Hay cifras que cuentan parte de la historia apenas mencionarlas. El pasado martes 22 de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lanzó este número ante el Senado de la República: 24 mil 800 personas desaparecidas. Si bien la desgracia de estos seres –muchos para cualquier observatorio de Derechos Humanos– ocurrió de 2005 a la fecha, hay tras ellos una cadena que conduce al pasado. A las decisiones del pasado. A lo que bajo la cortina del silencio sucedió sin que nadie lo detuviera, bajo la más profunda impunidad, en el pasado. Desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) hasta el de Enrique Peña Nieto, cada sexenio arroja acciones gubernamentales que desembocan sin equívoco en la pesadilla de la desaparición. La línea de tiempo muestra que jamás se regateó en sufrimiento ni injusticia. Y entonces, esos 24 mil 800 personas fugadas de la faz de México, reconocidas por la CNDH, cuentan por sí mismas una cultura cimentada durante décadas: callar, esconder, simular en un intento por olvidar lo que nunca debe ser olvidado…
¿Cuántas personas se fueron para no reaparecer? El número de desaparecidos en este sexenio –y sobre todo durante 1968– va a convertirse en el más misterioso de la historia moderna, pero también en el más doloroso. Si la masacre del 2 de octubre es todavía un rompecabezas que no logra ser armado, los meses previos y posteriores se extienden entre nubes. El Presidente es un ser omnisciente, parte de un sistema dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que ninguna hoja se mueve sin su voluntad. Tiene fama de feo, lo creen colérico, malhumorado, explosivo, intolerante, incapaz de la negociación; lo apodan “El Chango”.
En julio de 1968, el Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declara una huelga que se prolonga al 1 de septiembre, cuando el Presidente rinde su cuarto informe de Gobierno: “Hay un supuesto complot para boicotear los Juegos Olímpicos que se realizarán por primera vez en México”. Nadie lo contradice, salvo quizá sus colaboradores inmediatos quienes pueden, en caso de atreverse, a regatearle información, exagerarla o matizarla. Hay un ambiente calmado. Se le adjudica a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), instancia creada en el sexenio de Miguel Alemán Valdés y dirigida por Fernando Gutiérrez Barrios (1965-1970). Empieza a percibirse la acción de grupos de choque organizados sin el conocimiento del Presidente, pero en aras de su tranquilidad ( “Así lo recuerdo”, Luis Marcelino Farías, FCE). Así, uno, dos, tres, cuatro hasta completar cientos, los jóvenes desaparecen de las escuelas, los cafés o las calles. Una de las detenciones ocurre cuando la DFS ocupa las oficinas del Comité Central del Partido Comunista Mexicano y los talleres donde imprimía su periódico “La Voz de México”. Varios miembros son aprehendidos ahí, y en el café Viena. El sábado siguiente las preparatorias 12 y 3 de la UNAM son ocupadas por estudiantes. Y la historia contará: luego de meses de tensión entre universitarios y la fuerza pública, el Consejo General de Huelga –conformado por universitarios de El Colegio de México, la UNAM, el Politécnico, la Universidad Iberoamericana, La Salle y universidades del interior del país–, convocará a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco para solicitar la desocupación de los planteles.
El 2 de octubre, en la concentración, serán masacrados. Acaso muchos quedarán vivos. Pero no volverán a aparecer. Y el silencio caerá sobre la tragedia. Y durante mucho tiempo no se hablará de Tlatelolco. Y no será el 2 de octubre la fecha de los desaparecidos. Al siguiente año -el 18 de mayo- ocurrirá la desaparición más emblemática de este gobierno: el profesor Epifanio Avilés Rojas será detenido por el mayor Antonio López Rivera y el general Miguel Bracamontes en Coyuca de Catalán, Guerrero, frente a cientos de testigos. El pueblo escuchará las palabras del general mientras señala una avioneta militar: “Súbanlo y llévenlo al Campo Militar Número Uno”. Terminaba la época de Gustavo Díaz Ordaz.
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Los movimientos guerrilleros dirigidos por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero le declaran la guerra al Presidente de la República. Lo hace también otra organización: la Liga Comunista 23 de septiembre. Además, en la Universidad Autónoma de Sinaloa un grupo ha tomado las armas en contra de la instauración del capitalismo en México. “Enfermos”, apodan a sus integrantes (Galerías 1 y 2 del Archivo General de la Nación). Lo que después se llamará “Guerra Sucia” se pone en marcha debido a este panorama (Informes en la Procuraduría General de la República). La estrategia consiste en acciones secretas del Ejército que no repara en secuestros y desapariciones. Hay un hombre que se cree un tigre. Se llama Miguel Nazar Haro y ocupa el segundo mando de la DFS, en cuya dirección se encuentra Luis de la Barrera Moreno. La frase insignia de la corporación dice: “El tigre es un animal poderoso que no rehúye al peligro, ataca de frente, prefiere actuar en silencio y observa lo que otros seres no alcanzan a ver. Es intuitivo e inteligente. Rápido y seguro. Cauto y astuto. No es arrogante como el león, ni hiere por placer como el leopardo. Así debe ser el agente de la DFS”. Se supone que el gobierno no cuenta con grupos de choque, se considera que los derechos humanos son prioridad de un Presidente preocupado por su imagen en el exterior, se cree en que el mal sueño del 68 ha pasado. Pero las madres buscan a sus hijos y los hijos buscan a sus padres.
