“¿Están las personas sujetas a intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en relación con sus actividades en línea?”. Un reporte le da cero puntos de seis posibles a México.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– México sí tiene una Red “parcialmente” libre, pero está lejos de serlo completamente y tiene retos en cuanto a violencia y espionaje: el país aprobó a duras penas este año un reporte sobre la libertad en Internet en el país, pasando “de panzazo” la evaluación, realizada por una organización no gubernamental, Freedom House, al ser calificado con 62 puntos de 100.
“Parcialmente libre”, fue la evaluación de la organización. México creció apenas un punto, de los 61 que había conseguido en en mismo reporte pero de 2022. ¿Cómo obtuvo este puntaje? Freedom House tiene una metodología donde mide tres aspectos principales. El primero tiene que ver con los “obstáculos para accesar a la red”, donde el país obtuvo 18 de 25 puntos.
En cuanto a los límites del contenido, México obtuvo 25 puntos de 35. Su peor evaluación, sin embargo, estuvo en el tercer apartado, la violación a los derechos de los usuarios de la Red: ahí logró 19 puntos de 40, es decir, poco menos de la mitad.
“La conectividad a Internet continúa expandiéndose en México”, elogia el reporte, “impulsada por mejoras constantes en la infraestructura de telecomunicaciones del país”. “El entorno en línea sigue siendo un espacio sólido para la movilización política, el discurso social y las investigaciones periodísticas”, presume.
“Sin embargo, persisten varias amenazas a la libertad de Internet en el país. México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, y los periodistas en línea son objeto de acoso, amenazas y violencia física con regularidad, lo que contribuye a un clima de autocensura”, advierte.
“Durante el período de análisis, surgió evidencia de que actores estatales, con probables vínculos con el Éjército, han seguido realizando vigilancia ilegal de periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados políticos han tomado medidas para socavar a los reguladores, incluidos aquellos que supervisan la industria de las telecomunicaciones y hacen cumplir las normas de protección de datos, debilitando la eficacia e independencia de estos organismos”, argumentó en contra el reporte.
Uno de los principales argumentos para rebajar la calificación mexicana global es que el Gobierno “falló en nombrar comisionados para diversos cuerpos regulatorios”, en los que se incluye la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y sobre todo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). “Han debilitado seriamente la habilidad de que funcionen como entidades independientes”, explica.
Además, subraya su preocupación por la propuesta de una Ley Federal de Ciberseguridad, propuesta en la Cámara de Diputados en abril, “que contiene varias disposiciones potencialmente problemáticas para la regulación de contenidos, la criminalización de la expresión en línea y la privacidad del usuario”.
ESPIONAJE Y FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Otro de los problemas principales se enfoca en el apartado de espionaje. Y es que en abril, grupos defensores de la libertad de prensa denunciaron que el Gobierno mexicano seguía usando el programa espía Pegasus en 2022 para interferir los teléfonos de activistas por los derechos humanos, a pesar de la promesa del Presidente López Obrador de poner fin a esa clase de espionaje.
En el apartado donde el reporte pregunta “¿La vigilancia estatal de las actividades en Internet infringe el derecho a la privacidad de los usuarios?”, la calificación fue precisamente 1 de 6 puntos posibles.
“El Gobierno [federal] ha utilizado la mala situación de seguridad en el país para justificar la ampliación de los poderes de vigilancia del Estado, con poca rendición de cuentas y supervisión. Durante el período cubierto continuaron surgiendo abusos de alto perfil de tecnologías de espionaje digital destinadas a fines policiales, pero las autoridades no los han investigado a fondo”, aseveró el reporte.
En respuesta, el mandatario eludió pronunciarse sobre ese señalamiento y, en cambio, denunció que las secretarías de Defensa (Sedena) y Marina (Semar) están siendo objeto de “espionaje del Pentágono”. Pero agregó que no reportaría los casos para no convertir en “mártires” ni a los espías ni a los empleados de las agencias extranjeras.
En mayo, por ejemplo, una investigación del diario The New York Times reveló que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano.
