Guatemala, 22 sep (EFE).- La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala solicitó hoy al juez Miguel Ángel Gálvez, que instruye el caso contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, no trasladar a la ex alta funcionaria al hospital de dicha entidad.
“Con todo respeto le informo que las funciones del Hospital de la Policía Nacional Civil son las de atender únicamente a miembros de la institución policial que se encuentran de alta, así como a padres, cónyuges e hijos menores de 18 años (…)”, sostiene una misiva firmada por el director general de la entidad, Nury Ramos y Ramos.
El pasado 11 de septiembre la ex vicepresidenta, en prisión preventiva por corrupción, fue trasladada al Centro Médico Militar, donde está recibiendo un tratamiento intravenoso con el antibiótico cefazolina.
La cefazolina se utiliza para tratamientos de infecciones serias del tracto respiratorio inferior, infecciones de la piel incluyendo heridas y quemaduras, infecciones de los huesos, infecciones de los tejidos blandos, prostatitis, septicemia, infecciones urinarias, entre otras, producidas por gérmenes sensibles, según el vademecum.
También para el tratamiento de la septicemia, prevención de endocarditis bacteriana y prevención quirúrgica de infecciones en situaciones de contaminación.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que realizó una evaluación de Baldetti el pasado 15 de septiembre, recomendó que la ex vicepresidenta continuara internada en el Centro Médico Militar para que reciba dicha medicación, porque “solo puede administrarse por vía parenteral, por inyección intramuscular o infusión intravenosa, y no oral”, decía el informe el informe.
El estado de salud de la imputada es estable y todavía falta que se le practiquen nuevos exámenes médicos, de acuerdo con los forenses.
Baldetti fue capturada el pasado 21 de agosto y ha sido acusada de liderar la red de corrupción denominada “La Línea”, desmantelada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 16 de abril último.
La ex vicepresidenta, quien renunció al alto cargo el 8 de mayo pasado, es acusada de los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita y fue recluida en la cárcel Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, de la que fue traslada al hospital militar.
El Juzgado de Mayor Riesgo B que preside Miguel Ángel Gálvez tiene previsto conocer el próximo 8 de diciembre el informe final de las investigaciones en su contra para decidir si la envía o no a juicio oral y público.
Por el caso de “La Línea” también dejó el cargo el 3 de septiembre último, luego que ese día el Congreso aceptó su renuncia, el entonces Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel del cuartel militar Matamoros, en la capital, señalado de los mismos delitos que su ex vicepresidenta.
Hasta ahora las autoridades han arrestado por la defraudación aduanera a 28 personas, entre funcionarios y particulares.
Según las investigaciones del MP y de la Cicig, la red se habría agenciado de unos 28 millones de quetzales (3,6 millones de dólares) entre mayo de 2014 y abril de 2015, producto de los sobornos.
En la carta de la PNC al juez Gálvez, el director Ramos y Ramos, quien dice hacerse eco de la posible movilización de Baldetti, manifestó además que existen “otros limitantes, como sobrepoblación de pacientes, poco espacio para prestar servicios y médicos y no se cuenta con insumos necesarios”.
“Dicho traslado no sería conveniente por los dispositivos de seguridad que se implementan para el resguardo de dicha persona”, explicó en el escrito, y agregó que prestar servicios de salud a detenidos sería objeto de una “sanción administrativa” por parte de la Contraloría General de Cuentas.