El 10 de junio de 1971, un grupo de preparación militar, Los Halcones que depende del Departamento del Distrito Federal (Archivo General de la Nación) aplaca con tiros a distancia una manifestación que sale del Casco de San Tomás para pedir la liberación de los presos políticos. En el aciago 1974, en Nuevo León, Rosario Ibarra de Piedra empieza un movimiento porque la Policía se lleva a su hijo Jesús, bajo la acusación de pertenecer a la “Liga Comunista 23 de Septiembre”. Él no volverá a casa. Ella se convertirá en la primer candidata mujer a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario de la Trabajadores, tanto en 1982 como en 1988. Llamará a su movimiento: Eureka (o Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados de México), el mismo que reunirá 530 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 1980. Ese año maldito, el de 1974, Tita Radilla, acompañada de sus hermanos, busca por su parte a Rosendo, su padre, quien fuera cafeticultor y ganadero en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Ni Jesús en el Norte ni Rosendo en el Sur han aparecido. Pero sus historias serán dos de los símbolos donde se sostendrá la búsqueda de los que ya no están.
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Miguel Nazar Haro es un hombre que en 1976 tiene 52 años. Cuando se le menciona, se dice que es “el mejor policía” de Latinoamérica. Tiene la encomienda de neutralizar los movimientos de insurgencia. A cualquiera. También es el enlace con los servicios de inteligencia extranjeros en México. Cuenta con dos pupilos sobresalientes: Arturo Durazo, director de la Policía Preventiva del Distrito Federal, y Francisco Sahagún, en la la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), una especie de policía secreta. Nazar Haro logra conformar la Brigada Blanca, con cientos de militares, policías capitalinos y del Estado de México.
Son las once de la mañana del 28 de agosto de 1978 y El Presidente está por rendir su segundo informe de gobierno. Él ensaya la alocución en Los Pinos y en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, está instalándose la primer huelga de hambre después del Movimiento de 1968. Al día siguiente, en el Informe, el Presidente envía a la Cámara de Diputados un iniciativa de Ley de Amnistía que dará libertad a mil 500 presos políticos y dejarán de cumplirse dos mil órdenes de aprehensión. 148 desaparecidos saldrán del Campo Militar Número Uno, de la Base Naval de Icacos y de otras cárceles clandestinas. Pero resulta polvo de canela sobre el café porque la persecución de los grupos guerrilleros continúa. Nazar Haro se encarga de desmembrar a la Liga 23 de Septiembre y a todo lo que huela a subversión. En particular, va en contra de la Liga en Sinaloa y Chihuahua, el Procup y el Ejército de Liberación Nacional. Rubén Figueroa Figueroa, entonces senador, es secuestrado. De su rescate, el entonces procurador Oscar Flores Sánchez alude a la muerte de 44 personas, pero un informe de la CNDH presentado en 2001 dirá que en esa operación sólo falleció una persona; los demás fueron detenidos, interrogados por servidores públicos y después, desaparecidos. En este sexenio, el número de desaparecidos llega a 532: en las zonas rurales de Guerrero, en Sinaloa y en el Distrito Federal (Informe de la CNDH, 2001).
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En apariencia, hay un viento de cambio y el gobierno desea sanar la herida vieja. Muy lejos de iniciar averiguaciones, la desaparición forzada continúa con su misma cara y método. En 1982 se exhibe la película “Bajo la Metralla” de Felipe Cazals basada en la guerrilla urbana y Rosario Ibarra es candidata a la Presidencia por el PRT. Pero apenas Miguel de la Madrid Hurtado llega a la Presidencia, José Antonio Curiel Velázquez es detenido por la Dirección Federal de Investigaciones, instancia en el Distrito Federal, dirigida por Francisco Sahagún Baca.
