Es evidente que, al menos por lo que podemos ver en las redes sociales y en los medios de comunicación, las decisiones del Presidente de la República siguen causando reacciones intensas. Incluso si pudiéramos excluir a los provocadores que se dedican a descalificar y ofender de manera sistemática, nos encontramos en un entorno en el que es muy difícil proponer argumentos racionales, razonables y respetuosos. Las famosas tres erres indispensables para cualquier diálogo, según lo que nos proponen los expertos en el tema.

Los asuntos sobre los que se opina en estos lugares son importantes. No solamente están relacionados con quién ganó la elección y quien perdió, y las respectivas tensiones entre militantes, simpatizantes y votantes de distintos partidos; ni tampoco solamente con el proyecto de reforma, su consistencia interna, factibilidad, y la oposición y apoyo que genera. En el fondo, el entorno es complejo porque se están definiendo políticas públicas que fomentan u obstaculizan el crecimiento de la economía -y en consecuencia, que tienen un impacto en nuestros empleos y el sustento de nuestras familias-; la seguridad pública y ciudadana -y por tanto nuestra integridad física y psicológica, tanto personal como comunitaria-; y las relaciones entre las esferas pública y privada -y por ende el ejercicio de derechos cívicos, políticos y sociales-. Suponiendo, de nuevo, que en las redes sociales y en los medios de comunicación existen personas que denuncian y proponen el cambio de las decisiones gubernamentales, en la esperanza de influir en las políticas públicas y aumentar el espíritu crítico de los que aprueban la gestión presidencial sin más, me parece alarmante la facilidad con la que se ofende y descalifica en base a prejuicios ideológicos -o peor, socioeconómicos o raciales-, tanto de un lado como del otro.

Es cierto que no hay que pedir peras al olmo, y que quizá no es inteligente esperar diálogo racional, razonable y respetuoso en las redes y medios de comunicación. Éstos parecen estar diseñados para enfatizar el debate y la diferencia, o para reforzar solamente el vínculo entre personas que piensan de manera similar. Toda sociedad plural y democrática debe tener espacios en los que se evidencien las discrepancias que nos dividen, para identificar opciones y medios que quizá no hayamos considerado para resolver un problema. Pero incluso eso, en términos del sistema democrático, tiene la función primordial de generar bienes públicos.

En los sistemas democráticos existe el presupuesto de que tanto mi posición, como la del opositor frontal a ella, son necesarias para producir bienes que me beneficien a mí y a mi opositor. El bien público se forma a partir de las posiciones individuales, que por definición son parciales, interactuando de manera sustentable (es decir, racional, razonable y respetuosamente). Tal interacción logra, a la larga, comprensiones compartidas de los problemas. Esto no quiere decir que, dado el suficiente tiempo, todos llegaremos a pensar igual (esto no es deseable y es -además- imposible). Simplemente implica que todos debemos aspirar a tener acuerdos básicos que permitan a las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, y de los mercados lograr sus fines legítimos, sin los cuales no podemos sobrevivir. Si aceptamos que tanto yo como mi opositor tenemos el derecho de participar plenamente en el debate público, y que un objetivo de los sistemas democráticos es asegurar mi permanencia y la de mi opositor en tal debate, se sigue que la ofensa y la descalificación son inaceptables. Es fácil maltratar a alguien en la pantalla de la computadora o en el teléfono inteligente. Otra cosa muy distinta es aceptar que nos estaremos viendo las caras durante mucho tiempo.

En medio de este ambiente de división es importante regresar a lo básico. ¿Cuáles deberían ser los referentes mínimos de nuestra interacción? Como bien nos recuerda Ricardo Espinoza Toledo , los sistemas democráticos deben cumplir tres condiciones esenciales:

a) Todo lo que hace el gobierno, la sociedad y los mercados se basa en un contrato social que tiene por objeto reconocer, promover y defender los derechos humanos. Si los actores e instituciones gubernamentales y no-gubernamentales no reconocen, promueven y defienden nuestro derecho a vivir; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión; a la protección de nuestra propiedad; y a tener una vida digna en términos de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, se ha perdido la razón de ser de la política.

b) Las mayorías son quienes determinan qué se va a hacer; pero siempre respetando el primer requisito.

c) Finalmente, debe haber un sistema efectivo de división de poderes, en el que haya balances y contrapesos reales: lo único que limita al poder es el poder.

Lo que veo en las redes y los medios de comunicación no promueve estos entendimientos mínimos. El cambio inicia con uno: ya es tiempo que dejemos de ofender y denostar en las redes y recordemos lo que justifica -en última instancia- el ejercicio de la política. Volvamos a lo básico.

1. Espinoza Toledo, R. (2016). Sistemas Parlamentario, presidencial y semipresidencial. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, n. 20. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/cuaderno_20.pdf

Francisco Porras Sánchez

https://www.sinembargo.mx/author/francisco-porras

Doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la Gobernabilidad urbana y regional contemporánea (finales del siglo XX y principios del XXI), con particular interés en gobierno, gobernanza y redes de política pública. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @PorrasFrancisco / @institutomora

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