Citizen Lab también encontró pruebas de infiltración con Pegasus a los celulares de otros dos funcionarios que trabajan con Alejandro Encinas, quienes también han colaborado en investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Ya en octubre de 2022, la Sedena rechazó haber utilizado el software Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. “Con estricto apego al Estado de Derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, dijo a través de un comunicado.
El Ejército mexicano aseguró estar facultado para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada con el fin de detener a líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, ubicar instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y “otros resultados importantes en materia de seguridad pública”.
En ese sentido, explicó que, como todas las Fuerzas Armadas del mundo, cuenta con un sistema de inteligencia militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas, como los sistemas de vigilancia aérea, de encripción, de imágenes satelitales (localización de plantíos de enervantes y afectaciones del Plan DN-III-E), entre otros, que permiten dar cumplimiento a sus misiones primigenias de defensa nacional y seguridad interior, y otras de carácter social, estipuladas en el marco legal.
Sobre la contratación del spyware Pegasus, la Sedena reconoció haber contratado el servicio del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, el cual fue empleado “única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, mediante acciones de inteligencia”.
DEL ACOSO EN REDES A LA VIOLENCIA FÍSICA
Pero, si hay un apartado peor evaluado que el del espionaje, es el de violencia. Ante el cuestionamiento “¿Están las personas sujetas a intimidación extralegal o violencia física por parte de las autoridades estatales o cualquier otro actor en relación con sus actividades en línea?”, el reporte le da cero puntos de seis posibles al país.
“Los periodistas de medios digitales continúan enfrentando amenazas y violencia por parte de grupos criminales organizados, miembros de gobiernos locales y otros actores. México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para los periodistas y uno de los más peligrosos del mundo”, asegura.
“Artículo 19 documentó 696 agresiones contra periodistas en 2022, lo que lo convierte en el año más violento para los periodistas desde que la organización comenzó a rastrear en 2007. Estas cifras incluyen 181 casos de intimidación y acoso, 151 amenazas, 48 agresiones físicas y 12 asesinatos de periodistas en posible relación con su trabajo”, añadió.
El reporte detalla que, de todos los ataques reportados contra la prensa, 196 (28.19 por ciento) ocurrieron en la esfera digital, incluyendo intimidación y acoso en línea, amenazas digitales e intentos de piratear cuentas de periodistas. Casi el 49 por ciento del total de ataques contra periodistas, completa, se relacionaron con la cobertura de corrupción y política, mientras que el 27.59 por ciento estaban vinculados a temas de seguridad y justicia.
Con respecto a otras mediciones que Freedom House realiza de México, obtuvo 60 puntos de 100 en el Índice de Libertad Global y es clasificado como “parcialmente libre” en su estatus global. Entre sus puntos positivos la organización señala que el país no tiene redes de internet restringidas, ni sitios web ni redes sociales bloqueadas. En cambio, señala que sí predominan los “comentaristas progobierno” y sí cuenta con arrestos de usuarios de internet.
MÉXICO ES, ADEMÁS, DE LOS MÁS PELIGROSOS EN LA RED
México no está exento de estas amenazas: de acuerdo con un ranking realizado por Surfshark, firma de ciberseguridad con sede en Países Bajos, el país se encuentra en el top 10 de naciones con mayor tasa de cibercriminalidad en todo el mundo, siendo así la única nación de Latinoamérica que aparece en el listado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a los delitos informáticos como todo aquel comportamiento antijurídico o ilegal que se haga a través de los medios computacionales, utilizando diversos dispositivos, software e internet para acceder a información personal y utilizarla de forma maliciosa.
En total, menciona el estudio de Surfshark, mil 100 mexicanos denunciaron de manera formal haber sido víctimas de un fraude online, sin embargo, la cifra podría ser aún mayor debido a la gran cantidad de personas que no presentan una queja ante las autoridades.
En tanto, Fortinet, empresa líder en soluciones y servicios de seguridad, reveló que en 2022 la región de América Latina y el Caribe sufrieron más de 360 mil millones de intentos de ciberataques, según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet. México recibió la mayor cantidad de intentos de ataques con 187 mil millones, seguido de Brasil con 103 mil millones, Colombia con 20 mil millones y Perú con 15 mil millones.