En 1985, Manuel Bartlett Díaz es secretario de Gobernación y bajo su orden, está la la DFS en cuyo cargo se encuentra José Antonio Zorrilla Pérez. Acaban de asesinar a Enrique Camarena Salazar, elemento de la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), quien investigaba al narcotráfico en México. Y la DFS ha sido acusada de proteger al Cártel de Guadalajara, liderada por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos señalados por Washington como los autores de esa muerte. Bartlett ordena la conversión de la DFS en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional que en 1989 se transformará en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Pero, incluso sin DFS y sin Brigada Blanca, en este sexenio hay veinte desapariciones que en los años subsecuentes serán nombres comunes: Aureliano Lugo López , Candelario Campos Ramírez, Celestino Acevedo Ortiz, Cirilo Roldán Ávila, Eduardo Vargas Alcalá, Francisco Javier Santamaría Caballos, Gabriel Fernando Valles Martínez, Gerardo López Chavarría, Isidro Lobato, Jesús Ramírez Carrasco, Juan Ramón Vázquez, Marcelo Badillo Zapata, Mariano Santos, Ramón Monroy Olivar, Víctor Miguel Álvarez García, Manuel Islas y Rubén Andrade.
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El sexenio arranca con una desaparición: un día, José Ramón García Gómez, candidato a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, por el Frente Democrático en la Defensa del voto, simplemente no regresa ni a su casa ni oficina. Después (según documentación del Partido de la Revolución Democrática), ocurrirán más de 300 muertes y 900 desapariciones de políticos de oposición. En 1991, Salinas empieza a distinguirse como un líder con habilidades para la negociación: empieza a fraguar la firma del Tratado de Libre Comercio. El convenio no sólo presenta desafíos en materia comercial; también en Derechos Humanos. Y México aparece en todas las listas internacionales a la cabeza de las estadísticas negras. De modo que en 1991 es creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Jorge Carpizo McGregor como presidente. En su primer año de gestión, el procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo, recibe el mayor número de recomendaciones. En el salinismo, los hechos policiacos tienen en el centro a dos personajes principales: Javier Coello Trejo y Guillermo González Calderoni. Los dos son los protagonistas de una novela llamada Grupo Tiburón, un grupo de espionaje y acción policiacas. Coello Trejo se ha colgado dos medallas: la captura del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y del líder vitalicio del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. Pero sus guardaespaldas están acusados de violaciones seriales a mujeres en el sur del Distrito Federal. Y la defensora de los Derechos Humanos, Norma Corona Sapién, ha sido asesinada el 21 de mayo de 1990 por Humberto González Treviño, uno de sus comandantes más cercanos. Ella investigaba la responsabilidad de González Treviño y elementos de la PJF en los asesinatos del abogado José de Jesús Güemez Castro y tres venezolanos. Otro caso sobre la espalda de Coello Trejo: los hermanos Héctor, Jaime y Érik Quijano Santoyo han sido asesinados por elementos de su grupo, el Tiburón. En cuanto a González Calderoni, está a cargo de la Dirección de Intercepción Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR. En 1993, Calderoni es cesado al comprobarse que ha incurrido en enriquecimiento ilícito, una fortuna de casi 400 millones de dólares. El punto es que Coello Trejo y Calderoni le han puesto una marca a la época: la tortura es bautizada como “la reina de las pruebas”.
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No puede decirse que el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León esté marcado por la desaparición forzada. Pero tampoco por la transparencia de los casos ocurridos durante el aciago episodio llamado “Guerra Sucia”. Los expedientes de 275 personas desaparecidas en manos de la fuerza pública permanecen bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación sin que este gobierno haga nada (Informe de la CNDH, 2001). En 1995, el Presidente Zedillo inicia una ofensiva militar en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (se había levantado en armas el 1 de diciembre de 1994 en Chiapas). Los esfuerzos de inteligencia están concentrados en revelar la identidad del subcomandante Marcos. Lo hace: la PGR da a conocer el supuesto nombre de Rafael Guillén Vicente. Mientras, hay grupos paramilitares desde Guerrero hasta Chiapas. Zedillo da vuelta atrás. Esta acción no le retribuye en imagen ante el exterior; de modo que deja a Chiapas y a Guerrero de lado. En apariencia. Porque será en esos estados donde se vivirán los episodios más cruentos y oscuros que marcarán su sexenio. En realidad, en materia de Derechos Humanos, lo que va a distinguir a este gobierno será el asesinato. El colectivo y evidente asesinato. Frente a muchos. En junio de 1995, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, son muertos 17 campesinos a manos de la Policía Motorizada y Judicial de ese estado. Al comprobar la complicidad del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Zedillo le pide que deje el cargo. Pero los grupos paramilitares no abandonan esa región al sur de México y en diciembre de 1997 sucede una de las tragedias más difíciles de desvanecer en la memoria nacional y que el mandatario tendrá como estigma: 45 indígenas tzotziles son masacrados mientras rezan en la ermita de Acteal.
