Colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, aplaudieron la propuesta de las consultas públicas para la “pacificación y reconciliación”, donde se abordarán temas como la amnistía y la regulación de las drogas; sin embargo, coinciden en que, hasta el momento, no está clara la ruta de trabajo que aterrizará las propuestas para enfrentar los grandes retos y que evitarán “que no sea sólo un ejercicio de voz pública, en donde todo mundo va a decir lo que piensa, nada más”.

Grace Fernández Moran, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, exhorta al nuevo Gobierno a “que garantice que las aportaciones, que nos cuesta darlas porque es nuevamente abrir las heridas, valgan la pena, que sí se vaya a ver reflejado en algo, que estemos plenamente convencidos de que va a funcionar”.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El inicio de los foros para la reconciliación nacional está a la vuelta de la esquina y ha despertado altas expectativas entre varios integrantes de la sociedad civil. Múltiples organizaciones palomean la intención, aunque muestran preocupación ante la ausencia de un plan que explique cómo sus aportaciones se concretarán en acciones y no queden sólo en actos mediáticos.

El pasado 22 de julio, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, informó que los “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, iniciarán el 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, y finalizarán el 24 de octubre en la Ciudad de México.

En un documento detalla que el objetivo es “generar un espacio de diálogo mediante la apertura de foros escucha en los cuales se identifiquen propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y en las diferentes regiones. Estas propuestas serán insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional”.

Los ejes temáticos de la consulta, según se dio a conocer, son el pacto de reconciliación nacional, la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, el desarme, la desmovilización, la reinserción de miembros de la delincuencia organizada y las garantías de no repetición.

Se pretende contar con la participación de víctimas, ciudadanía en su conjunto y múltiples sectores: comunidad campesina, indígena, académica empresarial, social, funcionarios, responsables de la defensa y el sector religioso. A su vez, se dio a conocer las fechas que se realizarán en varios estados de la República.

No obstante, la información difundida sobre el evento aún muestra varios claroscuros, pues en el calendario no se detallan lugares, cómo se convocará a las organizaciones civiles y cómo funcionará la metodología para que los foros realmente funcionen y no queden sólo en un espacio de voz y exposición de experiencias.

Las víctimas de la violencia serán participantes en los foros para la pacificación del país. Foto: Cuartoscuro

EXPECTATIVAS Y DUDAS

Colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales aplaudieron la realización de la consulta, pero coinciden en que hasta el momento no se ve una metodología de trabajo clara y una definición de “los “cómos” se buscará  el gran reto de la reconciliación, disminuir la violencia y aterrizar las propuestas de la ciudadanía.

Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública,  dijo, en los primeros días después del triunfo electoral de López Obrador, que el proceso de pacificación era “uno de los diez ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad” y que de ahí saldría una ley de amnistía, que surgirá a partir de una consulta (foros) a amplios sectores de la sociedad y contemplaba un periodo de justicia transicional.

El documento adelanta que en estas reuniones se abordarán políticas públicas sobre temas como el consumo y la tenencia de drogas; posesión y portación de armas y disminución de penas, así como delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio por discriminación o ideología política y contra la defensa de derechos humanos y la libertad expresión.

Grace Fernández Moran, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, expresa que es bueno que el próximo Gobierno tenga la intención de buscar soluciones a los graves problemas de violaciones a derechos humanos. Aunque señala que no se percibe una definición de metodología para el desarrollo de ese diálogo, cuyos ejes son temas sumamente extensos.

México, un país lastimado por la violencia busca un nuevo enfoque para salir de la crisis. Foto: Cuartoscuro

“No es que vaya a ser malo, simplemente es insuficiente la metodología. […] Se requiere de planeación, no nada más es pensar que ‘llego y prendo el switch de la seguridad y van aparecer los mas de 37 mil desparecidos del país’ […] La preocupación es en el sentido de que no hay un definición de la metodología que garantice que estos insumos, que pretenden extraer del dolor y del sufrimiento de las víctimas, se transformen en propuestas para empezar a trabajar a partir que se instale el nuevo gobierno”, explica.

