La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones humanitarias, opositores y hasta integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han cuestionado haber incluido en la nueva ley del Poder Judicial -que contempla sanciones más duras por corrupción para los funcionarios judiciales y extiende los castigos a los detenidos- un artículo transitorio para ampliar hasta 2024 el periodo del presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general, las leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, las cuales incluyen el polémico artículo 13 transitorio que amplía dos años el mandato del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, fue avalado el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden las leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

También se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política; así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.

“La finalidad es reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, y establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación”, explicó la Cámara de Diputados en un comunicado.

Asimismo, detalló que en el dictamen se precisa que desde el Poder Judicial de la Federación se comenzaron a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todas y todos.

“Menciona que existe un mandato constitucional y una necesidad de materializar la reforma constitucional, con la intención de permitir el acceso a una justicia efectiva para los gobernados que les otorgue certeza y seguridad jurídica respecto del actuar de los impartidores de justicia, por la instauración de criterios homologados, jurisprudencia por precedentes, defensoría pública y la emisión de resoluciones a partir de la pluralidad de voluntades”, recordó el Congreso.

Del mismo modo, el proyecto de reformas argumenta que existe premura en que el personal del Poder Judicial tenga las herramientas suficientes para actualizarse, profesionalizarse y contar con un servicio de carrera que les permita contar con garantías de permanencia y estabilidad laboral.

“Busca hacer coherente la norma fundamental con las normas jurídicas secundarias y evitar posibles antinomias o contradicciones jurídicas. Asimismo, significa el desarrollo de las nuevas instituciones jurídicas que regirán en adelante el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, así como el mejor ejercicio de sus potestades constitucionales”, se lee en el boletín.

También considera necesaria la aprobación del cuerpo normativo secundario para lograr una impartición y administración de justicia que sea eficiente, eficaz y de calidad, para eliminar los factores que condicional la función judicial.

EL TRANSITORIO QUE AMPLÍA EL MANDATO DE ZALDÍVAR

Una de las partes más cuestionadas y criticadas en el dictamen aprobado por los legisladores federales es el artículo Décimo Tercero Transitorio, pues a fin de “implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.

Esto quiere decir que Arturo Zaldívar, quien actualmente se desempeña en esos cargos, ya no estaría al frente los cuatro años que marca la Constitución, sino un total de seis años, por lo que culminaría su mandato hasta el 2024, mismo en el que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un defensor de la ampliación de la presidencia del Ministro para concretar la reforma al Poder Judicial.

En su conferencia de prensa matutina del martes pasado, el mandatario mexicano aseguró que su intención de alargar el mandato de Zaldívar no esconde el propósito de reelegirse él como Jefe de Estado en 2024.

La Constitución mexicana establece un periodo de seis años para los presidentes y prohíbe la reelección, por lo que López Obrador debería terminar su mandato en 2024.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que en septiembre de 2024 se jubilará y se retirará a su rancho en Palenque (Chiapas).

No obstante, defendió que es “muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro y con principios” y afirmó que “no hay otro” en la Suprema Corte que pueda defender la renovación del Poder Judicial.

Por tanto, según las nuevas reformas, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 finalizará su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 terminará sus funciones el 23 de febrero de 2026.

“El Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026”, se menciona.

LA LEY ORGÁNICA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, que consta de 233 artículos, los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito, y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministras o ministros y funcionará en pleno o en salas. Su presidente o presidenta de la no integrará Sala.

“Las y los ministros de la SCJN y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sólo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política”, se establece.

Las y los ministros de la Suprema Corte, las y los magistrados de circuito, y las y los jueces de distrito, indica, sólo serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe.

LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PJF

Por otra parte, la Ley de Carrera Judicial consta de 161 artículos, es de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como regular todas aquellas cuestiones que inciden directamente en el funcionamiento de la misma.

En el dictamen, se aclara que “la carrera judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades”.

“La carrera judicial tiene como finalidad garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella; propiciar la permanencia y superación de sus integrantes, con base en expectativas de desarrollo personal mediante una carrera como personas servidoras públicas en el Poder Judicial de la Federación”, dice.

A su vez, busca desarrollar un sentido de identidad y pertenencia hacia el Poder Judicial de la Federación; contribuir a la excelencia y eficacia de la impartición de justicia; garantizar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación; y vincular el cumplimiento de los objetivos institucionales con el desempeño de las responsabilidades y el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas.

–Con información de EFE y AP