentra esa inconformidad con esa ideología, eso, por ejemplo, no es un tema que la Corte necesariamente tenga que resolver”, señaló.
Manuel Gil Antón, miembro del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (Colmex), consideró a su vez que se está simplificando el análisis, pues dijo que detrás de los libros hay un cambio de fondo en la forma en que se impartirá la educación y es sobre el cual se debería de estar reflexionando, para él es importante mirar más allá de la controversia de los libros de texto y enfocarse en el cambio en el modelo educativo en México.
“Pienso que hay mucho trabajo qué hacer para mejorar los errores que tienen los libros. Hay distintos tipos de errores, hay errores de imprenta, otros son errores conceptuales, otros son modos de ver la realidad que nos dividen. Otros son problemas de pertinencia de ciertos temas, pero todo eso, creo, puede ser discutido con calma, armando grupos que se escuchen entre sí y que no se llenen de adjetivos. […] ¿Que está pasando?, que se está simplificando el análisis, se está usando con fines electorales, se está volviendo a dañar a la educación por esa contaminación política y en consecuencia tenemos un problema grande”, expresó.
Hasta el momento, solo una entidad federativa, Chihuahua, ha logrado detener la distribución de los libros de texto gratuito a través de dos instancias judiciales. La primera suspensión tuvo lugar el 10 de agosto, dictada por el Juez Cuarto de Distrito de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Gabriel Pacheco Reyes, quien otorgó la suspensión provisional en respuesta a una solicitud presentada por Francisco Sánchez Villegas, Diputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC), en contra de la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos.
El juez Pacheco Reyes ordenó la verificación de que se haya seguido el debido procedimiento legal para determinar los programas y planes de estudio, bases para la elaboración de los Libros de Texto.
“Nosotros demandamos ante el Poder Judicial la inobservancia de la Ley General de Educación en el proceso de elaboración de estos materiales, en donde se pasó por alto el procedimiento legal para la reforma de planes de estudio, programas educativos y libros de texto. Marx Arriaga encabezó un proyecto opaco, a espaldas de la ciudadanía, un proceso ilegal para querer consumar su intento de adoctrinamiento populista”, comentó Sánchez.
En el mismo contexto, este viernes 11 de agosto, el Ministro Luis María Aguilar admitió una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y concedió una suspensión provisional para la entrega de los libros de texto gratuito en el estado, debido a presuntas violaciones en los procedimientos de aprobación de los contenidos de los libros.
El Presidente López Obrador anunció este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, que su administración respetará la decisión tomada por la SCJN, con respecto a la suspensión provisional, a pesar de que la elaboración y distribución de los Libros de Texto Gratuitos son facultades del Poder Ejecutivo federal según la Constitución.
El mandatario federal manifestó que esta situación se presenta como un caso especial, caracterizado por las posturas de la Gobernadora de Chihuahua, a quien calificó como “reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera”. Asimismo, expresó su opinión sobre el Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien tachó de “deshonesto” por ordenar la suspensión de la distribución de los libros, lo que, según López Obrador, dejaría a los estudiantes de Chihuahua sin acceso a los materiales educativos.
“Lo repito, una autoridad local (Chihuahua) consideró que, actuando de manera irresponsable, con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la Corte; y un Ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua”, reiteró.
López Obrador también pidió esperar a ver qué se resuelve de manera definitiva y detalló que donde no haya amparo, los libros se van a distribuir de manera habitual, tal y como ya se está haciendo en todo el país.
“Yo creo que, en la mayoría de los estados, los gobernadores, gobernadoras no van a presentar controversias. Esto tiene que ver con el bloque conservador. Es muy claro”, lamentó el Presidente.
La Secretaría de Educación Pública por su parte, afirmó el jueves pasado que tenía conocimiento de un único amparo activo, que se centraba en los programas de estudio sintéticos.
