El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que ni un sólo documento que han analizado de la Secretaría de Defensa Nacional indica que los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 estaban coludidos con el narcotráfico; sin embargo sí que miembros de esta dependencia y autoridades de los municipios guerrerenses involucrados, así como jefes de las policías municipales, tenían nexos con grupos criminales de la zona.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Los dos integrantes que restan del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Beristain y Ángela Buitrago, lamentaron que no pudieran continuar su trabajo en el esclarecimiento del paradero y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentos importantes para la investigación.
A la par, aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con estas cédulas del narcotráfico en Guerrero.
“Los mandos del 27 Batallón y del 42 Batallón tenían una colusión con el narcotráfico. Lo sabemos por las escuchas de Chicago y por informaciones que unos miembros de la delincuencia organizada han proporcionado. Sin embargo, Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”, comentó Carlos Beristain este martes.
Así lo dieron a conocer este martes en la presentación de su sexto informe por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de su último reporte antes de retirarse de México y después de ocho años de trabajo, mismos que fueron marcados por irregularidades por parte de las autoridades federales y falta de compromiso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acceder a registros militares que darían luz a los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“El GIEI es un elemento para hacer una contribución al proceso, creemos que fue efectiva, pero nos duele y estamos tristes”, expresó el abogado Carlos Beristain.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se reunió con los dos integrantes del GIEI para agradecerles el trabajo realizado con la finalidad de esclarecer el caso Ayotzinapa. “Bueno, me reuní con el grupo, son dos los que se quedaron y ya concluyen su labor. Les agradecimos por lo que han hecho, una buena investigación y van a presentar hoy un reporte”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
López Obrador aseguró que su Gobierno va a continuar con la investigación, en la que se “ha avanzado mucho”. “Yo les comentaba a ellos que en muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo un Gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, detalló. “Aquí están detenidos altos funcionarios públicos, que no había sucedido, tanto civiles como militares, y continúa la investigación”, insistió luego de ser cuestionado por la finalización del trabajo del GIEI en México.
Ante la inconformidad de las y los familiares de los normalistas por la salida del Grupo Interdisciplinario, el mandatario señaló que “ellos decidieron concluir su etapa, por lo que ahora se le dará continuidad. “Va muy avanzada la investigación. Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad, a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Es un compromiso que voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se va avanzando y mucho. Deben de estar detenidos como 120, 130 personas: civiles y servidores públicos”, concluyó.
En respuesta a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beristain aseguró que compartieron toda la información con su administración y demandaron en diversas ocasiones acceso a información de la Sedena de la cual el GIEI sabe que existe, pero ante la obstaculización han decidido retirarse. “No ha sido posible obtenerla y llevamos mucho tiempo pidiendo esta información, de forma reiterada”, sumó.
En la presentación de los nexos de comunicación que se produjeron entre el C4 y elementos de la policía —tanto Federal, Ministerial, Estatal y Municipal de diversas demarcaciones—, así como militares, los integrantes del GIEI remarcaron que esto demuestra el involucramiento de las distintas corporaciones en la desaparición de los 43 estudiantes. “Todo esto se ha ocultado, se ha omitido, y falta mucha información sobre los hechos”, sumó Beristain. Dijo además que hay personas de instituciones con un alto rango que ya fueron identificadas, si bien no son nombradas en el informe por tratarse de una investigación judicial en curso.
EL ADIOS DEL GIEI
Los números del GIEI, que comenzó a operar en México en marzo de 2015 con seis miembros, fueron disminuyendo con el tiempo.
Primero se retiró el abogado Alejandro Valencia, cuando en abril de 2016 el Gobierno de Peña Nieto no renovó el mandato del grupo de expertos. Inició un segundo periodo en el sexenio de López Obrador, ahora sólo con Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Justicia en Guatemala; el abogado penalista Francisco Cox de Chile; el psicólogo Carlos Beristain, y la abogada colombiana Ángela Buitrago.
Son estos últimos dos miembros quienes se mantuvieron en el país después de que, en octubre del año anterior, el Gobierno federal presentó un informe que incluía capturas de pantallas de supuestos mensajes intercambiados por integrantes del cártel Guerreros Unidos la noche y madrugada de los hechos en 2014. Estas conversaciones fueron hechas públicas sin consultar previamente al GIEI, mismo que cuestionó el origen y la autenticidad de las misivas de WhatsApp.
En protesta, Cox y Paz se retiraron del país, en respuesta también por la falta de colaboración por parte de la administración de López Obrador, quien se había comprometido por medio de un Decreto presidencial a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregara toda la documentación e información que tenía con relación a Ayotzinapa.
Los señalamientos hacia el Gobierno federal y sus instituciones, primero a cargo de Enrique Peña Nieto y también durante el sexenio actual, han permeado las labores de peritaje independiente del GIEI, el cual dio a conocer los primeros hallazgos del caso en el 2015, mientras que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Jesús Murillo Karam –actualmente preso por delitos relacionados con el caso de Ayotzinapa– sostuvo una “verdad histórica”, como se ha conocido la versión oficial dada por las autoridades mexicanas.
El entonces Procurador Murillo Karam denominó como “verdad histórica” al secuestro de los normalistas por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, que ordenó el asesinato de los estudiantes y la incineración de sus cuerpos que, según esta versión, habrían sido arrojados al Río Cocula, un lugar en donde fue exhibido el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo, plantando evidencia junto a uno de los detenidos.
Fue el GIEI el responsable de revelar la presencia de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula –sitio conocido como el escenario central de la “verdad histórica”– previo al aseguramiento del sitio; el monitoreo constante del Gobierno mexicano sobre las actividades de los normalistas; la tortura contra personas detenidas por el caso durante interrogatorios; y la infiltración de agentes de inteligencia del Estado incluso dentro de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Los estudiantes durante al menos diez años fueron objeto de continuo seguimiento por parte de las autoridades, incluso, había agentes de inteligencia en los alrededores de la escuela y en la escuela misma que se hacían pasar por estudiantes”, expuso el GIEI en su tercer informe.