La portavoz de familias de desaparecidos manifiesta que aún hay muchas dudas en cuanto al desarrollo de la consulta, sobre a qué se le dará prioridad, cómo se sistematizará la información obtenida, y la forma de retroalimentación a los participantes.

“Estamos hablando que ya empiezan la próxima semana casi. Es sumamente precipitado el querer hacer foros para recibir insumos sin tener una propuesta de sistematización y reconsulta”, señala

Alberto Solís Castro, director de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), coincide en que la consulta se lanzó muy rápido y no hay claridad sobre cómo se estructurará, ni la conducción que permita materializar propuestas concretas para que no quede sólo en un gran rompecabezas.

“Yo lo veo muy acelerado […]. Está un esfuerzo por concentrar a diferentes poblaciones, hay elementos que valen la pena para tratar de abarcar en diferentes perspectivas, eso nos parece muy bien, el tema es cómo se va a sistematizar todo. […] Yo creo que todavía hay muchos elementos que esperamos que se aclaren. […] Es importante como se aterriza, que no sea sólo un ejercicio de voz pública en donde todo mundo va a decir lo que piensa, nada más” dijo.

El defensor espera que en algún momento las organizaciones puedan participar en un intercambio. “Que haya retroalimentación”.

Además, Solís Castro destaca que las diferentes temáticas como acceso a justicia, seguridad, verdad, justicia transicional tienen que definirse con mucho más cuidado, “no sólo decir amnistía y discutamos sobre la base de amnistía, los temas son más complejos. Yo creo que hay que definir bien por dónde hay que entrarle”.

El representante de Serapaz pone énfasis en que es importante colocar en un lugar muy claro las voces especializadas en los temas, es decir, las personas que ya llevan muchos años de trabajar en las problemáticas.

Grace Fernández expone que, en relación con el tema de la amnistía, es primordial que se dialogue y se platique muy bien con las víctimas porque no se trata nada más perdonar los delitos por perdonarlo sino que debe existir una estricta intención reparadora del delito.

Ejemplifica con la propuesta de la reducción de penas: eso uno de los temas que pudiera tener interés de las víctimas de desaparecidos, quienes buscarían que se establezca este beneficio siempre y cuando existan disposición reales que favorecen a la localización de las personas desaparecidas.

“No puede haber intensiones de justicia sin la participación y consulta de las víctimas” afirma.

La activista exhorta al nuevo Gobierno a que “se sienten con calma a hacer propuesta metodológica que garantice que las aportaciones, que nos cuesta darlas porque es nuevamente abrir las heridas, valgan la pena, que sí se vaya a ver reflejado en algo, que estemos plenamente convencidos de que va a funcionar”.

Lucía Díaz, Martín Villalobos, Grace Fernández, representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Reabrir heridas para ayudar al país a salir de la voragine de violencia. Foto: Cuartoscuro

Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, considera que es un buen primer paso.

“Yo los veo bien […]. Sí ha habido acercamiento con el equipo de López Obrador, nos gusta la dirección que están tomando […] los hemos felicitado, pero como activistas que somos reconocemos lo bueno y también señalamos lo no bueno: no veo un enfoque preventivo, no veo una metodología de trabajo”, indica.

El activista considera que la metodología para abordar el gran reto de disminuir la violencia,  más que un foro, debería estar enfocada a que se hagan reuniones mensuales públicas y que utilicen indicadores, entre ellos el Semáforo Delictivo, “y tomar mejores decisiones”.

Además, comenta, que en las mesas de trabajo se deberían incluir no sólo a corporaciones policiacas sino a otros sectores, como desarrollo social y economía ,para contemplar delitos sociofamiliares, además de incluir a organizaciones civiles, y medios de comunicación.

“hay que hacer reuniones muy públicas de valuación, esa es la metodología de Semáforo Delictivo, esos foros están bien como un inicio y para tomar decisiones, pero ya en el día con día para bajar la inseguridad se necesitan mesas de trabajo, insisto, aceptar los problemas y dar la solución” apunta.