Leticia Ramírez, titular de la SEP, explicó en conferencia de prensa que existían seis amparos en total relacionados con el plan de estudios, siendo 12 de ellos dirigidos a los libros de texto. De estos, solo uno se encuentra pendiente de resolución. Además, mencionó que, de los amparos previos, los que se han resuelto han sido a favor, y aunque confían en ganar en el caso pendiente, no pueden predecir si surgirán quejas o recursos adicionales.
No obstante, el Gobierno del estado de Coahuila anunció que secundará al Chihuahua y presentará una controversia constitucional para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos.
Francisco Saracho Navarro, titular de la SEP en Coahuila, dio a conocer ayer lunes que dicha dependencia empleará todos los instrumentos jurídicos que tenga a su disposición con el fin de evitar que los Libros de Texto lleguen a las escuelas a partir del próximo 28 de agosto.
“Ya tenemos lista nuestra controversia constitucional que presentará la Consejería Jurídica del Estado. Se podría presentar entre martes y miércoles”, dijo.
La politóloga española Arantxa Tirado ha explicado que la llamada guerra jurídica, conocida también como “lawfare”, se viene produciendo en América Latina desde el desafuero del ahora Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2004 fue acusado de desacato a una resolución judicial cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, un episodio que buscó minar su aspiraciones para la Presidencia en 2006.
“Es un procedimiento que se viene produciendo en la región, yo diría que incluso desde tiempos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador en el 2004, y que luego hemos encontrado diferentes casos donde se repiten unas pautas que serían los requisitos para hablar de lawfare, que sería una persecución judicial, armar causas con mayor o menor suspenso, generalmente con poco sustento por temas que pueden ser peregrinos pero singularmente por una lucha contra la corrupción”, explicó Tirado en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas a finales de diciembre pasado.
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS ¿FACULTAD U OBLIGACIÓN?
El Doctor en ciencias sociales, Alonso Vázquez Moyers, profesor investigador universitario de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y docente en la Universidad Iberoamericana, explicó que la distribución de Libros de Texto Gratuitos en el ámbito educativo de México es una responsabilidad compartida entre la Federación y los Estados. La polémica actual, añadió, pone de manifiesto las competencias concurrentes entre la Federación y los estados en asuntos educativos, lo que significa que pueden tomar decisiones y llevar a cabo acciones en conjunto.
En tanto que el especialista en derecho constitucional, Alfonso Herrera, explicó que esta controversia reside en si la política educativa implementada por el Gobierno federal vulnera la esfera competencial de Chihuahua, por ejemplo, estableciendo un conflicto en el que la Suprema Corte funge como un árbitro para dirimir cuestiones políticas.
Herrera señaló que la función primordial de la Corte en este caso es determinar si la política educativa, específicamente la distribución de los libros de texto gratuitos, provoca una afectación competencial en el estado de Chihuahua. La controversia se centra en si el Gobierno federal, a través de esta política, está excediendo sus competencias y afectando el ámbito de acción del estado.
La cuestión radica, según explicó, en la participación de los gobiernos de loseEstados en la planificación y desarrollo de proyectos educativos, una coparticipación establecida por la Ley General de Educación, ya que Chihuahua argumenta que al quedar excluido de la toma de decisiones en el diseño de los proyectos educativos, el Gobierno federal está vulnerando sus competencias.
“Las competencias de cada uno (Federación y entidades federativas) están establecidas en la ley. Y la ley sostiene la participación del Gobierno de los Estados en un tramo del diseño de los programas, es decir, la ley dice —que por cierto fue una ley aprobada por todos los partidos incluido Morena— la ley dice que los gobiernos de los estados deben participar. ¿De qué se queja Chihuahua? De que ellos no fueron notificados, por lo tanto no participaron en el procedimiento que la ley dice que ellos deben participar”, comentó.
Enfatizando en el carácter educativo de la disputa, el investigador recalcó que la Corte no considerará la cuestión de si existe o no una ideologización en la educación como parte de su análisis. Si bien este aspecto podría surgir, solo sería abordado desde una perspectiva jurídica, centrada en el análisis del artículo tercero constitucional y las finalidades de la educación pública que establece dicho artículo.
