Gustavo Madero Muñoz ha vuelto a poner las miradas sobre funcionarios priistas en los tres niveles de gobierno que, pese al adéndum acordado tras la primera gran crisis política del Pacto por México, siguen violando la ley y ejecutando, con dinero público, campañas de coerción o compra de votos en los 14 estados que irán a las urnas el próximo 7 de julio.

En específico, el Presidente del Partido Acción Nacional (PAN) encendió las alarmas sobre los estados de Quintana Roo, Durango y Baja California, pues a su juicio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está operando ahí todo tipo de acciones desaseadas e ilegales.

Por supuesto, el PAN ha encendido un gran foco rojo sobre BC, entidad que corre el riesgo de perder en julio, luego de 24 años de gobiernos liderados por el blanquiazul.

Una vez más, como ha venido haciendo desde hace dos meses, solicitó a los militantes y a la ciudadanía estar alerta sobre estos focos rojos, que se encienden con mayor o menor intensidad en los 14 estados donde habrá elecciones, la mayoría de ellos dominados por el tricolor.

En Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, el PRI detenta actualmente las gubernaturas y, como consecuencia, alegan los panistas, tiene también el control del dinero –incluyendo el del presupuesto público–, además de los órganos electorales locales, para hacer y deshacer a favor de sus candidatos.

El problema es que ni con el adéndum firmado en el marco del Pacto por México, que lidera el Presidente Enrique Peña Nieto, los priistas han detenido esas prácticas ilegales, comenzando por los propios gobernadores y terminando por funcionarios federales.

Es decir, con Pacto o sin él, la palabra de honor de los propios priistas y del gabinete federal, encabezado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no se ha cumplido.

Lo que se avecina, y esto no sólo lo advierten Madero Muñoz y los panistas, son nuevas escaramuzas, más denuncias y demandas que, sin duda, ponen en riesgo no sólo la credibilidad de los resultados en las próximas elecciones, sino también la viabilidad del Pacto por México en busca de dos de las reformas estructurales más importantes para México: la fiscal y la energética.

Ambas reformas son, además, objetivos centrales para el gobierno de Peña Nieto y promesas recurrentes de su campaña presidencial, especialmente dentro del sector privado.

Sin embargo, los abusos de sus correligionarios y las tentaciones de sus cercanos por meter mano en las elecciones –encima con dinero público– podrían significarle un revés importante.

El periodo de sesiones donde se incluirán estas reformas se abre el próximo 1 de septiembre. Pero si los priistas abren grandes heridas en julio, el pagano será el propio proyecto peñanietista.

Al menos por eso, el Presidente tendría que amarrar las manos de los tricolores, acostumbrados desde siempre a servirse con la cuchara grande… y con más gusto ahora que detentan el poder federal.

Redacción/SinEmbargo

https://www.sinembargo.mx/author/redaccion

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ AMLO exhibe lo que tiene molesto a Ricardo Salinas: deuda, campo de golf, pensiones…