A pesar de que las concesiones señalan un volumen máximo permitido de extracción y de que el Artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales establece como obligación de los titulares instalar medidores para regular la cantidad de agua extraída al año, la realidad es que las empresas extraen aún más agua de la que tienen permitida a partir de las concesiones que obtienen de la Conagua.
Por Karen Flores
Ciudad de México, 21 de julio (Serendipia).- ¿Quién explota el agua en México? Personas y empresas, tanto públicas como privadas, tienen permiso para extraer 237 mil millones de metros cúbicos de agua del país al año, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto equivale a llenar 18 veces la presa Belisario Domínguez, en Chiapas, la más grande de México.
“El agua se ve como un producto de mercado que se puede vender al mejor postor. En este caso, a las empresas, las inmobiliarias o las familias que tienen o han tenido privilegios en México. Esto es una forma de despojo porque el gobierno cierra la llave a quienes menos agua tienen, mientras que a las empresas les abre a borbotones el agua del país”, dijo Alejandra Parás, coordinadora de Comunicación y Vinculación de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida.
En México existe una crisis hídrica originada, entre otras razones, por la desigual distribución de este recurso, de acuerdo con el doctor Francisco López Bárcenas, coordinador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Si bien el acceso al
agua es un derecho humano reconocido en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana, la realidad es que el gobierno está lejos de garantizarlo.
“Culpamos al pequeño usuario, como tú y yo, por el problema del agua. Pero no dirigimos la mirada a todos estos números”, afirma Alejandra Parás. “En periodos de sequía se acusa a las personas y se les exige lavarse los dientes con menos agua o usar una cubeta para ahorrar. Y sí, es parte de una cultura del agua. Sin embargo, no se pone un ojo crítico hacia quienes en realidad acaparan toda el agua del país”.
Porque a comparación de empresas como Bachoco S.A. de C.V (que a través de sus 258 concesiones tiene permitido extraer 19.1 millones de metros cúbicos al año equivalentes a siete mil 650 albercas olímpicas), algunos municipios del país no tienen acceso al agua potable desde hace años. Esto significa que sus viviendas no cuentan con agua entubada procedente de un servicio público o de un pozo comunitario. Es el caso, por ejemplo, de La Magdalena Tlaltelulco (en Tlaxcala), donde sólo el 8.7 por ciento de su población tuvo acceso al agua potable en 2020, de acuerdo con los datos más recientes sobre Cobertura Universal de la Conagua.
“De forma mediática, la falta de agua se ve en ciudades grandes e industrializadas como Monterrey o la Ciudad de México. Pero la realidad es que existen comunidades periféricas, campesinas e indígenas que llevan años sin acceso al agua, por lo que ni siquiera tienen el recurso hídrico suficiente para producir sus alimentos”, indicó Francisco López Bárcenas, coordinador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis.
El 74.2 por ciento de toda el agua concesionada en México se destina a la generación de energía eléctrica, de acuerdo con el REPDA. Se trata de 176 mil millones de metros cúbicos de agua nacional con la que podría llenarse cada año 13.3 veces la presa más grande del país.
El análisis de datos abarca todo el volumen de agua concesionada a este sector e incluye tanto a empresas hidroeléctricas como a termoeléctricas dedicadas a la generación de energía. Es importante aclarar que en el caso de las centrales hidroeléctricas, el volumen registrado en el REPDA contabiliza el flujo de agua a presión que pasa por las turbinas y transforma su energía potencial en cinética.
En cambio, las termoeléctricas usan calor para aumentar la temperatura del fluido (agua) con la intención de que se evapore y mueva una turbina que convierte a su vez la energía térmica en cinética para la generación de electricidad. Por tanto, el agua concesionada para este uso particular se pierde en comparación con el recurso hídrico destinado a las centrales hidroeléctricas.
Al tomar en cuenta ambos tipos de generación de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la razón social con la mayor cantidad de agua concesionada. Esto porque cuenta con 153 mil millones de metros cúbicos que equivalen a 11.6 veces el
volumen contenido en la presa Belisario Domínguez.
En el REPDA no se incluye en cada razón social el tipo de empresa de CFE: es decir, si se trata de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. En consecuencia, Serendipia solicitó una entrevista con CFE para conocer el uso dado a toda esta agua concesionada, pero hasta el cierre de edición del reportaje no se obtuvo respuesta.
Entonces, ¿quién explota el agua en México? La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, empresa subsidiaria de Heineken Internacional, tiene permitido extraer al año 20.8 millones de metros cúbicos de agua. Un volumen equivalente a llenar ocho mil 333 albercas olímpicas con agua nacional cada año. Y esto sólo con los 14 títulos concesionados a nombre de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A de C.V.