El especialista comenta que tampoco ve un enfoque preventivo en las nuevas secretarias que el próximo Gobierno propone en el área de seguridad.

No obstante, subraya que la propuesta de regulación de droga es “valiente e inteligente” porque no todos los mexicanos la entienden, pues aún confunden regulación con promoción de la droga.

Roel recuerda que la organización que dirige propone, desde tiempo atrás, la regulación como una medida que bajará los homicidios en el país.

Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, se pronuncia en favor de la legalización de las drogas y que el beneficio económico sea para los mexicanos y no para los hombres de negocios extranjeros o para el Gobierno. Foto: Cuartoscuro

El Semáforo Delictivo reporta que en el primer semestre de 2018, el crimen organizado perpetró más de 11 mil ejecuciones, 60 diarias, lo que representa un incremento de 28 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, un récord histórico.

La asociación recalca que no se trata de homicidios ordinarios sino de ejecuciones para defender territorios de venta de drogas. “Con plata o con plomo las mafias se han adueñado de las ciudades de México y han colapsado el Estado de Derecho. Esta tragedia va a continuar si no regulamos algunas drogas como primer paso hacia la paz”, sostuvo Roel ante medios de comunicación esta semana.

El activista abunda que hoy en día lo que se debe de debatir no es si se regula o no la mariguana y la amapola, sino la manera en que se realizará, “¿cómo lo hará el país?”.

“A mí me preocuparía que nos fuéramos por un esquema muy conservador, como el de Uruguay, donde hay que registrarse como consumidor y el Gobierno vende todo. No, yo prefiero más tipo Canadá o tipo California en ese sentido”, comenta.

En ese aspecto, el director de Semáforo delictivo opina que al regular se debería optar por un esquema donde los pequeños y medianos productores también puedan participar.

“Con ese esquema se genera riqueza en las zonas pobres, que sea negocio para muchos no para unos cuantos y, sobre todo, no para los extranjeros. Porque en la regulación de la marihuana medica hemos visto mucho favorecidos a grandes compañías y a los extranjeros y esto es un grave error” abunda.

Para Santiago Roel la regulación es una gran oportunidad en muchos sentidos. “Hay que buscar ser líderes, no seguidores temerosos y conservadores. Tenemos que darle oportunidad a los ciudadanos a través de un esquema legal”, llama.

Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) , aplaudió públicamente los anuncios hechos por los representantes del futuro gobierno sobre la intención emprender un proceso de justicia transicional.

“El tema de hoy [el tema de justicia transicional] es de importancia excepcional. Como todos sabemos, es un tema en el cual México tuvo una experiencia no muy exitosa en los años de la Presidencia de Vicente Fox; un tema que se ha evocado muchas veces en el contexto de la sangrienta ‘guerra contra el narcotráfico’; pero donde no hubo condiciones para empezar un proceso de justicia transicional porque no hubo elementos de transición, porque las políticas de militarización de la seguridad, del uso de la fuerza sin límites y contrapesos, sin rendición de cuentas, seguían vigentes. De hecho, siguen vigentes hasta hoy”, expresó en un discurso ofrecido en el evento del Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción para la construcción de un Proceso de Verdad y Memoria en México.

Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aplaudió el anunció de una nueva ruta que deje atrás la “guerra contra el narcotráfico”. Foto Cuartoscuro

El representante de la ONU-DH México, dijo que de las varias propuestas de cambios de políticas anunciadas por el próximo gobierno, las que entran en el ámbito de la justicia transicional son alentadoras.

“En la coyuntura política actual se abre una ventana de oportunidad para que la justicia transicional pase de un anhelo a una política pública verdadera. […] Desde la Oficina del Alto Comisionado saludamos de manera entusiasta la intención de superar la lógica punitivista y de mano dura -imperante en los últimos 12 años., superar la lógica disfuncional de combatir la violencia con más violencia, la lógica que sólo resultó en la normalización de la violencia cada vez más extrema”, declaró.