El hilo de la madeja de la”Estafa Maestra” empieza a extenderse. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.

La Audiencia judicial del martes 13 de agosto –día de mal agüero según la superstición— sacudió a la controvertida Rosario Robles Berlanga y al régimen político del sexenio anterior.

El Juez Jesús Delgadillo Padierna que lleva a cargo el caso de la “Estafa Maestra”,  la vinculó a proceso por el “ejercicio indebido del servicio  público” durante su gestión al frente de la Sedesol y la Sedatu y le dictó prisión preventiva por dos meses en el Penal de Santa Martha Acatitla por falsear su domicilio acreditado, en su licencia de conducir, lo que para el juez representa un riesgo de que se dé a la fuga.

Con la actitud prepotente que le caracteriza, Rosario Robles dijo de entrada a los reporteros antes de que iniciara la audiencia: “Aquí estoy con las faldas bien puestas”, “tomando al toro por los cuernos”, “y dando la cara”.

En el transcurso de la audiencia que se prolongó más de 12 horas, el Fiscal Manuel Granados Quiroz le dio una dura respuesta a sus desafíos:

“Que bueno que vino a dar la cara, lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos”.

A sus abogados defensores les advirtió que la ex Secretaria de Sedesol y Sedatu, ya no contaba con el “manto protector” de impunidad que tenía con el Presidente Enrique Peña Nieto, quien le dijo cuando salió a la luz lo de la “Estaba Maestra”: “No te preocupes Rosario”. (La Jornada, 14 de agosto).

Y vaya que tiene toda la razón el Ministerio Público. Desde el 2013 y 2014, las investigaciones del portal noticioso Animal Político y de la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dieron a conocer a la opinión pública el colosal desvío de 7 mil 670 millones de pesos de las arcas públicas.

Las investigaciones de las cuentas públicas que realizaron, la revisión de miles de documentos, cientos de entrevistas y el monitoreo de las presuntas empresas contratadas, documentaron  detalle a detalle la red de corrupción integrada por 11 Secretarías y dependencias del Gobierno Federal,  ocho universidades públicas que sirvieron de intermediarias para entregar a 186 empresas fantasmas contratos millonarios, 128 de las cuales, se descubrió no contaban con  infraestructura ni tenían personalidad jurídica para dar los servicios para las que fueron contratadas.

La estafa de los 7 mil 670 millones de pesos de las arcas públicas se distribuyó de la siguiente manera: A las empresas patitas y fantasmas les asignaron  en números globales, 3 mil 500 millones de pesos; a los rectores de las Universidades mil millones pesos y a los secretarios de las dependencias de Gobierno federal, el resto, alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Los principales operadores  del multimillonario desfalco fueron Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social en ese entonces; Alfredo del Mazo, ex titular del Banco Nacional de Obras y ahora Gobernador del Estado de México; Emilio Lozoya, ex titular de Pemex y hoy prófugo de la justicia.

Los titulares del poder judicial hicieron eco del mensaje “no te preocupes Rosario” que el Presidente Enrique Peña Nieto le envió públicamente y por lo tanto hicieron caso omiso de la “Estafa Maestra”.

El único que se atrevió a denunciar institucionalmente el fraude millonario denunciado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue el Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien confirmó que los informes realizados por la ASF fueron entregados a  Peña Nieto, por lo que el Presidente pidió a la Cámara, en marzo del año pasado, lo destituyera y pusiera en su lugar como Auditor a David Colmenares –“pro priista”, según la lenguas largas–, quien se quedó callado y  apenas un día después de la detención de Rosario Robles emitió un comunicado en el que señala que ya se han presentado 10 denuncias por el presunto desvío de recursos de la administración pasada, las cuales están en la primera etapa de la investigación.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, no se ha quedado con los brazos cruzados. Justo un día después del encarcelamiento preventivo de Rosario Robles, dio a conocer que se detectaron 105 convenios adicionales de Sedesol vinculados con la “Estafa Maestra” por un monto de más de 800 millones de pesos, por lo que pedirá se amplíe la investigación.