Esta cervecera opera marcas como Tecate, XX, Sol, Bohemia, Carta Blanca, Indio y Heineken. Tan sólo para producir un vaso de estas bebidas (250 mililitros) son necesarios, en promedio, 75 litros de agua, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El agua es un elemento natural indispensable para la vida, es un bien que no debe estar en el mercado porque resulta necesario para todos”, dice López Barcenas. “Pero, con el capitalismo y los tratados comerciales, el agua ha dejado de ser un recurso que satisface derechos para ser ahora sólo un elemento mercantil. En otras palabras, no accede al agua quien la necesita, sino quien puede pagar por ella”.
¿QUIÉN EXPLOTA EL AGUA? EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
El REPDA es el registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que concentra los permisos otorgados por el gobierno federal para la extracción del recurso hídrico. Este registro fue creado con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en diciembre de 1992 como un instrumento para regular las concesiones de agua entregadas en el país. Su actualización se lleva a cabo de forma trimestral, de modo que los datos incluidos en este reportaje tienen como corte el mes de marzo de 2022.
Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece que la Conagua puede otorgar una concesión sólo si existe una disponibilidad efectiva del recurso hídrico en la zona en que se desea extraer (Artículo 14 BIS 5 Fracción VII), esta disposición se encuentra lejos de cumplirse. René Moreno Medina, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, denuncia una falta de estudios sobre la disponibilidad real de agua en los acuíferos de su entidad. Es decir, en las formaciones geológicas que almacenan agua del subsuelo.
A pesar de la falta de estudios, el gobierno sigue otorgando concesiones para extracción de agua en todo el país. De hecho, el 42.11 por ciento (275) de los 653 acuíferos existentes en México fue declarado oficialmente sin disponibilidad de agua en 2020, de acuerdo con los datos más actualizados de la Conagua.
Además, durante 2020 esos mismos 275 acuíferos también se encontraban sobreexplotados. Esto quiere decir que la extracción de recurso hídrico excedió en 10 por ciento el volumen de agua que pueden recargar de forma natural. Con respecto a los 378
acuíferos restantes, el 64 por ciento (241) contaba con apenas una disponibilidad de entre 0.1 y 10 hectómetros cúbicos (una medida equivalente a un millón de metros cúbicos de agua).
“La entrega de permisos se debe hacer tomando en cuenta las características de cada espacio geográfico y su disponibilidad real de agua. Reitero, no se puede continuar otorgando concesiones desde la comodidad de un escritorio en el centro del país”,
afirma Alejandra Parás.
La generación de energía es el sector con mayor volumen de agua concesionada en México: 176 mil millones de metros cúbicos al año con los que podría llenarse 13.3 veces la presa más grande del país. El agrícola se encuentra en segundo lugar con el 12.6 por ciento de todo el recurso hídrico concesionado, pues puede extraer 30 mil millones de metros cúbicos que equivalen a 2.2 veces el volumen contenido en la presa Belisario Domínguez. La industria se ubica en cuarto lugar con un volumen concesionado de 6 mil millones de metros cúbicos al año (o 2.5 millones de albercas olímpicas).
A pesar de que las concesiones señalan un volumen máximo permitido de extracción y de que el Artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales establece como obligación de los titulares instalar medidores para regular la cantidad de agua extraída al año, la realidad es que las empresas extraen aún más agua de la que tienen permitida a partir de las concesiones que obtienen de la Conagua.
“El volumen de agua que viene registrado en el REPDA no siempre coincide con lo que en realidad viven las poblaciones cercanas a las zonas en las que se entregan estos permisos. En muchas ocasiones, si es que se instala un medidor, o no sirve o tiene imprecisiones, por lo que resulta difícil saber si la empresa consume lo que tiene permitido o extrae más”, afirma el colectivo GeoComunes, dedicado al acompañamiento de pueblos y comunidades por la defensa de su territorio, en entrevista con Serendipia.
Por ejemplo, durante 2021 los pobladores del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla (en el centro de Puebla) decidieron alzar la voz contra la empresa Bonafont. Esto porque la embotelladora produce cada hora alrededor de mil 440 garrafones de agua en una de sus plantas instaladas en la región, de acuerdo con datos del Atlas de Justicia Ambiental. En contraste, al menos cinco familias del municipio cuentan sólo con pozos artesanales para uso doméstico, pero el 90 por ciento se ha secado y de los restantes sólo es posible extraer entre 50 y 200 litros de agua para todas sus actividades.
