El Presidente López Obrador. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro.

En México como en muchos otros países, las autoridades esperan ser respetadas como no lo es la ciudadanía. Con el argumento de “la estabilidad” y “la gobernabilidad” legisladores a lo largo y ancho del continente han aprobado y mantenido en sus códigos penales una serie de normas que buscan proteger el derecho al honor de funcionarios públicos (protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad) a través de la criminalización de expresiones que consideran “ofensivas” a la investidura pública. El “desacato” nombre con el que se les reconoce mundialmente a este tipo penal, en nuestro país se traduce en los Códigos como “ultrajes a la autoridad” y sigue siendo utilizado por las autoridades para criminalizar y perseguir periodistas.

Recientemente, en Rosarito, Baja California, la periodista Carmen Olsen fue condenada a seis meses de prisión por haber “ofendido” a los policías Rafael Rodrigo García Robledo y Juan Álvarez Feliciano. La “ofensa” se dio al momento que los oficiales la agredieron físicamente tratando de impedir que fotografiara una detención que realizaban en la vía pública. Carmen estaba realizando su trabajo, sin embargo, esto no importó, fue detenida arbitrariamente, imputada y ahora, tras una batalla legal de más de siete años, es sentenciada.

La misma semana en la que Carmen fue condenada, un diputado en la Ciudad de México propuso incorporar el delito de difamación en el código penal local. Esta ha sido una de muchas iniciativas que legisladores de todos los colores han propuesto en los últimos meses para “proteger” a las y los ilustres funcionarios públicos del ataque de las personas que osan cuestionar su investidura o lo que hacen con esta.

Lo anterior se da en un contexto de adversidad contra la prensa que se degrada paulatinamente desde hace sexenios y que en el presente no es la excepción. El sello de este gobierno se ha traducido en aspectos puntuales preocupantes. En 2019 incrementó el número de intentos por criminalizar la expresión en sede legislativa en los niveles estatal y federal. Esto puede estar relacionado con la falta de conocimiento de los estándares y principios internacionales por parte de los nuevos legisladores -en el mejor de los casos-, o bien a la errada idea de que una “revolución pacífica” como la que promueve el gobierno de Andrés Manuel, requiere controles más estrictos para aquellos que hasta ahora han ejercido sus derechos de forma privilegiada y, por lo tanto, diferenciada. Lo cierto es que la intolerancia de funcionarios públicos hacia el debate abierto y plural -que muchas veces incluye un discurso ofensivo- se ha traducido en la producción continua de un arsenal que busca acallar voces por la vía legal invirtiendo el sentido de una democracia. Es decir, se pretende que la ciudadanía se quede impávida y no denuncie el abuso del poder.

Más peligroso aún es que fuera del ámbito normativo, ampliado a las filas de seguidores del movimiento obradorista, hay quienes opinan que el voto de la mayoría le otorga al Presidente la facultad omnímoda de utilizar su tribuna como le de la gana, aún cuando con esta nulifique la voz de aquel o aquella que no esta de acuerdo con su política o que simplemente la cuestiona. Estas afirmaciones apelan a un “respeto” a la autoridades que no se han ganado por la vía de los hechos.

Este fin de semana, por ejemplo, en defensa del Presidente, tras una carta pública en la que se arguye el asedio a la libertad de expresión firmada por 650 personas, otro grupo de 28 mil firmantes, señala que “la supuesta ‘defensa de la libertad de expresión’ alegada por los firmantes del documento de marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos” y que “sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del Ejecutivo federal”.

De la lectura de la carta de respuesta parece que la disyuntiva es quitarle las libertades a aquellos que de alguna manera “gozaron” de ellas -según- perniciosamente para otorgarlas a aquellos que fueron víctimas de la discriminación y la injusticia. La lógica aunque absurda -pues en una transformación tendríamos que abogar por un estado universal de libertades- deja entrever que para los que detentan ahora el poder es completamente aceptable cortar con la misma tijera de gobiernos anteriores a los adversarios. Es decir, se vale usar mecanismos y formas autoritarias mientras quien las ejerza lo haga con mi simpatía.

La libertad de expresión se ejerce de un lado y del otro, existe cuando hay la posibilidad de que todos participen en el debate público sin represalias. Sin embargo, en un país como el nuestro, en donde las prácticas autoritarias se encuentran bien arraigadas, donde los funcionarios públicos y los ciudadanos pensamos que los primeros deben ser respetados mientras los segundos pisoteados, es necesario que existan tanto los 650, como los 28,000 abajo-firmantes. Lo que no se vale es que exijamos el silencio de unos u otros por un supuesto “respeto” a la autoridad, esto puede tener un costo para toda la ciudadanía.