El ex Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Quizás la comparación es reduccionista y hasta podría sonar inútil cuando el común denominador de ambos es la corrupción descomunal que obró en sus gobiernos. En sendos casos hay un clamor generalizado que le daría credibilidad a la lucha anticorrupción si fueran llevados ante la justicia, pero parece que ni uno ni otro están en la prioridades del gobierno de la Cuatroté.

Son casos de corrupción inmensa que hoy por hoy se atacan por aproximación y desde niveles más bajos de las administraciones que ambos representaron. Desde luego que la aprehensión en España de Emilio Lozoya no es, de ninguna manera, poca cosa y puede ser la punta de una madeja envolvente de muchos otros; pero hasta ahora el ex Presidente Peña Nieto parece cocinarse aparte y hasta se percibe que su caso se decantará por la impunidad, ya que afectaría a la investidura histórica del presidencialismo mexicano al que el gobierno actual, lejos de transformar, acrecienta y centraliza facultades por todo el territorio nacional.

En el caso chihuahuense, César Duarte ha evadido por más de tres años la acción de la justicia, no obstante que desde septiembre de 2014 se le denunció penalmente y el expediente trascendió al gobierno federal anterior y se encuentra en trámite final ante la Fiscalía de Gertz Manero.

En Chihuahua la escalinata de la corrupción la barre Javier Corral de abajo para arriba y ha pactado en la sombra un convenio de oportunidad con Jaime Ramón Herrera Corral, titular de la Secretaría de Hacienda durante la tiranía duartista, que lo deja inmune a los delitos del fuero común que cometió cuando tuvo el control de las finanzas estatales. No se trata de cualquier funcionario: él fue el cerebro y el ejecutor de los delitos más graves, entre ellos pretender crearle un banco a su jefe Duarte para apalancar los proyectos demenciales que padeció, como el presumir que hasta la Presidencia de la república estaba a su alcance.

En el caso chihuahuense que comento, el gobierno se ha aliado con el delincuente para articular las investigaciones y los expedientes del mismo Duarte, del que nebulosamente se sabe se pide la extradición, no obstante tener en su poder los instrumentos para hacerlo por sí mismo, así como los recursos materiales y humanos que lo harían posible, si es que realmente se atuviera a una actuación responsable y profesional al respecto.

Pareciera que el brazo de la justicia alcanza solo para los que están por debajo de la cima del poder. En la ya vasta literatura sobre la corrupción y las historias que recoge en el mundo entero, a esto se le llama “utilitarismo” y afecta a este delicado tema con finalidades de obtener o acrecentar el poder, lo que constituye un desvío de una lucha que se tiene que dar a rajatabla, sin condicionamientos ni concesiones. En la lucha contra la corrupción el interés público y social está por encima de todo.

La lucha contra la corrupción es un buen argumento para conquistar poderes, para la lucha política, pero está lejos de agotarse de esa manera. El país entero, al igual que Chihuahua, para creer en una profunda lucha contra la corrupción, que marque un antes y un después, un momento fundacional, necesitan ver en el banquillo de los acusados tanto a Peña Nieto como a César Duarte. No hay de otra.