Según el Atlas de Justicia Ambiental, Bonafont cuenta con tres concesiones de agua en la zona: una por 105 mil 229 metros cúbicos de agua al año y otras dos cuyos volúmenes no se han incluido en el REPDA. Con esta falta de transparencia, la población denuncia que la empresa consume de forma ilegal más agua de la que tiene permitida. Tras preguntar a los empleados de la embotelladora, los investigadores descubrieron que la empresa extrae un millón 400 litros de agua diarios: un volumen 3.47 veces mayor a lo que tiene permitido extraer con base en la única concesión cuyo volúmen es visible en el REPDA.
Pero este no es un caso aislado. Por ejemplo, en 2009 Goldcorp (una compañía canadiense productora de oro) solicitó una concesión por más de 40 millones de metros cúbicos de agua al año (equivalentes a 16 mil albercas olímpicas) para continuar con sus trabajos en la mina Peñasquito, en Zacatecas. Durante agosto de ese año, la Conagua publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un dictamen donde decretó que el Acuífero Cedros (cercano a la mina) tenía una recarga de agua mayor (54.5 millones de metros cúbicos) de la que originalmente había determinado (10.1 millones de metros cúbicos). Fue entonces
cuando le otorgó a la empresa concesiones de agua por el volumen requerido.
“Todo esto se hace de una manera poco transparente y sin los estudios adecuados para entregar esos volúmenes de agua”, afirma Alejandra Parás. De hecho, fue hasta enero de 2020 que la compañía Goldcorp renunció a 5 millones de metros cúbicos de agua
(equivalentes a 2 mil albercas olímpicas), lo que representa apenas el 10 por ciento de todo el volumen concesionado a esta empresa desde hace más de una década. Esto tras años de lucha en defensa del recurso hídrico por parte de poblaciones cercanas a la mina (como la de Mazapil).
Sumado a la corrupción, se encuentra la falta de personal de este organismo. Durante abril de 2022 (correspondiente a su última actualización), la Conagua contaba con un total de 153 inspectores, de acuerdo con su registro sobre el personal acreditado. Esto equivale a monitorear por cada supervisor 2 mil 770 concesiones sólo de extracción de agua, tanto superficial como subterránea. Es decir, en este cálculo no se toman en cuenta las concesiones entregadas para descargas residuales y zonas federales.
“Con base en el trabajo que hacemos podemos decir que el tema del acceso al agua resulta un eje central porque el agua es el hilo conductor de muchas luchas”, afirma el colectivo GeoComunes. “Pero no sólo se trata de escasez, sino también de acaparamiento y una distribución desigual del recurso hídrico. El problema es que resulta peligroso denunciar esto porque atenta contra grandes intereses”.
“La Ley de Aguas Nacionales fue un prerrequisito para que México entrara al Tratado de Libre Comercio. Por tanto, vivimos bajo un sistema neoliberal que ve al agua sólo como una fuente de ingresos”, sostiene Alejandra Parás. “El agua del país se exporta en forma de productos y la que se queda o está contaminada o es para el acceso de unos pocos. Por ejemplo, las comunidades mazahuas del Estado de México ven pasar el sistema Cutzamala por arriba de sus cabezas, mientras abajo en sus casas no tienen agua potable”.
Esta falta de recurso hídrico se repite también en otras áreas del país como el Valle de Puebla, con los barrios cercanos a la planta de Volkswagen.
MAYOR CANTIDAD DE TÍTULOS NO SIGNIFICA MAYOR VOLUMEN DE EXTRACCIÓN
“Gran parte del problema que tenemos en el país sobre la gestión del agua es el régimen concesional. Con la Ley de Aguas Nacionales en 1992 se hizo una reconfiguración de la posesión del agua en México y se dio a grupos particulares una enorme cantidad de agua”, afirma René Moreno. “Es posible notar la relación que existe entre las concesiones
que se otorgan y la reducción en la disponibilidad de agua de los acuíferos del país”.
De hecho, el uso estipulado en los títulos de concesión incluidos en el REPDA no siempre coincide con la realidad. Esto porque algunos titulares tienen permisos de extracción para un uso agrícola, cuando en realidad son empresas que hacen un uso agroindustrial del agua al regar con ella hectáreas de monocultivos que después se venden en el mercado nacional o extranjero. Por tanto, gran parte de las concesiones agrícolas no se entregan a personas físicas que siembran en sus pequeñas parcelas.
