Mientras la batalla electoral entre la clase política profesional acapara la mayoría de portadas y tiempo aire de los medios de comunicación en México, de manera soterrada, casi escondida, ocurre otra batalla en la que cientos o miles son perseguidos y criminalizados y, lamentablemente, algunos incluso pierden la vida. Se trata de la batalla que dan cotidianamente pueblos y comunidades que defienden el territorio que es disputado y apetecido para incorporarlos a distintas dinámicas de acumulación de capital.

El año pasado se asesinó en el mundo a 177 personas por defender el territorio en todo el mundo, y América Latina es, terriblemente, el epicentro de esta guerra contra los defensores pues 88 por ciento del estos asesinatos ocurrieron en la región, de acuerdo al informe “Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática”, que presenta la organización no gubernamental Global Witness.

La clasificación mundial de defensores del territorio asesinados el año pasado la encabeza Colombia con 60 casos, casi el doble de asesinatos que en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas. Brasil es el segundo lugar en este ominoso listado: 34 personas defensoras perdieron la vida el año pasado. México ocupó el tercer lugar el año pasado con 31 asesinatos, muchos menos que los 54 homicidios registrados en 2021.

Desde que comenzó a llevar este registro anual de personas caídas mortalmente en la defensa del territorio y el medio ambiente, Global Witness ha registrado mil 910 casos de personas asesinadas. La organización no gubernamental insiste que el registro no es completo, pues existen muchos casos no denunciados y no reportados.

En esta década, de 2012 a 2022, 1,335 defensores fueron asesinados en América Latina para sumar siete de cada diez casos ocurridos en el mundo. Pero estos crímenes se concentran en tres países que representan la mitad de los asesinatos de defensores ocurridos en todo el mundo. Colombia ocupa el primer lugar con 382 casos que representan 20 por ciento del total mundial, y apenas debajo Brasil con 376 asesinatos, el 19.68 por ciento de todo el mundo. México registra 185 defensores del territorio asesinados desde 2012, con casi el 10 por ciento global.

Aunque Global Witness señala que las causas de estos crímenes son múltiples, por lo regular los ataques están asociados a proyectos de inversión, privada o púbica, de negocios de las industrias extractivas. Los asesinatos ocurren en medio de proyectos de acumulación de capital de actividades extractivas, como la agroindustria, minería y explotaciones forestales y megaproyectos.

Al respecto subraya el informe de Global Witness: “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales” (https://cutt.ly/8wxVZRhV).

Justo sobre la estrategias no letales de agresiones a defensores del territorio, Amnistía Internacional acaba de publicar su informe “México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, en el que afirma que “En México, la criminalización de la protesta se inserta además en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos” (https://cutt.ly/Owx7m0EM).

Concretamente, Amnistía Internacional documentó cuatro casos en los que los defensores del territorio son criminalizados mediante la aplicación de tipos penales deliberadamente confusos, que son utilizados por empresas o gobiernos para intimidar, reprimir y criminalizar a quienes atentan en contra sus medios de reproducción de vida.

A pesar del discurso del gobierno de la Cuarta Transformación de que ahora no se violan los derechos humanos, en la práctica quienes defienden sus tierras, sus bienes comunes y cultura siguen siendo agredidos y criminalizados del mismo modo que ocurría en gobiernos anteriores, como han denunciado las comunidades zapatistas del sur de Chiapas, o como han documentado comunidades indígenas como Santa María Ostula en Michoacán. El informe de Global Witness ha subrayado también que más de un tercio de los asesinatos de defensores son de pueblos indígenas, cuando apenas representan 6 por ciento de la población mundial.

Es esta una guerra infame que debe ser denunciada y debe acaparar la misma atención que las disputas políticas de los de arriba. Las luchas de los defensores del territorio defienden no solo la vida en su entorno. Arriesgan sus vidas para defender la vida para todos. No dejemos que siga esta guerra contra los defensores.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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