Por su parte, Alonso Vázquez consideró que la controversia no radica en la definición de los programas de estudio, o el plan de estudios, ya que eso es competencia de la Federación, sino que el conflicto surge en la materialización de estos programas, que es la entrega de los Libros de Texto Gratuitos.
“Obviamente está la discusión política y la discusión jurídica es que dicen: ‘¿Por qué tendría que distribuir esos materiales con los que no estoy de acuerdo si también soy autoridad educativa?’. Aquí la cosa es que la actuación de las entidades federativas no va vinculada con la definición de los programas de estudio y los programas de estudio”.
“Yo creo que la controversia, como lo plantea el Presidente —más allá de que podamos estar de acuerdo con los libros de que si son buenos, que son malos— tiene razón. Porque la política pública se necesita materializarla con algo, entonces no basta con que tú seas la autoridad educativa que define los planes de estudio si no tienes cómo llevar a cabo los planes de estudio. Para llevar a cabo esos planes de estudio necesitaremos de los libros”, detalló.
El pasado 8 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que se enfrentará de manera legal a los gobernadores de las entidades del país que han anunciado que no distribuirán los Libros de Texto Gratuitos en las escuelas públicas, ya que se trata de “un acto anticonstitucional”.
“Pues sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional; pero también, como están los jueces, los magistrados y los ministros, todo puede suceder”, dijo luego de ser cuestionado por la decisión que tomaron los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Jalisco en medio de la polémica desatada por una campaña contra los materiales educativos.
El mandatario federal reiteró su postura este lunes 14 agosto al señalar que la suspensión otorgada por el Ministro Aguilar es violatoria de la Constitución porque es una facultad del Ejecutivo elaborar y distribuir los Libros de Texto”.
El académico Vázquez Moyers destacó que aquí la pregunta es: “¿es una obligación o una facultad de las entidades estatales la distribución?”. Desde su perspectiva, el especialista consideró que es una obligación de las entidades federativas distribuir los libros de texto, pues reiteró que son el instrumento necesario para materializar los programas de estudio definidos por la Federación.
“A los estados les compete materializar una política pública, por lo tanto, no es una facultad, sino una obligación, o sea, tiene que distribuir, esa sería mi opinión, pero bien los Estados podrían decir: ‘pues no estoy de acuerdo, vamos a preguntarle a los juzgados’. Mi opinión es que es obligación de las entidades federativas distribuir, porque los libros son el instrumento material necesario para conseguir los planes de estudio que define la Federación. Se tiene que resolver si es obligación o facultad, si es obligación distribuyo, me guste o no me guste, si es facultad puedo no distribuir”, abundó, al indicar que será la Corte quien debe de resolver.
Por su parte, el especialista en educación, Gil Antón destacó que la discusión actual sobre los libros de texto ha oscurecido un cambio más profundo y significativo en el sistema educativo de México.
“Los libros de texto han variado porque varió el modelo educativo. La variación del modelo educativo es donde yo creo que la sociedad mexicana no ha discutido lo suficiente, o bien, no han comprendido, la trascendencia de esta modificación, lo que implica, ni tampoco si la manera que se ha hecho esta modificación curricular es la adecuada, ha tenido el tiempo suficiente, los profesores, profesoras y las escuelas están preparadas para asumirlas, etc”, dijo.
Anton sostiene que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública no solo se trata de cambios en los libros de texto, sino de una transformación en el modelo educativo. En lugar de un enfoque tradicional basado en asignaturas aisladas, la SEP propone un modelo centrado en el aprendizaje a través de proyectos, problemas y situaciones concretas.
Este cambio en el enfoque curricular, según Anton, requiere una modificación fundamental en la estructura de los libros de texto. En este nuevo modelo, el contenido de las materias ya no está aislado, sino que se integra en proyectos y desafíos de aprendizaje. Esto busca fomentar la convergencia de disciplinas y una educación más activa y participativa,
Sin embargo, Anton señala que la discusión pública ha estado más enfocada en aspectos superficiales y políticos, como errores en los libros o interpretaciones sesgadas de la historia.