Es el caso, por ejemplo, del grupo La Norteñita, dedicado a la producción de manzanas en el estado de Chihuahua y principal comercializador de esta fruta en el país. Aunque sus títulos de concesión en el REPDA son catalogados como agrícolas, la realidad es que el uso dado al agua por esta empresa es más bien a una escala agroindustrial. Esto porque para su producción riega dos mil 545 hectáreas de plantación en zonas áridas de la entidad. Además, en su propia página el grupo refiere una producción de más de 800 mil toneladas de manzana con disponibilidad de fruta durante todo el año. “Sus plantaciones están
ubicadas en zonas áridas del estado, pero si uno las ve por satélite son completamente verdes porque han creado un microclima artificial”, afirma René Moreno.
El problema es que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, esta concesión se encuentra correctamente regulada, ya que “no se considera estos usos como agroindustriales porque el producto no tiene una transformación. (Además) las concesiones de uso agrícola no pagan derechos de aprovechamiento, lo que significa que la empresa no pierde ni un solo peso por regar sus miles de hectáreas”, explica Moreno.
De acuerdo con el REPDA, el grupo La Norteñita tiene permitido extraer 47.1 millones de metros cúbicos de agua nacional equivalentes a llenar 18 mil 867 albercas olímpicas cada año. “Si la ley fuera justa y su régimen concesional cambiara a un uso agroindustrial, por toda esa agua la empresa tendría que pagar, al menos, 455 millones de pesos al año que no están entrando a las arcas públicas”, dice Moreno.
Pero este es sólo un ejemplo, pues existen más agroindustrias en México como la de la nuez pecana en Sonora, la del aguacate en Michoacán y la de los cítricos en Veracruz. De acuerdo con las organizaciones entrevistadas, el país no vende alimentos, automóviles ni cervezas. En realidad, México vende y exporta su agua en forma de productos a través de grandes empresas nacionales o extranjeras.
“Distintas regiones del país se han convertido en zonas de sacrificio ambiental para el beneficio de unos pocos. Por ejemplo, existen iniciativas de empresas como Constellation Brands (una cervecera estadounidense) que busca instalarse en Veracruz para envasar agua mexicana”, dice Alejandra Parás.
“Cuando uno se dedica a la exportación, lo que en realidad hace es exportar los recursos naturales del territorio”, sostiene René Moreno. “Por eso existen países que no quieren explotar sus acuíferos y buscan que otros asuman ese costo. El problema es que no son los grupos en el poder los que pagan las consecuencias. Para ellos, lo de menos es que el resto de la población y las especies que habitan esas regiones se queden sin agua”.
Pero no son sólo las empresas extranjeras: también personas con alta influencia política en México, como la senadora Olga Sánchez Cordero, han obtenido permisos. Cordero y su pareja tienen concesionados 2.7 millones de metros cúbicos de agua al año equivalentes a mil 80 albercas olímpicas, de acuerdo con una investigación de Agua para todos. Con ese volumen riegan sus plantíos de nogales y cítricos para exportación en General de Terán, una zona con alto estrés hídrico de Nuevo León.
Cada título de concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales (tanto superficiales como subterráneas) costaba 4 mil 339 pesos en 2021. Esto de acuerdo con los Plazos de respuestas y cuotas por derechos de expedición y registro de la Conagua. Además, existen empresas que con una sola concesión tienen acceso a grandes volúmenes de recurso hídrico, por lo que no necesariamente un vasto número de títulos implica una mayor extracción de agua.
Aunado a esto, los títulos de concesión de agua otorgados en el país tienen una vigencia que puede variar desde los cinco hasta los 30 años de duración. Esto con posibilidad de solicitar una prórroga hasta por 30 años más. “Los permisos se pueden extender sin importar el volumen ni el uso y sin tomar en cuenta si se perjudica a otras poblaciones”, dice López Bárcenas. “La Ley también permite que el titular pueda vender, heredar, rentar, dividir o juntar sus concesiones. Esto provoca una concentración enorme del agua en pocas manos, lo que lo vuelve un negocio altamente lucrativo”.
Entre las principales críticas está también la entrega de concesiones a personas físicas o empresas en cuya labor diaria no se encuentra usar este recurso hídrico. Es el caso de bancos como BBVA México que cuenta con 10 concesiones de agua, entre ellas una en Nayarit por 2.1 millones de metros cúbicos de agua (equivalentes a 840 albercas olímpicas) al año. Pero no es el único: Santander, Banco Azteca, HSBC, Banorte, Citibanamex y Scotiabank también tienen concesiones en distintas entidades del país.
“Asimismo, en zonas áridas o de alto estrés hídrico los grupos inmobiliarios y grandes empresarios se dedican a generar cada vez más metros cuadrados de asfalto para fraccionamientos, industrias o clubes que buscan abastecer de agua a como dé lugar”,
recuerda René Moreno. “Dejando de lado que estos grupos empresariales compran a precios de risa esos terrenos (si es que no se los expropian a los pequeños ejidatarios) para venderlos después a precios premium”.
