Ayer, un Juez dictó auto de libertad para ocho supuestos integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal que, según la versión oficial, operó durante la “Noche de Iguala”.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- A cuatro años de distancia del ataque, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos marcharon en Iguala de la Independencia, en Guerrero.
Durante la manifestación, los familiares de los estudiantes exigieron castigo a los responsables de la llamada Noche de Iguala.
Ayer, un Juez dictó auto de libertad para ocho supuestos integrantes de Guerreros Unidos, grupo criminal que, según la versión oficial, operó durante la “Noche de Iguala”.
De acuerdo con información de medios nacionales, Patricio Reyes Landa “El Pato”, señalado por sus cómplices como verdugo de los estudiantes de Ayotzinapa, y Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil”, quien habría dado órdenes durante el ataque a los normalistas, están entre los sujetos que obtuvieron su libertad.
Los sujetos “confesaron” que participaron directamente en la desaparición, asesinato y cremación de los jóvenes.
Investigaciones revelaron que presuntos integrantes de Guerreros Unidos fueron torturados para que “confesaran” haber cremado a estudiantes.
Un día antes, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó que la versión oficial del caso de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos es “insostenible” y criticó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se haya enfocado en “intentar acallar” a los que la han cuestionado.
En un comunicado emitido con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, la institución afirmó que “el caso no es sólo una herida abierta; también es un símbolo de las desapariciones en México“.
“La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso”, también conocida como “verdad histórica”, afirmó.
Según el relato oficial presentado por el Gobierno mexicano unas semanas después de la desaparición, los jóvenes fueron detenidos en el municipio de Iguala por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del Cártel Guerreros Unidos. Estos últimos los mataron e incineraron en un vertedero.
