Mari, una de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, se dirigió a Ángela Buitrago y Carlos Beristain del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y les pidió: “Saquen todo lo que tengan, no se queden con nada”. Y eso hicieron los expertos al presentar el VI y último informe sobre la desaparición masiva de los normalistas de Ayotzinapa.

El informe presentado el martes pasado en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México es contundente y es la versión, hasta ahora, más apegada a la verdad sobre lo que les ocurrió a los estudiantes  de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando acudieron a Iguala, Guerrero a “tomar” autobuses para ir a la marcha de conmemoración del 2 de octubre de ese año.

Para empezar, el informe confirma que la desaparición de los 43 normalistas fue un asunto de Estado pues participaron todas las fuerza públicas posibles: policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco; policía estatal y ministerial de Guerrero; y prácticamente todas las fuerzas federales: Policía Federal, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y luego de ocurridos los hechos, integrantes de la Marina en la detención, tortura de detenidos y ocultamiento y manipulación de indicios y pruebas.

Todos supieron, y en tiempo real, el gran operativo echado a andar por diversos brazos del Estado mexicano, primero para detener, luego para golpear, torturar, desaparecer y todo indica que asesinar y luego hacer desaparecer los cuerpos según refiere el duro y crudo IV Informe del GIEI.

Los expertos independientes asientan en el IV Informe: “La magnitud de la intervención queda reflejada en las imágenes y narrativas de cómo actuaron los distintos actores la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo que hace parte de esta visión de red criminal, entendiendo que existen cientos de personas además de las corporaciones que llevaron a cabo el ataque, control, detención y desaparición” en la noche de Iguala.

Lo más grave de todo, lograron saber los expertos independientes mediante documentos obtenidos y testimonios de testigos protegidos, que días después del 26 de septiembre, la Sedena interceptó conversaciones de mandos del grupo delictivo Guerreros Unidos, que mantenían aún con vida a un grupo de estudiantes.

En un documento del Comando Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala (CRFI), obtenido por el GIEI, refieren una conversación entre los que se identifican como “IGNACIO” y GILBERTO alias el ‘GIL’ donde se dice IGNACIO que tiene 17 detenidos y que se los va a pasar a GIL, que refiere que ya tiene ‘unas camas para aterrizarlos, páseme los detenidos’. IGNACIO señala que ya están soltando los del autobús para que los revienten ustedes’. También señala IGNACIO que le va a decir ‘al secre que no hicimos ninguna detención’. El documento de SEDENA dice “Conversación de interés (mensajes de texto) entre Francisco Salgado Valladares con Gilberto (N) “Gil” jefe regional de GU” (sic). La Sedena supo donde podrían estar algunos de los estudiantes, aparentemente todavía con vida, y no sólo no hicieron nada sino que siguieron negando la existencia no sólo del documento, sino la existencia misma de las unidades de inteligencia que interceptaban comunicaciones.

El informe del GIEI no solo es contundente, sino duro y atroz, primero para los padres y madres de los normalistas, y también para todo el país porque revela la complicidad y colusión entre el crimen organizado y todas las fuerzas de seguridad públicas que protegían el negocio del trasiego trasnacional de drogas.

Es además un doloroso acercamiento al destino de los normalistas. El informe refiere que un grupo fue detenido por policía municipal de Iguala y Cocula y llevado a la comisaría de barandillas; otro grupo fue llevado por la salida de Iguala en dirección Chilpancingo, sin saber hacia qué lugar; en tanto un testigo protegido declaró que  recibieron la orden de “partirles la madre”, “lo que en su lenguaje significaría golpearlos y asesinarlos. También dijo que sus restos habrían sido llevados a dos funerarias de Iguala donde hay hornos crematorios, en la madrugada del mismo día hasta el amanecer del día 27, para ocultar lo sucedido y su destino o paradero. Según esa versión, debido a la cantidad de cuerpos, esto no habría podido hacerse de forma completa y otros cuerpos fueron llevados a distintos lugares, sin estar afectados por dicho fuego”. Los restos cremados en las funerarias de Iguala habrían sido arrojados a un lugar conocido como Barraca de la Carnicería. Ahí se encontraron los restos de al menos dos de los normalistas: Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz.

El informe del GIEI es un enorme avance para saber la verdad sobre lo que ocurrió en la trágica noche de Iguala, pero terminaron cansados de las mentiras, ocultamientos y obstrucciones de parte de la Sedena, la Marina, de la supuesta verdad histórica construida con mentiras y torturas por la extinta PGR, y se van porque pese a la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los militares de que entregaran toda la información disponible, no ha sido así. Al contrario, ha habido una obstrucción deliberada de parte de las fuerzas armadas. “Para el GIEI la negativa de Sedena a proporcionar la información de la que se tienen solo algunas partes y que resulta determinante, muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia”.

Y añaden en el informe: “Duele investigar en estas condiciones en las que una asistencia técnica se convierte de nuevo en una carrera de obstáculos. Pero las respuestas de negación de documentación y de la verdad se han seguido dando por Sedena y Semar y el Cisen en el periodo actual, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad que es la base de la democracia. El número de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto solo de una inercia o burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos, que oculta partes muy significativas de los mismos”.

No lo dicen de este modo pero se puede deducir que es mayor el poder de ocultamiento de los militares que la voluntad política que dice tener el Presidente de la república. Es una dura conclusión que nos hace sospechar que no llegaremos a tener la verdad completa de este caso emblemático para entender porque el país atraviesa esta grave crisis por desapariciones y crisis humanitaria de enormes dimensiones.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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