Por tanto, cuando en una región se genera un alto estrés hídrico se plantea la creación de grandes obras hidráulicas, como los trasvases, que buscan dirigir el agua a la zona desde cuencas cercanas. “Entonces lo que se propone son megaobras que generalmente son mega fracasos”, afirma Alejandra Parás. “Por ejemplo, bajo el pretexto de la falta de agua en Nuevo León buscan revivir el proyecto Monterrey 6 que implica el trasvase de cuencas desde el Río Pánuco (al norte de Veracruz) hasta la ciudad de Monterrey”.
De nuevo, porque quién explota el agua en México no son las poblaciones más vulnerables.
“En Sonora el pueblo seri vive cerca del mar, pero el agua dulce escasea y no tienen acceso a ella”, dice Bárcenas. “También está el caso de los pueblos rarámuri en Chihuahua. Aunque el agua nace en sus tierras, este recurso hídrico se usa para regar las
producciones agroindustriales de manzanas y nueces. Entonces los rarámuris, a pesar de tenerla tan cerca, no pueden acceder al agua”.
De acuerdo con Alejandra Parás de Agua para todos, las zonas urbanas de México aún tienen agua porque aproximadamente el 25 por ciento de su recurso hídrico proviene de territorios defendidos por pueblos indígenas. En ese aspecto, el caso de los yaquis es también muy emblemático, pues el pueblo ha mantenido una fuerte disputa por el agua desde el siglo XIX. Ubicados en el estado de Sonora, en la actualidad continúan luchando por preservar el Río Yaqui que le da nombre a su pueblo.
Pero la defensa del agua en México tiene un costo. El pasado 9 junio de 2021 fue asesinado a tiros Luis Urbano Domínguez, miembro de la tribu yaqui y activista por el agua en Sonora, mientras salía de un banco en el centro de Ciudad Obregón. Dos semanas después, el 22 de junio, era encontrado en una fosa el cuerpo sin vida de Tomás Rojo, vocero de la comunidad yaqui que encabezó la lucha contra el acueducto Independencia. Sin embargo, el Distrito de Riego del Río Yaqui, dirigido por el Comité Hidroagrícola del estado de Sonora, se encuentra en sexto lugar en la lista de titulares con mayor extracción de agua para uso agrícola. Esto con 98.3 millones de metros cúbicos que equivalen a llenar cada año 39 mil albercas olímpicas.
“No debemos olvidar que ese pueblo se ha ido a la guerra por el agua. Hoy en día defienden el Río Yaqui porque el acueducto Independencia busca desviar su agua hacia la ciudad de Hermosillo. Pero esto no sólo para que la población tenga acceso al recurso hídrico, sino más bien para que sus empresas automotrices, cerveceras y refresqueras puedan seguir funcionando”, sostiene el doctor López Bárcenas.
En el centro del país se encuentra también la lucha de los pueblos nahuas que se oponen al gasoducto del plan integral Morelos, operado por la CFE. En su caso, durante febrero de 2019 asesinaron a tiros a Samir Flores, uno de sus líderes, por pronunciarse en contra de la instalación de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca (Morelos).
Y a pesar de su muerte, el proyecto sigue en marcha. Cabe recordar que CFE es la razón social con mayor volumen de agua concesionada en México, motivo por el que Serendipia le solicitó una entrevista para conocer el uso dado a este recurso hídrico. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje la entrevista no fue otorgada.
“Me queda clarísimo que, al menos, todas las concesiones de agua entregadas en territorios indígenas son ilegales”, afirma el doctor López Bárcenas. “Antes de otorgar los permisos los gobiernos debieron consultar a los distintos pueblos porque ellos son quienes pagan las consecuencias. No se hizo y sigue sin hacerse. Este sólo hecho ya las hace ilegales”. Chiapas, el estado con mayor extracción concesionada Chiapas es la entidad en donde ha sido concesionado el mayor volumen de agua en México, de acuerdo con el REPDA. Esto porque en la entidad se han otorgado concesiones por 63 mil millones de metros cúbicos de agua al año, que equivalen a llenar 4.8 veces la presa más grande del país ubicada en ese mismo estado. En segundo lugar se encuentra
Michoacán, que cuenta con permisos por un volumen registrado de 29 mil millones de metros cúbicos de agua (o 2.2 presas Belisario Domínguez).