El hilo de la madeja de la”Estafa Maestra” empieza a extenderse. Rosario Robles, en la audiencia, para salvar su pellejo, afirmó que ella había  informado tanto al ex mandatario Peña Nieto y a José Antonio Meade –que la sustituyó–, de las irregularidades detectadas por mas de 5 mil millones, lo que dio pauta para que el Juez Jesús Delgadillo Padierna solicitara al Ministerio Público Federal que investigue y aclare si el ex Presidente y el ex candidato priista a la Presidencia de la República  incurrieron en encubrimiento de los desvíos de recursos detectados en la Secretaría de Desarrollo social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El juez dejó en claro a los abogados defensores de la inculpada que “tienen que justificar que Rosario Robles entregó un informe al ex Presidente sobre las irregularidades” ya que si existen avisos por escrito a Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex Presidente, razón por la cual se debe aclarar “si está involucrado o no”.

Les hizo ver que el acta de entrega –recepción que dicen se entregó al ex Presidente, “es una joya como dato de prueba” y socarronamente les preguntó, “¿no lo trajeron de casualidad?

La investigación empero, no se enfoca únicamente a las altas esferas, sino también a dos de los operadores de Rosario Robles: Emilio Zabadua, quien fungió como  oficial mayor en Sedesol y Sedatu, y su jefe de oficina y Asesor, Ramón Sosamontes, el primero de los cuales ya está amparado y el segundo busca ampararse.

Ambos saben que están en la mira por una razón muy sencilla. El primero firmó el acta de entrega recepción a Meade y al Presidente y el segundo sabía de las irregularidades en ambas dependencias y lejos de recomendar a la ex Secretaria en su condición de jefe de oficina y  asesor, encararlas, se hizo su cómplice, por lo que también puede ser imputado y proceso por el delito de “Ejercicio indebido del Servicio Público”.

Los que operaron la “Estafa Maestra” no entendieron que quien “anda en el lodo termina por resbalarse” y además, va salpicar a quienes los pusieron a patinar en el fango.

Y eso es lo que está ocurriendo a Rosario Robles.. Por más que digan que es víctima de una “persecución política”, no la van a salvar. En principio, porque hay evidencia de sobra de que está inmersa de pies a cabeza en el pantano de la corrupción y la impunidad; y en segundo lugar, porque para “lavarse las manos” y  “salvar el pellejo”, como se dice coloquialmente, tiene que sostener a toda costa que sí informó de las “irregularidades” al ex Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el fallido ex candidato a la Presidencia, José Antonio Meade.

Ya que se inmiscuyó en la mafia del poder corrupto, debió al menos informarse de cómo los mafiosos de Sicilia se protegen para no terminar su carrera delictiva en prisión. Se lo comparto:

Es un dicho común de los jefes (“padrinos”) de la mafia siciliana:

“Si lo piensa no lo diga; si lo dice no lo escriba; si lo escribe no lo firme y si lo firma ¡BUSQUE UN ABOGADO!  (Lo hizo tardíamente).

No por nada el Juez de control de este caso dijo que el oficio entrega–recepción de las observaciones irregulares de Sedesol y Sedatu, que Rosario Robles  afirma entregó a José Antonio Meade y a Enrique Peña Nieto, era “un dato de prueba que era toda una Joya”.   Y ciertamente lo es, pues con ello, se abre la puerta para explorar a fondo el entramado institucional de un régimen político podrido por la corrupción y la impunidad, como lo fue el de Peña Nieto (Francisco Labastida Dixti).

Veremos y diremos en que termina.

Esperamos que se incluya en este proceso penal no solo a los operadores de esta Estafa Maestra, sino a quienes la ordenaron y procesaron, entre ellos el ex Presidente Enrique Peña Nieto y los ex secretarios de Hacienda de su Gobierno, Luis Videogaray y José Antonio Mead.