En las últimas semanas, dos casos han subrayado la importancia de tener cifras confiables sobre las que se puedan discutir y definir políticas públicas. El primero ha sido el número de homicidios de los últimos meses -y la tendencia que sugiere para el resto del año-, resaltado por la diferencia de opiniones entre el Presidente de la República y el periodista Jorge Ramos. El otro ha sido el número absoluto de empleos creados en el primer trimestre de 2019 que, aunque más bajo que los respectivos primeros trimestres de 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018, es superior al promedio de empleos creados en los primeros trimestres del periodo 2009-2018. Esto fue presentado por el presidente como “un incremento nunca visto desde hace 10 años, para un periodo similar”.

Más allá de comentar que habría que esperar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre el número de homicidios, y que el presidente comparó un número absoluto con un promedio (sin decirlo, y dándole una interpretación que no corresponde con la realidad), las discusiones generadas por estos dos hechos nos han recordado la importancia de tener indicadores confiables que midan efectivamente lo que dicen medir, y que sean aceptados como legítimos por la mayoría de los(as) ciudadanos(as). Para discutir sobre posibles soluciones debemos estar primero de acuerdo con la definición del problema y con los parámetros mínimos que nos indicarán si éste ha sido resuelto o no. La encomienda no es sencilla cuando los diferentes indicadores, considerados por muchos como los árbitros últimos ante afirmaciones erróneas, falsas o ideológicas, son cuestionados de una manera tan frontal como lo que hemos presenciado con estos dos casos. La desconfianza en la información oficial, o al menos en la información dada a conocer por el presidente, es un obstáculo para la comprensión compartida de los problemas y las soluciones.

En otros lugares, esta desconfianza ha estimulado el crecimiento de las organizaciones dedicadas a realizar fact checks o reality checks, evaluando la veracidad de afirmaciones controvertidas de los(as) funcionarios. Adicionalmente, los(as) periodistas han acompañado su labor con nueva información y criterios que ayudan a discernir cuál es la posición más adecuada; lo que, por otro lado, también los(as) expone a posibles acusaciones de parcialidad. Finalmente, el(la) ciudadano(a) ha tenido que involucrarse del mismo modo, haciendo lo que siempre estuvo obligado(a) a hacer pero que quizá pocas veces hacía: comparar con otras fuentes, “mirar al lado”, pensar y ponderar acerca de la calidad de la información que recibe. Sin embargo, estas actividades, aunque enriquecedoras y necesarias para el debate democrático, tienen la desventaja de transferir gran parte de los costos de generar información confiable a los actores e instituciones no-gubernamentales.

El Estado, por otro lado, tiene como parte de su encomienda proteger los bienes necesarios para resolver los problemas públicos. Entre estos bienes destaca tener información oficial confiable. La información generada por las instituciones estatales juega un papel insubstituible en la reducción de lo que algunos autores llaman la “complejidad substantiva”[1] en el foro público.

La complejidad substantiva consiste en el desacuerdo básico sobre la definición de un problema; lo que a su vez imposibilita ponerse de acuerdo en las soluciones. Esto no significa que hay que aspirar a tener decisiones unánimes o siempre mayoritarias, lo que no es factible ni deseable en entornos democráticos plurales, pero sí que debemos tener categorías, experiencias, casos de éxito, valores e información que nos permitan entender las dificultades compartidas de manera complementaria, no como realidades mutuamente excluyentes. El famoso “poner el bien de la nación por encima del interés propio” inicia por reconocer que padecemos los mismos problemas, y que muchos de ellos sólo tienen solución si cooperamos entre nosotros(as).

Estimular y mantener la cooperación para la solución de los problemas de todos(as) es también una función de las instituciones del Estado. En un entorno de competencia democrática por el poder es entendible que al menos parte de la información dada a conocer por el gobierno tenga por objetivo lograr el apoyo de los votantes. Sin embargo, a largo plazo, su función más importante es fomentar narrativas que unan en el entendimiento compartido de los problemas.

Las ruedas de prensa de nuestro presidente deberían ofrecer información con tal nivel de confianza técnica, y aceptación amplia por parte de la ciudadanía, que redujeran la complejidad substantiva. La función del presidente, como Jefe de Estado, es unirnos, no dividirnos. Por esa razón, la información que él da a conocer no solamente debe ser a prueba de error y falsedad, sino también debe estar libre de acusaciones de instrumentalización política. El gobierno debe dar información que fomente la cooperación para la solución de los problemas públicos: aunque esto implique presentar datos que evidencien sus fallas y limitaciones. La información gubernamental no puede tener por objeto demostrar que el presidente siempre tiene la razón.

@PorrasFrancisco

• [1] Klijn, E. H. y Koppenjan, J. (2016). Governance Networks in the Public Sector. Londres: Routledge.

Francisco Porras Sánchez

https://www.sinembargo.mx/author/francisco-porras

Doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la Gobernabilidad urbana y regional contemporánea (finales del siglo XX y principios del XXI), con particular interés en gobierno, gobernanza y redes de política pública. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @PorrasFrancisco / @institutomora

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