Nuevo León, que actualmente enfrenta una escasez de recurso hídrico, se encuentra en el lugar número veinte con una extracción concesionada de mil millones de metros cúbicos de agua con la que se podría llenar cada año 765 mil albercas olímpicas.
A pesar de su riqueza hidrológica, Chiapas enfrenta diversas problemáticas relacionadas con el acceso al agua como son el acaparamiento y la escasa regulación de las descargas residuales. Con respecto a las concesiones otorgadas en la entidad, Coca Cola cuenta con 48 permisos para extracción de agua que suman al año 653 mil 854 metros cúbicos de agua a nombre de las distintas razones sociales conocidas de esta trasnacional.
De acuerdo con su propio portal, Coca Cola tiene nueve empresas representantes en México. Se trata de Arca Continental, Corporación del Fuerte, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Corporación RICA, Bebidas Refrescantes de Nogales, Grupo
Embotellador Nayar, Embotelladora de Colima, Jugos del Valle y Bepensa. De esas nueve, sólo las últimas cinco tienen concesiones de agua registradas en el REPDA. Se une a esta lista la empresa Inmuebles del Golfo, descubierta como representante de Coca Cola en 2020. Esto cuando Miguel Ángel de los Santos Cruz (ex síndico de San Cristóbal de las Casas) reveló dicha información al pedir que se le retiraran las concesiones de agua entregadas en su entidad.
Sin embargo, ya en mayo de ese mismo año la propia Conagua había respondido a una solicitud con folio 1610100092720 afirmando que no había localizado títulos de concesión a nombre de Coca Cola.
Pero la mayor parte de los volúmenes de agua extraídos por Coca Cola no proceden del estado de Chiapas. En primer lugar se encuentra Yucatán, entidad en la que Coca Cola tiene concesionados 4.3 millones de metros cúbicos al año (o mil 733 albercas olímpicas).
Se necesitan 35 litros de agua para producir sólo medio litro de Coca Cola, de acuerdo con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública: 28 litros para cultivar el endulzante y siete más para fabricar la botella de plástico.
Tan sólo el año pasado Coca Cola reportó en México un ingreso de 194 millones 803 mil 626 pesos, según los datos de su Reporte Anual 2021 en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Coca Cola FEMSA saquea el agua del país, aunque tenga autorizaciones por parte de la Conagua para extraerla”, afirma Alma Rosa Rojas Zamora, activista y coordinadora del colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, en entrevista con Serendipia.
“Esta empresa ha explotado los acuíferos del país y ha creado toda una infraestructura para que personas de ciertas comunidades sólo puedan acceder al agua a través de sus refrescos. El sistema de concesiones actual permite la destrucción de todo, naturaleza y vida, por dinero”.
Pero Coca Cola no es la excepción. De acuerdo con René Moreno, el usar prestanombres, personas físicas o filiales para registrar las concesiones de agua es una práctica recurrente en México. Esta situación se repite también en el caso del grupo La Norteñita,
cuyas concesiones se encuentran divididas entre diferentes personas físicas que son familiares de los dueños de esta empresa agroindustrial.
“Rastrear los permisos es muy complejo porque la Conagua no garantiza un acceso pleno a la información”, afirma el colectivo GeoComunes. “Es necesario hacer todo un trabajo de búsqueda para desglosar cada empresa e identificar sus distintas razones sociales. Lo que se ha encontrado hasta ahora con Coca Cola implica una labor de investigación muy profunda. Pero faltan muchas más”.
Además, en ocasiones se opta por rentar estas concesiones de agua a otras empresas o personas físicas en lugar de solicitar un permiso a la misma Conagua. Esto dificulta todavía más rastrear todo el volúmen de agua al que tiene acceso cada titular, pues dicha información no se incluye en el REPDA.
Sumado también al tema de la privatización del recurso hídrico por parte de los organismos operadores privados, a quienes se les entregan concesiones para operar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto con la
intención de garantizar dichos servicios en municipios y entidades del país. Sin embargo, desde hace años en México se han detectado irregularidades en la operación de estos organismos privados, principalmente extranjeros.
“Algo que ha caracterizado a los organismos operadores de agua privados es que las cuotas de agua potable son excesivamente elevadas. Esto aunado al retraso en el servicio y la mala calidad del agua”, dice Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la
Fundación Salvemos el Agua, en entrevista con Serendipia. “Quienes terminan pagando esta ineficiencia son los usuarios, independientemente de quién haya otorgado el permiso a las empresas privadas para abastecer de agua a la población”.
