Varios testimonios abordaron otros temas además del maltrato, como la pérdida de la cultura y del idioma. La sesión tuvo lugar en la sala multipropósitos de la Escuela Comunitaria Gila Crossing, donde obras de arte y pancartas reflejaban la herencia de la tribu local.
Por Terry Tang
Laveen Village, Arizona, EU, 22 de enero (AP) — Cuando estudiaba el séptimo grado en la Escuela Indígena de Phoenix, Pershlie Ami se inscribió en lo que ahí llamaban una “salida”, la cual era presentada como una oportunidad para que los alumnos indígenas ganaran dinero fuera del plantel.
La oportunidad era más bien para conseguir mano de obra barata.
Ami dijo que la mayoría de las personas desconoce que el personal de la escuela enviaba a los estudiantes a trabajar, a menudo en labores serviles y para extraños cuyos antecedentes no eran verificados.
“Una familia vino, me recogió y me llevó a su casa. Lo que me pidieron hacer era recoger excrementos de perro en su casa”, relató Ami durante una sesión celebrada el viernes en la Comunidad Indígena del Río Gila, a poca distancia al sur de Phoenix, bajo la supervisión de la secretaria del Interior, Deb Haaland.
La sesión es parte de la gira llamada “”, la cual involucra a víctimas de los internados para indígenas que recibían financiación del Gobierno. Se trató de la cuarta escala para la primera y única secretaria de Gobierno federal de origen indígena tras las efectuadas en Dakota del Sur, Oklahoma y Michigan.
Ami, una indígena hopi de 67 años que vive cerca de Laveen, aún recuerda haberse rehusado vehementemente a limpiar la casa y las consecuencias.
“Me castigaron severamente por no hacer lo que la familia me había pedido que hiciera. Jamás se me permitió otra salida”, afirmó. “Después comencé a preguntarme qué le habrá sucedido a algunos de los chicos que participaron en esas salidas y a los que nadie dio seguimiento”.
Ami fue una de las varias personas que dieron su testimonio durante la visita de Haaland a Arizona, ante una gran audiencia que incluyó a la gobernadora Katie Hobbs y al representante demócrata Ruben Gallego.
Varios testimonios abordaron otros temas además del maltrato, como la pérdida de la cultura y del idioma. La sesión tuvo lugar en la sala multipropósitos de la Escuela Comunitaria Gila Crossing, donde obras de arte y pancartas reflejaban la herencia de la tribu local.
“Este es un paso de muchos más que daremos para reforzar y reconstruir los lazos con las comunidades indígenas que las políticas federales de los internados indígenas buscaron romper”, dijo Haaland antes de la sesión.
Empezando con la Ley para la Civilización Indígena de 1819, Estados Unidos promulgó leyes y políticas para establecer y financiar las escuelas. En ellas se afirmaba que el propósito era “civilizar” a los indígenas estadounidenses, incluidos los de Alaska y Hawai, pero a menudo conllevaban prácticas de abuso.
Tan sólo en Arizona había 47 internados federales para indígenas, y esa cifra ni siquiera incluye a las instituciones religiosas y privadas que recibían financiación federal para administrar las escuelas.
“Mis ancestros y muchos de los suyos soportaron los horrores de las políticas de integración de los internados para indígenas emprendidas por el mismo departamento que ahora encabezo”, manifestó Haaland. “Esta es la primera vez en la historia que un secretario de gabinete de Estados Unidos llega a una mesa con un trauma compartido”.
Haaland ha dado prioridad a la revisión pública del trauma causado por estas escuelas. En mayo, el Departamento del Interior difundió un informe –el primero de su tipo— en el que señaló a 408 escuelas financiadas por el Gobierno federal que despojaron a los indígenas estadounidenses de sus culturas e identidades. Se sabe del fallecimiento de al menos 500 niños en algunas de las escuelas. Cuando se investigue más, esa cifra seguramente se incrementará.
La mayoría de los oradores eran descendientes de víctimas de los internados. Compartieron cómo sus padres tuvieron dificultades para aprender a ser buenos padres porque fueron separados de los suyos, algunos a una edad muy temprana. Ami, cuyo padre también estuvo en un internado, recordó como él solía referirse a él mismo como “sólo un indígena tonto”.
“Creo que a la larga se sacudió esa imagen de ser ‘un indígena tonto’”, dijo Ami. “Pero jamás dejó de referirse a sí mismo con esa frase”.
La vulnerabilidad de las víctimas ha provocado lágrimas en todas las sesiones. Sin embargo, Deborah Parker, directora general de la Coalición Nacional para la Curación por los Internados para Indígenas Estadounidenses y miembro de las tribus tulalip, dijo que también hay sentimientos de esperanza.
“Hay una sensación de aliento. Sí, por fin podemos contar nuestras historias y quizá podamos comenzar a sanar”, dijo Parker. “Esas lágrimas ayudan a limpiar las emociones que hemos mantenido dentro de nosotros a veces por generaciones”.
El Congreso planea presentar nuevamente una iniciativa para establecer una “comisión de la verdad y la sanación” relacionada con los internados, según Parker. Sería similar a la establecida en 2008 en Canadá. Si es aprobada, tendría un alcance mayor que la investigación del Departamento del Interior sobre los internados de financiamiento federal y la autoridad para emitir citaciones.
En tanto, un segundo informe está pendiente sobre la investigación a los internados emprendida por Haaland, que pertenece a la comunidad indígena Laguna Pueblo en Nuevo México. Se centrará en fosas, el impacto de las escuelas en las comunidades indígenas e intentará una rendición de cuentas sobre los recursos federales destinados al problemático programa.