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En julio del 2000, el PRI pierde las elecciones presidenciales ante la Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) con Vicente Fox como candidato. El margen de victoria fue de 6.42 por ciento. En noviembre de 2001, con un semestre como Presidente, Fox asiste a la 11 Cumbre Iberoamericana. Ahí, como solía hacerlo en campaña, critica a los gobiernos priistas por no aceptar juicios del exterior en materia de derechos humanos, elecciones y seguridad. Dice, Fox, que fue en el pasado cuando en México se violaron las garantías individuales. En 2002, el primer mandatario crea por decreto a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la cual queda a cargo de Ignacio Carrillo Prieto. El encargo es investigar los crímenes del pasado, aquellos que generaron un panorama de desaparecidos. Los esfuerzos se concentrarán en la matanza del 2 de octubre de 1968, el 10 de julio de 1971 y el episodio llamado “Guerra Sucia” (la instancia desaparecerá en 2007 sin conseguir una sola sentencia condenatoria). Pero no. La desaparición no es cosa del pasado. En enero de 2006, el zócalo de la capital de Oaxaca es ocupado por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Transcurren cinco meses de batallas. Las barricadas y los cohetones se convierten en tópicos en una ciudad que desde el exterior aparenta estar incendiada. Surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En junio, el gobernador Ulises Ruiz ordena el desalojo del Zócalo de la capital del estado. En el episodio, desaparecen más de 30 personas
(Documentación del Comité Eureka). Ser periodista empieza a ser peligroso. Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 coinciden en una categoría para México: el más peligroso de América Latina para ejercer el oficio de informar. Ubican los niveles más altos de agresiones en contra de reporteros a partir de 2006. El recuento de informadores muertos, detenidos o desaparecidos llega a 30: 26 fueron asesinados y de los otros cuatro no se ha sabido nada.
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Lo que en este tiempo ocurre no encuentra parangón. Ni siquiera en los años de la Guerra Sucia. El fenómeno de la desaparición forzada toma un impulso renovado y monstruoso. Incluso, en el concepto y en la terminología. Desaparición ahora quiere decir “levantón” y no sólo la cometen las fuerzas armadas; sino el crimen organizado. Diez días después de tomar posesión, Felipe Calderón Hinojosa empieza una batalla contra el Crimen Organizado con el Operativo Conjunto Michoacán. Pronto, la táctica se extiende en Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Aunque el primer mandatario niega que es una guerra, los especialistas y observadores la llaman así. Durante el sexenio desaparecen 26 mil 121 personas; es decir 12 por día (según documentará la PGR en el siguiente gobierno). En cada historia –acaso- hubo una causa diferente. Fue por acciones del gobierno o los grupos de narcotraficantes, o quizá por desplazamiento, o quizá por miedo, o quizá por muerte. Hay, según la CNDH, nueve mil cuerpos sin identificar. Hay que sumar 14 periodistas sin paradero (otros 82 son asesinados). El 28 de marzo de 2011, Juan Francisco Sicilia Ortega es asesinado en Cuernavaca, Morelos, con otros cinco jóvenes. 15 días después, su padre, el poeta Javier Sicilia, forma el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y realiza una marcha desde la Paloma de la paz en Cuernavaca hasta el Zócalo capitalino. Después de seis meses de marchas, el gobierno crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima). Una de sus áreas estará especializada en atender los casos de desaparecidos. El Movimiento por la Paz hace sus propios cálculos de desaparecidos: más de 20 mil. Human Rights Watch y Amnistía Internacional tienen las suyas: también más de 20 mil.
El sexenio concluye y las madres han tomado las calles. El 10 de mayo ya no es para celebrar el Día de la Madre; sino para marchar. De muchos estados de la República, las mujeres viajan al Distrito Federal para gritar: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! La consigna sube de volumen. Son 150 gargantas. Dos años después, serán 300. Porque aunque el sexenio concluye, la desaparición sigue creciendo…
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El Presidente ha optado por una táctica: el silencio. Si bien la PGR brinda las cifras de desaparecidos del gobierno anterior, se resiste a hacer un conteo de desaparecidos en lo que va del sexenio. Es el 3 de diciembre de 2013 y como símbolo, ocurre la primer interpelación en público al Presidente. Jeanette Ascencio García quien busca a su hermana, Vilma Paulette, le pregunta a gritos qué opina de la desaparición en un evento en la Secretaría de Educación Pública. Nada responde el Presidente. El 10 de mayo de 2013 seis madres y un padre realizan una huelga de hambre en la banqueta de la PGR. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador Jesús Murillo Karam les ofrecen una Unidad Especializada de Búsqueda de Desaparecidos. Ha pasado un año y aún no funciona. Províctima se ha convertido en comisión y ya no atiende a familiares de desaparecidos porque esa será –así informan cuando se marca al 10002000- función única de la prometida Unidad…