“Los libros de textos son derivados del cambio de un proyecto educativo de México, es decir la forma de enseñar a todos los niñas, niños y adolescentes del país, y ese tema es crucial. Y ese tema no se está discutiendo, ha sido soterrado por una búsqueda frenética por un lado de errores, discutibles y otros reales, o bien, por otro lado, en que todo es perfecto. Me parece que si seguimos en los adjetivos de que si criticas a los libros o al modelo eres un vende patrias o de si lo apoyas eres un marxista comunista, si seguimos en eso estamos equivocando totalmente la discusión que debe de tener el país”.
Anton también plantea preocupaciones sobre la preparación del sistema educativo para este cambio. Señala que las escuelas necesitan infraestructura y recursos adecuados para respaldar la enseñanza basada en proyectos. Además, destaca la importancia de capacitar a los docentes para llevar a cabo este nuevo enfoque de manera efectiva, dado que el modelo activo demanda más interacción y adaptación a las necesidades de los estudiantes.
LA POLEMICA
En las últimas semanas, los estados de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán se pronunciaron en contra de entregar los libros de texto gratuito al estar en desacuerdo con sus contenidos, lo cual ha sido un tema de debate y que ha generado críticas en sectores de la derecha, ultraderecha y del sector empresarial; mientras tanto, los maestros del país ya trabajaron con ese material —de primero a sexto año— en el curso previo a las vacaciones de verano.
Guanajuato fue de las primeras entidades en pronunciarse contra los libros de texto. El pasado 27 de julio, los libros de texto gratuitos destinados al ciclo 2023-2024 y que ya habían sido distribuidos en escuelas de León, Guanajuato, fueron retirados de las mismas debido a un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que argumentó que los libros fueron creados sin la participación de la sociedad y sin cumplir con el requisito previo de adherirse al programa correspondiente.
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó en ese momento que mantendrían los libros de texto en bodegas, y no distribuirlos a las escuelas de la entidad.
Posteriormente, el 7 de agosto pasado, los estados de Jalisco y Coahuila se unieron a la negativa de distribuir los libros. Ese día el Secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho informó que implementarán cuadernillos de trabajo de Matemáticas y Español en el próximo ciclo escolar ante los errores detectados en los nuevos Libros de Texto.
Ese mismo día, el Gobierno de Jalisco informó que había decidido no distribuir los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP federal, hasta que no existiera una resolución judicial definitiva que definiera si debían o no entregarse a los estudiantes de educación básica.
Durante una conferencia de prensa, el Gobernador Enrique Alfaro descartó que el problema con los libros de texto federales estuviera relacionado con supuestos adoctrinamientos o imposiciones políticas, sino que dijo que era por un proceso administrativo irregular, ya que, según él, se imprimieron sin que primero fueran publicados los programas escolares.
El mandatario dijo que en caso de llegar a un inicio del ciclo escolar aún sin definiciones en materia judicial respecto a los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP, el mandatario jalisciense aseguró que se evaluaría la impresión de materiales de apoyo que formarían parte del sistema Recrea, que no sustituirían a los materiales federales, pero que servirían de respaldo para iniciar cursos escolares.
Al respecto, el experto Alfonso Vázquez destacó que los estados no tienen la facultad de imprimir y distribuir sus propios libros de texto, ya que esta es una competencia exclusiva de la Federación. La obligación de la distribución es esencial, ya que está vinculada a la política pública de educación superior que define la Federación y afecta a todos los niveles educativos.
El especialista destacó que en el caso de deficiencias en los libros de texto, si es que las hubiera, los docentes tienen la capacidad de corregir errores y superar las limitaciones, ya que estos libros no deben ser considerados como camisas de fuerza.
Agregó que es necesario entender que los libros de texto son solo una parte del sistema educativo, no la totalidad. Aunque pueden surgir desacuerdos sobre su calidad, los docentes deben emplear estrategias pedagógicas adicionales para abordar cualquier deficiencia. La educación va más allá de los textos, y es importante evitar politizar y judicializar este tema, ya que esto puede llevar a consecuencias negativas.
