Guatemala, 15 oct (EFE).- El ex Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por supuestamente liderar la red de corrupción aduanera “La Línea”, pedirá a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que investigue la que califica como “persecución política” que hay en su contra.
Según declaró uno de sus abogados a los periodistas, el letrado Moisés Galindo, se están “violando los derechos” de su patrocinado y la CELAC tiene que “tomar nota” porque “no se pueden permitir estas injerencias” que vienen “directamente de los Estados Unidos”.
Pérez Molina se encuentra privado de libertad desde el pasado 3 de septiembre acusado de los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Galindo y el otro abogado, César Calderón, entregaron esta mañana en la embajada de Ecuador una misiva redactada por el propio exmandatario en la que piden al presidente de ese país y presidente de la CELAC, Rafael Correa, enviar una misión a Guatemala para verificar el proceso legal en contra de Pérez Molina y emitir una sanción al respecto.
El letrado dijo que se están violando derechos como el acceso a la Justicia, la presunción de inocencia o el derecho a una defensa, y agregó que la CELAC, “como un organismo multilateral y regional”, debe velar por que se respete “el debido proceso, el derecho interno y la autodeterminación de los pueblos, como es Guatemala”.
Al ser cuestionado si esa injerencia vendría de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Galindo fue claro y aseguró que proviene de los Estados Unidos.
“La injerencia es directamente de los Estados Unidos en el caso contra él (Pérez Molina)”, porque a su juicio, en este proceso, la cuestión se ha vuelto “personal” y este extremo el ex funcionario lo hace ver en la carta dirigida a Correa.
“Es básico que la Comunidad Internacional (…) sepa que su caso se está convirtiendo en un caso de un preso político, y eso no vale en el siglo veintiuno”, proclamó categórico, y añadió que todo el mundo “da por hecho” la participación de Pérez Molina sin haberlo probado antes.
En este sentido, denunció que su cliente vive una “campaña de criminalización y satanización” en su contra, cuando personas “confesas de un delito” lo incriminan “para poder salvarse”.
Se refirió así, aunque sin una mención explícita, a las declaraciones del empresario Salvador Estuardo González, alias “Eco”, y del ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Juan Carlos Monzón, ambos en prisión preventiva.
Ambos, durante sus declaraciones, incriminaron de manera directa a los dos líderes, asegurando que recibían el 50 por ciento de los sobornos que se pagaban en las aduanas del país
La CICIG y el MP acusan a Pérez Molina y a su ex vicepresidenta Baldetti, también en prisión, de liderar “La Línea”, una red de corrupción que defraudó más de 28.5 millones de quetzales (unos 3.7 millones de dólares) al Estado dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en complicidad con otras 49 personas.
Las autoridades calculan que más de mil 500 contenedores con mercancías entraron en el país mediante “La Línea” evadiendo el pago de impuestos. EFE
