Por Manon Cagnard* y Vladimir Tlali

@Sinfronteras_1

La crisis desatada por el dramático aumento en el número de personas de origen haitiano y africano varadas en Tijuana, ha atraído la atención nacional en las últimas semanas, durante las cuales se han resaltado especialmente las preocupaciones y reacciones de las autoridades, la sociedad civil y la población local, las cuales van desde la atención de necesidades básicas, hasta el surgimiento de discursos de odio y amenazas.

La migración de personas afrodescendientes u originarias de Haití no es novedad en Mexico. Después de que en 1810 México abolió la esclavitud, 55 años antes que los Estados Unidos, cientos de víctimas del esclavismo cruzaron la frontera hacia el sur huyendo de las ignominiosas condiciones de vida impuestas por sus «amos», como la Etnia de Mascogos, en Coahuila, quienes en 1850 obtuvieron su libertad en nuestro país y recibieron tierras a cambio de proteger la frontera. Más recientemente, en 2010, México recibió a centenas de personas provenientes de Haití tras el terremoto que desoló a la primera nación independiente de nuestro continente, y a su vez la más empobrecida.

El terremoto del 2010 está fuertemente relacionado al origen de la reciente llegada de miles de haitianos en el país: hace 6 años, muchos huyeron de su país después de esta tragedia para llegar a Brasil, donde encontraron trabajo, y se quedaron varios años. Pero al terminar los juegos olímpicos del verano pasado, miles de ellos perdieron sus empleos, y decidieron tomar la larga ruta hacia el norte para llegar en Estados Unidos, a 10 000 km de Rio.

Con los efectos del huracán Matthew, y los problemas geopolíticos de África, siempre serán más los migrantes y las personas sujetas de protección internacional tomando la ruta hacia Estados Unidos, pasando por Mexico, especialmente con el endurecimiento de las condiciones de entrada a Europa. Para muchos africanos victimas de persecuciones o de los efectos de los conflictos armados que devastan su región de origen, resulta ahora menos arduo cruzar un océano para intentar llegar a estados unidos, que tomar la ruta hacía Europa.

Ante esta situación, una correcta estrategia integral de atención debe de ser implementada, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de esta población, tanto el Estado mexicano como la sociedad civil se encuentran ahora mismo abrumados por la situación. Al llegar a Mexico después de su largo camino, los migrantes buscan la obtención de un “oficio de salida” expedido por el INM, el cual les da 20 días para abandonar el territorio Mexicano o regularizar su situación migratoria. En práctica, esto significa que el Estado Mexicano les deja 3 semanas para poder llegar a la frontera norte. Esta solución temporal no permite proteger los derechos de quienes los tijuanenses llaman los “nuevos migrantes”, los cuales dependen de la sociedad civil y de albergues para recibir asistencia humanitaria.

Pero estos mismos albergues, ahora no cuentan con las capacidades para poder acoger a todas las personas que llegan a Baja California, resultando en centenas de personas viviendo ahora mismo en condiciones infra-humanas.

Cabe resaltar que las personas haitianas y africanas no parecen buscar la protección internacional del Estado Mexicano, para ellas, resulta más atractivo solicitar el asilo en Estados Unidos, de momento.

Hoy más que nunca resulta relevante la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes del 19 de septiembre pasado, la cual insiste sobre la necesidad de cooperación a nivel internacional para poder enfrentar crisis tales como la que México está conociendo.  Ésta podría ser una excelente oportunidad para que nuestro país actuara como líder en temas de migración y protección internacional a nivel regional e internacional y logre brindar ayuda a quienes han venido a buscar paz y esperanza en tierras mexicanas.

*Manon Cagnard es encargada de Enlace Institucional de Sin Fronteras IAP

Redacción/SinEmbargo

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