Álvaro Delgado Gómez
07/05/2024 - 12:05 am
Caso Casar: Huele a podrido
“Ya se verá si la investigación en curso concluye con la orden de devolver lo que, conforme a las pruebas, indebidamente obtuvo hace dos décadas”.
Si con Vicente Fox la esposa del director general de Pemex pagó con dinero público cirugías de belleza al especialista que terminó casándose con la hija del líder sindical Carlos Romero Deschamps, ¿por qué la alta funcionaria María Amparo Casar Pérez, entonces mano derecha de Santiago Creel y ahora de Claudio X. González, no habría de aprovechar el suicidio de su esposo para embolsarse millones del presupuesto gracias a sus amigos de la empresa y del gobierno?
En ambos casos se trata de corrupción y de abuso de poder en el gobierno de Fox, aunque la divulgación del caso de Casar Pérez por parte de Andrés Manuel López Obrador genere también un debate que confronta dos principios: El interés público y la protección de datos personales.
¿Es también abuso de poder y/o venganza que el presidente López Obrador divulgue, como lo hizo en su libro Gracias y ahora con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, un caso de influyentismo? ¿Por qué hasta ahora, al final del gobierno, y no desde antes si conocía a detalle el expediente?
De entrada hay que subrayar un asunto para que no se use como coartada política, legal y hasta periodística: Los datos personales de los beneficiarios de dinero público son, por definición, abiertos. Y si se trata de actos de corrupción, con mayor razón.
Se ha olvidado ya el caso de la señora Hilda Ledezma Mayoral, esposa del director de Pemex con Fox, Raúl Muñoz Leos, pero en 2004 ella se sometió a tratamiento para recudir su volumen corporal con una liposucción que sacó la grasa de su cuerpo, se quitó las bolsas de los ojos y los párpados caídos con una bilefaroplastía, pero también eliminó las arrugas de su rostro.
Sí: Toda mujer tiene derecho a lucir más joven y bella, pero es un abuso de poder que los honorarios de más de 150 mil pesos pagados al cirujano plástico Juan Carlos Rentería Covarrubias hayan sido con dinero público de Pemex, exactamente como en el caso de Casar Pérez, presidenta del grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El escándalo por la divulgación del caso por parte de Marcela Gómez Zalce, en Milenio, derivó en la renuncia de Muñoz Leos al cargo y luego en su exoneración definitiva por parte de Germán Martínez Cázares como secretario de la Función Pública de Felipe Calderón, en 2007, tras devolver los 151 mil 534 pesos que le pagó a Rentería Covarrubias, yerno de Romero Dechamps, el fallecido líder sindical de Pemex.
El mismo mes y año del escándalo de la esposa de Muñoz Leos, octubre de 2004, se suicidó Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar Pérez, quien era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El esposo de Casar Pérez tenía el mismo cargo que ella: Coordinador de asesores, pero del director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del vocero de Fox, Rubén Aguilar Valenzuela.
La muerte fue extraña desde el principio: El comunicado de Pemex informó que el funcionario, quien apenas tenía cuatro meses en el cargo, “cayó desde el doceavo piso del edificio ‘A’ del Centro Administrativo de Pemex” y, según fuentes de la familia contadas por el semanario Proceso, “atravesaba por una depresión personal, misma que lo habría orillado a tomar la decisión de suicidarse”.
De hecho, el dictamen pericial de la entonces Procuraduría de Justicia local concluyó que “el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida”, un dictamen que, según López Obrador, Casar Pérez —apoyada por el escritor Héctor Aguilar Camín— pretendía cambiar con la petición directa que hizo al procurador Bernardo Bátiz, con el fin de cobrar el seguro, la pensión vitalicia, la ayuda para la educación de sus dos hijos hasta los 25 años de edad y otras prestaciones, como el pago del consumo de luz y gas.
Escribe López Obrador en Gracias: “Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque, aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio sólo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o el servidor público llevaba laborando más de dos años y el finado apenas tenía una antigüedad de cuatro meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo”.
Es decir, Pemex encabezada por Muñoz Leos y el director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, contradijeron el dictamen oficial de la Procuraduría de Justicia y concluyeron que la muerte de Márquez Padilla García fue un “accidente” para entregarle a Casar Pérez alrededor de 31 millones de pesos, incluyendo los seguros de vida y la pensión de 125 mil pesos al mes de que disfrutaba hasta febrero, cuando Pemex la denunció.
En el caso de Muñoz Leos y su esposa, la investigación que hizo el actual senador Germán Martínez concluyó que era inocente a condición de reembolsar los más de 150 mil pesos al cirujano Rentería Covarrubias, a cuya boda con la hija de de Romero Deschamps asistieron en 2017 entre otros Diego Fernández de Cevallos, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Mancera.
Pero en el caso de Casar Pérez, mano derecha del magnate Claudio X. González, el jefe de la oposición del PRIAN, ya se verá si la investigación en curso concluye con la orden de devolver lo que, conforme a las pruebas, indebidamente obtuvo hace dos décadas, o el Poder Judicial la protege, tanto como lo hace en tantos casos de alta corrupción en México.
Como se ha expuesto, el asunto huele muy mal…
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