Ante las cámaras y micrófonos se siente magnánimo. A cada flashazo le pulsa el ego. Y entonces al político se le llena la boca: “participación ciudadana”, dice. “Sociedad civil”, suelta ante la multitud mediática.

Termina su discurso y baja de nuevo a su oscura cueva donde solamente se nota el pequeño destello de su colmillo; da tres, cuatro vueltas, y se recuesta sobre el lecho donde con celo feroz guarda la llave que abre la puerta a la ciudadanía.

Hace nueve años, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fue la culminación de una etapa de 15 años de trabajo, cuentan Gisela Robles Aguilar y Mónica Tapia Álvarez en Retos Institucionales del Marco Legal y Financiamiento de las OSC, que implicó la gestación de la iniciativa, la construcción del texto, la socialización y negociación de apoyos al interior del tercer sector, así como la presentación a los legisladores y funcionarios públicos para negociar su aprobación.

Se supone que este marco legal ayudaría a encausar el robustecimiento del llamado tercer sector, incluyendo a las organizaciones llamadas cívicas, dedicadas al involucramiento de la ciudadanía en asuntos de interés público.

Una nueva era de ciudadanos profesionales vendría, pues, con la aprobación de la Ley de Fomento. Pero el político guardó con celo la llave.

¿Qué ha pasado desde entonces? Si bien existen OSC dedicadas a la incidencia en materia de derechos humanos, ambiental o de transparencia, por ejemplo, lo cierto es que son pocas en México. Las que sobreviven lo hacen con apoyos internacionales, o algunas quizá hasta con recursos propios.

El periodo de vida de una OSC, sobre todo fuera de la capital del país, es corto y muchas fallecen.

Y es que la aprobación de la Ley de Fomento no vino acompañada de una reforma al artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que es en la que se apoya el Sistema de Administración Tributaria para autorizar a una organización para recibir donativos.

En otras palabras, una OSC cívica, cuyo trabajo sea la participación ciudadana en temas de interés público, como reformas de ley, políticas públicas, promoción de derechos, y todas aquellas que significan incidir para cambiar las estrcturas del poder, no son reconocidas por la ley del ISR ni autorizadas por el SAT, por lo tanto no pueden expedir comprobantes fiscales a quienes deseen apoyarlas con donativos y, en resumen, conseguir dinero para su sustentabilidad se convierte en algo más que complicado.

Cuatro legislaturas han pasado por la Cámara de Diputados desde ese 2004 cuando se aprobó la Ley de Fomento. Más de alguno de esos legisladores debieron pronunciar en sus discursos las palabras participación ciudadana o sociedad civil. El artículo de la ley del ISR que no las reconoce sigue inamovible.