Porque quién explota el agua en México son también empresas que continúan privatizando el recurso hídrico del país. “Nuestras aguas están en manos de empresas extranjeras como Aguas de Barcelona o Grupo Veolia (de capital francés), señaladas por
corrupción no sólo en México. Y esto lo hacen de la mano de instituciones financieras internacionales bajo el falso argumento de soluciones climáticas que garantizan una gestión optimizada del agua”, afirma Alejandra Parás.
Este es el caso de Querétaro, donde grupos ambientalistas y personas civiles se han manifestado en contra de una nueva ley, publicada el 1º de julio de 2022, que busca regular la prestación de los servicios de agua potable. El pasado 6 de julio, grupos de personas salieron a las calles de la entidad para denunciar que esta modificación beneficia sólo a la iniciativa privada, pero fueron reprimidos con brutalidad por parte de la policía estatal.
“Es necesario poner un ojo crítico en la situación que atraviesa Querétaro, pues de forma irregular se aprobó la privatización del agua para beneficiar a capitales privados de inmobiliarias. Y el gobernador actuó con total impunidad hacia una legítima protesta civil en la que había infancias, adultos mayores y comunidades indígenas”, dice Alejandra Parás.
También se encuentra el caso de Puebla, donde el pasado 8 de julio el gobernador Miguel Barbosa Huerta defendió un aumento, solicitado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), de entre el 4 y 7.6 por ciento en las tarifas de agua
potable. Esto a pesar de la inconformidad de los usuarios y las constantes quejas por la falta de servicio y la mala calidad del agua que brinda este operador privado.
La corrupción del agua está legalizada, de acuerdo con René Moreno. Esto porque la Ley de Aguas Nacionales, por la forma en que fue escrita, permite una concentración del recurso hídrico nacional en pocas manos. “Por tanto, lo que hacen estas grandes
empresas en el país no es ilegal. Pero que la corrupción no sea ilegal no significa que no exista, sino más bien que la hemos normalizado”, dice Moreno.
PESE AL CAMBIO CLIMÁTICO, EMPRESAS CONTINUAN EXTRACCIÓN
El REPDA contiene los registros de concesiones de agua entregadas por la Conagua cada año desde 1992, información que es actualizada de forma trimestral. Sin embargo, no indica el estado actual de cada título de concesión: si está vigente, si fue renovado o si ya expiró. De esta manera, los datos muestran un registro histórico del volumen de aguas nacionales concesionadas, más no es posible conocer si todos los títulos otorgados hace 30 años siguen vigentes hoy en día.
Por ende, un aumento o disminución en el número de títulos otorgados durante un año no necesariamente implica que el volumen total de agua concesionada (es decir, el acumulado desde 1992) haya evolucionado de la misma forma. Esto porque el volumen que está siendo explotado en el país corresponde a las concesiones entregadas durante un año, pero también incluye las concesiones otorgadas en años anteriores cuya duración no es precisada en el REPDA y que en este momento pueden continuar operando.
Por tanto, aunque el volumen de agua concesionada en 2021 disminuyó en 49 por ciento con respecto a la concesionada en 2020, la explotación del recurso hídrico en México no se ha detenido. “Aunque se reduzca la cantidad de concesiones otorgadas en los últimos años, la verdad es que los permisos entregados en décadas previas continúan”, dice López Bárcenas. “Hay tantas concesiones que no se necesitan más para explotar lo que aún queda de los recursos naturales. Si se busca un cambio real lo que se debe hacer es revisar también la legalidad de las concesiones entregadas en años anteriores”.
Si se toma en cuenta el volumen total de agua concesionada (que incluye tanto los volúmenes entregados en años previos como los otorgados durante cada año), en 2021 la cantidad de agua concesionada incrementó en 0.34 por ciento en comparación con 2020. Sin embargo, durante la década pasada, 2014 reportó el mayor aumento con un alza del 5.9 por ciento en el volumen total de agua concesionada en México, según el REPDA.
“Un problema que aumenta al reducir las concesiones de agua es la operación ilegal de pozos o tuberías de descarga”, dice René Moreno. “Es importante señalar que existen pozos de extracción en el norte del país que se hacen sin una regulación adecuada, lo que genera fallas en el subsuelo porque se abren muy cerca unos de otros”.
Aunado a los factores mencionados, el cambio climático también ha tenido fuertes repercusiones en México. “Ahora llueve en zonas del país en las que antes no llovía y viceversa. También se reportan más temporadas de sequía y precipitación extrema a lo
largo de todo el territorio”, dice Alejandro de la Madrid. “Se han alterado los ciclos de lluvia y la disponibilidad de agua en los diferentes estados del país”.
