Conozco a Jaime Cárdenas Gracia, he abrevado en sus obras y al cabo de muchos años se ha ganado mi respeto. Atento a eso, lo felicité cuando López Obrador le expidió su nombramiento para dirigir el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). No fue, en mi caso, la usual cortesanía, de ninguna manera.

Jaime Cárdenas me prologó el libro La afición a la maldad (2006), que recoge toda una experiencia de lucha contra la corrupción en el estado de Chihuahua y que además se adentra en la teoría sobre la corrupción política.

La ancestral corrupción en Chihuahua empezó a crecer exponencialmente a partir del Gobierno de Patricio Martínez García y desembecó en el de César Duarte. Fue producto de una restauración del PRI que duró 18 años y cuyos efectos a este momento lastran a la entidad. Es una historia de denuncias penales que no desembocaron en acciones de justicia, precisamente por la impunidad. El libro también da cuenta de la primera iniciativa popular impulsada por más de 20 mil ciudadanos pero vapuleada por la mayoría priista en el Congreso local en el año 2000.

Esa iniciativa pretendió crear un Tribunal Estatal de Cuentas de avanzada para una auditoría y fiscalización públicas rigurosa. Se presentó para demostrar que no nada más se ha participado de manera contestataria, con críticas y aguijoneo en las plazas públicas, sino también con propuestas puntuales de reformas constitucionales y legales. Por eso no es extraño que haya felicitado a Cárdenas Gracia; sabía de su sólida formación, su compromiso, y especialmente de algo que luego se pierde de vista: la lucha contra la corrupción no solamente es moral o cultural, sino política, institucional y jurídica. Quiero decirlo con una frase corta: la política y el poder se han de ceñir al derecho; cuando no es así, lo que tenemos en presencia es espectáculo y sesgo partidista.

Cárdenas Gracia encontró una institución precedida de otra, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cargada de deudas por contratos leoninos pactados antes de asumir el cargo y con una burocracia enquistada, presumiblemente corrupta, cuya acción inercial hasta ahora no se ha podido revertir, ni en el Indep ni en muchas partes más. Lo que se adosa a la exigencia jerárquica, ya en este Gobierno, de actuar con una premura que puede trastocar el cumplimiento de la ley, y por tanto, sufrir los efectos de una ineficacia dictada por la prisa que le hace el feo a los procedimientos administrativos y a las garantías.

Lo ha dicho el funcionario que se va: no se entendió ni con el Presidente ni con su secretario particular, el sonorense Alejandro Esquer, al parecer filtro indispensable para llegar al Ejecutivo. “Diferencias de método” con los cercanos del Presidente. Pero aquí el método lo impone la ley y el reglamento, y todo funcionario que se precie de tal debe cumplir rigurosamente con el principio de legalidad y la aplicación de sus facultades expresas y limitadas. No hay de otra, aunque luego de contrabando se diga que eso protege a los corruptos, sin darse cuenta que si se hace de manera arbitraria más se favorece a los corruptos con los fracasos que sobrevendrán en la tramitación de recursos y amparos.

La renuncia trajo a colación el tema de la lealtad. El funcionario público, en primer lugar, tiene un compromiso con el Estado de derecho, y al ubicarse en dependencia de una superioridad, también le debe respeto. Pero está claro que en la Presidencia se confunde lealtad con abyección, con la ceguera del que obedece porque la superioridad lo decide aunque haya un desarreglo con el entramado jurídico que obliga a actuar en una dirección, en particular respetando garantías y derechos consagrados en México en la Constitución y que los grandes estados modernos le han dado cabida en sus ordenamientos.

Aquí no caben ni lealtades a un solo hombre ni mucho menos a conceptos que tienen que ver con las convicciones personales más que con las responsabilidades. Ya sabemos, las convicciones ocupan un ámbito, y en el seno de la sociedad y el Estado lo que importa es el sentido de responsabilidad que deriva del cumplimiento de la ley. Jaime Cárdenas, no tengo duda, es un hombre comprometido con el derecho, con la Constitución, con las personas, más allá de si ejercen o no jerarquía sobre él. Por eso sigue reconociendo al Presidente, a la Cuarta Transformación, pero lo hace de una manera plausible: con racionalidad y de manera reflexiva. Esto significa “desobediencia”, cuando la orden, o la señal de orden, no está bien dada.

En su carta de renuncia –no podía ser de otra manera– denuncia corrupción: mermas significativas en oro y piedras preciosas, desacuerdo con contratos sumamente onerosos, cheques millonarios que se quedaron en algún lugar en el camino, pasivos laborales ineludibles y sistemas de avalúos y subastas emparentados con actitudes que podían elevarse exponencialmente en los terrenos de la corrupción. Por eso catalogó al Indep como un barril de pólvora, a la vez que un cofre muy codiciado.

Bienvenida esta renuncia. Es ejemplar y de ninguna manera politiquería o falta de voluntad y entrega. ¡Cuántos funcionarios de ese tipo quisiéramos que tuviera la burocracia!

Por eso, aunque ahora en otra circunstancia, reitero mi felicitación a Jaime Cárdenas de hace unos cuantos meses, y me voy de frente: bienvenido a la libertad.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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