La organización cita testimonios de medio centenar de refugiados sirios, recogidos en octubre, que coinciden en que la única manera de entrar en Turquía es hacerlo de manera clandestina, guiados por traficantes de personas.

“El cierre de la frontera por parte de las autoridades turcas fuerza a mujeres embarazadas, niños, ancianos, enfermos y heridos a intentar esquivar a los guardas fronterizos turcos para huir del horror de la guerra siria”, se lamenta Human Rights Watch.

La organización reconoce que Turquía ha sido “generosa” al acoger a unos dos millones de refugiados sirios y que “tiene derecho a controlar su frontera de forma exhaustiva por motivos de seguridad”, pero insiste en que “no debería enviar de vuelta a la guerra a quienes buscan asilo”.

Según HRW, Ankara clausuró ya en marzo los últimos pasos oficiales con Siria y desde entonces sólo admite ambulancias con enfermos, aunque muchos civiles seguían cruzando de forma clandestina.

Desde julio, los controles son más estrictos y ya sólo es posible entrar en Turquía por la provincia de Hatay, donde el terreno es abrupto y difícil de controlar, agrega la organización.

Unos 250.000 sirios viven en Turquía en campamentos de refugiados oficiales, establecidos por el gobierno, donde reciben alojamiento, comida, sanidad y educación, y otros dos millones sobreviven por su cuenta, también beneficiándose de ciertas ayuda gubernamental y del derecho a sanidad básica gratuita.

Ankara asegura que mantiene una “política de puerta abierta” restringida sólo por puntuales motivos de seguridad.