De hecho, el pasado 12 de julio la Conagua publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que declara el inicio de una emergencia por sequía en el país. Esto porque en la actualidad 571 municipios no cuentan con todo el recurso hídrico que
necesitan, de acuerdo con este organismo. En realidad, el norte del país es la región más afectada, pues ciudades como Mexicali, Ensenada, Hermosillo, Guaymas y Nogales enfrentan un episodio de sequía extrema.
Pero no sólo es la sequía que se vive actualmente en el país, sino también los cambios en los patrones de lluvia. Durante diciembre de 2018, Coahuila reportó una precipitación pluvial de 19.3 milímetros, de acuerdo con los datos sobre Precipitación estatal de la Conagua.
Sin embargo, para 2019 la entidad registró una disminución del 81.3 por ciento en su precipitación pluvial durante ese mismo mes, con apenas 3.6 milímetros de lluvia.
Antes de 2018, la entidad había reportado una precipitación pluvial mayor durante el último mes del año: para 2016 fue de 23.8 milímetros y durante 2017 fue de hasta 35.6 milímetros. Pero aunque el año pasado Coahuila registró un incremento en la precipitación pluvial con respecto a 2019, el aumento fue de sólo 38.8 por ciento con un reporte de apenas 5 milímetros de lluvia durante el mes de diciembre.
“La escasez de agua es originada por el acaparamiento, pero también por el cambio climático. Sin embargo, para enfrentar el problema a las autoridades sólo se les ha ocurrido racionar el agua para la población, mientras que a las empresas ni siquiera las ha tocado”, dijo Francisco López Bárcenas, coordinador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis
La propia Conagua reconoce que, en efecto, el volumen que las empresas tienen permitido extraer no se reduce una vez que la concesión ha sido entregada. Serendipia solicitó una entrevista con esta Comisión, pero la Conagua sólo respondió con un cuestionario escrito enviado por correo electrónico, argumentando falta de tiempo de los funcionarios públicos para hablar con este medio digital.
En el documento, el organismo afirma que sólo en situaciones de emergencia (como son la escasez extrema o la sobreexplotación de los acuíferos), la Conagua tiene facultades para tomar medidas que garanticen el abastecimiento de agua al resto de la población. Sin embargo, la realidad es otra.
“Es un sistema muy garantista con la gran industria. Si la disponibilidad disminuye entonces no se dan nuevas concesiones, pero tampoco se quitan las anteriores”, dice René Moreno. “Aunque en teoría la Conagua puede ajustar los volúmenes concesionados a cada titular en casos de emergencia, durante la práctica esto muy pocas veces ocurre”.
De hecho, la Subdirección General de Administración del Agua de la Conagua es la autoridad que ha concesionado más volumen de agua en México con permisos para una extracción total de 72 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con datos del REPDA. Esto equivale a llenar con agua nacional 5.5 veces la presa más grande del país cada año.
En segundo lugar se encuentra la Dirección de Administración del Agua del Organismo de la Cuenca Balsas con 31 mil millones de metros cúbicos de agua al año que equivalen a 2.4 veces el volumen contenido en la presa Belisario Domínguez. Esta dependencia gestiona el agua en ocho entidades del país: Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
“Es necesario un cambio urgente en la Ley de Aguas Nacionales. Pero hasta ahora no se ha logrado por la presión económica y política que hacen los grandes intereses y empresas metidas en el consejo consultivo de Conagua”, afirma la activista Alma Rojas. “Los primeros que deben ser informados de que se va a otorgar una concesión tienen que ser los pobladores que habitan cada territorio”.
Por tanto, desde 2018 la Coordinadora Agua para Todos ha propuesto modificaciones para lograr una Ley General de Aguas Nacionales que garantice la preservación y adecuada gestión del recurso hídrico del país. “Buscamos la creación de contralorías regionales”, sostiene el colectivo GeoComunes. “Es decir, que los acuíferos del país no sean controlados por los grandes poderes y que la población pueda monitorear su disponibilidad para tomar decisiones informadas. Al fin y al cabo, el agua es de todos”.
Esto porque, si se perpetúa el sistema de concesiones actual, se seguirán explotando los acuíferos del país y el agua continuará disponible sólo para aquellas personas físicas o empresas que puedan pagar por ella. “La Ley de Aguas Nacionales está diseñada para regalar nuestro recurso hídrico al capital nacional y extranjero bajo esta idea de que todo es mercancía”, puntualiza René Moreno. “Es necesario derogarla y crear un marco que ponga en primer lugar al medio ambiente y a las personas. Cuando unas pocas empresas acaparan este recurso, al final se acaba el agua para todas las especies, no sólo para la humana”.
-Análisis y visualización de datos por Marco Antonio Trujano
Editado por Alejandra Padilla
